La reforma de las pensiones en España está provocando entre las fuerzas políticas y sociales de la “izquierda” posiciones variopintas, influenciadas seguramente por la gran movilización en el país vecino en defensa de unas pensiones realmente dignas, y por las cercanas convocatorias electorales en el nuestro: las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo, así como las generales de finales de año.
Para valorar el significado concreto de esta reforma de las pensiones del PSOE-UP, mejor hacerlo desde una perspectiva de clase e independiente, mirando cuál es la situación real de los y las pensionistas de ahora y próximas, en lugar de contentarse con las manidas excusas “mal-menoristas” (la reforma prevista iba a ser aun peor, por ejemplo; o mejor no cuestionar este gobierno social-liberal, no sea que venga otro más reaccionario…) o contemporizadoras.
El periódico electrónico El Salto acaba de publicar este útil análisis de la situación.
Uno de cada cuatro pensionistas —el 23,9%— cobra una pensión mínima, según la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De entre esas 2.170.416 personas, dos terceras partes son mujeres —1.449.406—. A 1 de febrero de este año, en las bases de la Seguridad Social constaban 9.067.267 pensionistas en España. Tienen una edad media de 71,7 años.
España es el segundo país con la natalidad más baja de Europa, tras Italia, ambos países son de tradición católica y tienen políticas públicas familiaristas: las mujeres cuidan, el estado no facilita recursos. España, además, tiene la esperanza de vida más alta (83,3 años) de Europa, por delante de Suecia. También tiene una tasa de pobreza en los mayores de 65 años que no deja de crecer: la tasa Arope, según la nueva definición de 2021, se situaba en este colectivo en el 15,5% en 2014. En 2021 alcanzaba el 20,5%, cinco puntos más, según el INE.
Una pensión mínima significa cobrar menors de 966 en 14 pagas si el pensionista tiene cónyuge a cargo y la jubilación ha tenido lugar con más de 65 años. Con cónyuge no a cargo, desciende a 743 y para una unidad económica unipersonal, se sitúa en los 783 euros. Con mucha diferencia, la pensión más habitual es la de 743 y le sigue la de 783.
Por territorios, Andalucía es donde más pensionistas hay (1,5 millones), Castilla La Mancha es el que tiene la pensión media más baja (1.066 euros) y el País Vasco, la más alta (1.631 euros). Casi la mitad de los pensionistas de Extremadura cobran una pensión mínima (el 43%), porcentaje diez puntos menor en Andalucía (32,5%), del 31% en Galicia y del 30% en Murcia. En el País Vasco, donde nació el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria que lucha desde 2018 para que las pensiones mínimas partan de los 1.080 euros, solo el 11% cobra una pensión mínima.
El ministro José Luis Escrivá acordó con absoluto secretismo la reforma de las pensiones con los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores, publicada en el BOE el 17 de marzo. La justificación teórica queda recogida en el preámbulo del texto legal: “La sostenibilidad financiera exige elevar la mirada más allá del corto plazo, fundamentalmente porque nuestro país va a enfrentarse en los próximos años a una circunstancia demográfica excepcional: la jubilación de la macrogeneración del baby boom”. Y las dos medidas diseñadas para ello, en el siguiente: incremento gradual de la base máxima para homologar España con los estándares europeos y ampliar la masa salarial sujeta a cotización. Para esto último, acordó la ampliación del cómputo de cotización de 25 a 29 años pudiendo descontar los 24 meses menos favorables se justifica “con el fin de compensar el impacto negativo” de la crisis económica y financiera de la pasada década. El preámbulo asegura también enfocarse en la brecha de género, que en las jubilaciones se sitúa en el 37%, con un incremento en el complemento.
Escrivá presentó la reforma con un documento de once diapositivas. En la quinta aseguraba que un pensionista con cónyuge a cargo tendrá una pensión mínima de 16.500 euros anuales en 2027 (1.178 euros mensuales en 14 pagas), “un 22% más que ahora”. Ante la pregunta de El Salto en base a qué criterios calcula Seguridad Social que la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo será en en 2027 de casi 1.180 euros, cuando en 2023 es de 966 euros, el ministerio ha respondido que “se trata de un cálculo orientativo realizado sobre la base de un IPC previsto y con la previsión de indicador de umbral de la pobreza. Es una estimación”.
Según lo que se expone en el articulado de la reforma publicado en el BOE, el sindicato ELA ha calculado los aumentos y alerta, sin embargo, de que algunas pensiones mínimas solo subirán diez euros mensuales cada año. Advierte incluso de que, según los parámetros de umbrales de la pobreza y revisiones del IPC expuestos en la reforma, las pensiones mínimas no contributivas incluso podrían bajar de 525 a 510 euros. “Para las pensiones mínimas de jubilación para una persona de 65 años o más sin cónyuge a cargo y la pensión mínima de viudedad de las personas con más de 65 años, la cuantía pasaría en ambos casos de 783 a 828, lo que implica una subida de 45 euros al mes, que mantiene a esas personas en situación de pobreza”, señala el responsable del Gabinete de Estudios del sindicato, Mikel Noval.
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha indicado que esta reforma contiene partes positivas, pero que dista mucho de lo deseable para un Gobierno de carácter progresista. Su petición de 1.080 euros de pensión mínima para los nueve millones de pensionistas no ha sido atendida. Tampoco su propuesta de que parte de las pensiones sea abonada a través de los Presupuestos Generales del Estado, y que se deje de repetir ese mantra de que no hay suficientes ingresos en cotizaciones para pagar pensiones, cuando una reforma fiscal progresiva aumentaría de forma los ingresos estatales.
