Vilafranca de Castellón en lucha por el futuro de Marie Claire y del empleo comarcal

Manifestación del 5 de junio en Vilafranca

Vilafranca salió a la calle el pasado viernes 5 de junio para reclamar la continuidad de la empresa textil Marie Claire, que anunció la semana pasada la intención de presentar concurso voluntario de acreedores e iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) debido a la situación económica que atraviesa.

Cerca de 2.000 personas participaron en esta manifestación convocada por CCOO y UGT. El Ayuntamiento también ha apoyado la convocatoria y constituido una Mesa de Vilafranca con los alcaldes de las cuatro comarcas (Els Ports, el Maestrat, el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre) afectadas por el posible cierre de la compañía y su impacto directo sobre más de 300 familias ligadas a la actividad de la planta.

Esta mesa, según fuentes municipales, busca impulsan un Plan de Recuperación Económica para fomentar el empleo y la actividad económica en estos pueblos. Para ello, se pedirá a las diputaciones de Castellón y Teruel, a los gobiernos de la Comunitat y Aragón, el Gobierno central y la Unión Europea al apoyo «con inversiones reales en infraestructuras, sectores productivos y fomento del empleo y la actividad económica».

Y también reclaman que esas inversiones se concreten ya en los presupuestos de 2024. En este sentido, el manifiesto leído en la movilización del 5 de junio pide que se activen fórmulas semejantes a los Pactos Territoriales por el Empleo, los PERTE o «la fórmula más adecuada para posibilitar la colaboración público-privada en la generación de oportunidades».

Plazos y responsables

La dirección de Marie Claire (MC) afirma seguir a la búsqueda de un inversor y de financiación, pero no hay avances por el momento. Y ha planteado a los representantes de los trabajadores dos escenarios: por un lado, un ERE para 190 trabajadores y mantener la actividad de la empresa con una plantilla mínima de unos 80 puestos. Por el otro, concurso de acreedores con el objetivo de cerrar la compañía, dado el elevado nivel de endeudamiento que tiene. Disyuntiva que se mantendrá abierta, al menos,  hasta el 21 de junio.

Por su parte, el PCPV acaba de publicar un comunicado exigiendo responsabilidades por la situación que atraviesa esta histórica fábrica, como (…)  «… resultado de la incompetencia tanto de los gestores públicos que socializaron las pérdidas de la empresa, como de los nuevos propietarios que han desmantelado la empresa desatendiendo sus responsabilidades con las y los trabajadores y abocando al desempleo y la precariedad a toda una comarca en el País Valencià».

“Haciendo un repaso a la historia reciente de la empresa -señala igualmente el comunicado- observamos que se ha permitido por las autoridades que distintos propietarios la saquearan impunemente“.

Además de  resultar incomprensible que la (“Botánica”) Conselleria de Hacienda y Modelo Económico avalara a los nuevos propietarios después de incumplir los pagos pendientes a los anteriores, también se hizo cargo del 100% de los mismos a través del Instituto Valenciano de Finanzas, sin que a dia de hoy se sepa siquiera a cuánto asciende la deuda empresarial “perdonada” por este Gobierno del PSOE-Compromís-UP.

La única constancia -continúa denunciando el comunicado-, es que, a posteriori, la Generalitat Valenciana ha seguido desembolsando más de 20 millones de euros a fondo perdido.

Tras esta lluvia de millones de fondos públicos para mejor lucro del empresariado, ahora, como colofon de toda esta intolerable negligencia empresarial y gubernamental, se afianza la amenaza muy real de destrucción de los 214 puestos de trabajo que mantiene la fábrica en ERE actualmente. Una plantilla que, en otros tiempos llegó a contar con más de 400 trabajadores directos, la gran mayoría mujeres, representando un verdadero motor económico comarcal y de freno a su despoblación.

Alternativas

Sin duda, además de condenar la nefasta política industrial que se ha llevado a cabo bajo unos gobiernos “progresistas”, resulta irrenunciable seguir exigiendo a las Administraciones públicas que cumplan con su obligación de dotar al País Valencià de una soberanía industrial que garantice el futuro de la clase trabajadora y de toda la población.

Incluso, de mantenerse el nulo interés de los actuales propietarios de Marie Claire, habría que intentar revertir esta lamentable situación tomando cartas en el asunto, trazando un plan de viabilidad que salvaguarde los puestos de trabajo y que garantice la vida y el bienestar tanto de Els Ports como de las comarcas colindantes.

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