Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como “Ley Mordaza”, fue aprobada en marzo de 2015 en España. Desde su aprobación esta Ley ha sido objeto de considerable rechazo, controversia y debate público.
Esta Ley, introducida por el gobierno de Mariano Rajoy, desde su implementación ha encontrado críticas por parte de amplios sectores de la sociedad que la consideran restrictiva de las libertades civiles.
Entre las disposiciones más controvertidas se encuentran las multas por manifestaciones no autorizadas cerca de las instituciones del Estado, las luchas obreras, las restricciones a la hora de grabar o fotografiar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones y las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como las detenciones ilegales.
Si bien organizaciones políticas progresistas, entonces en la oposición, y muchos otros colectivos diversos pedían su derogación o la modificación de esta ley con el argumento que limita el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, lo cierto es que continúa vigente y sigue siendo un tema relevante y preocupante en la política española, reflejando la tensión entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.
Se diseñó, según decían, con el propósito de regular las actuaciones para proteger la seguridad ciudadana, las personas y sus bienes, y para mantener la tranquilidad pública. Sin embargo, desde su aprobación, se ha demostrado que, en realidad, el principal objetivo de la Ley Mordaza es el de restringir la libertad de expresión y el derecho a la protesta, derechos fundamentales consagrados en la Constitución española.
La Ley otorga poderes ampliados a las fuerzas policiales, lo que ha generado intranquilidad sobre el potencial de abuso y la restricción de libertades civiles.
Entre las disposiciones más controvertidas se encuentran las sanciones por manifestaciones no autorizadas, la toma de fotografías de oficiales de policía sin autorización y las restricciones a las protestas cerca de edificios gubernamentales.
Si bien el rechazo es generalizado argumentando que limita el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, el debate sobre la “Ley Mordaza” continúa siendo un tema relevante en la política española, ya que la ley ha servido más para silenciar la disidencia y controlar la expresión pública que para resolver problemas de seguridad.
Por éste y otros muchos motivos, Marea Pensionista de Catalunya, proponemos a la asamblea de COESPE que apruebe esta resolución y pida al gobierno que derogue esta Ley y se ponga fin a la incertidumbre y el desosiego que padecemos los sectores populares.
