Redacción. Todoporhacer.org
De la votación sobre la regularización extraordinaria al PEMA: El PSOE, nuestro Harvey Dent
“Agamben utiliza el término del derecho romano homo sacer para describir una existencia y condición que él califica de nuda vida. El homo sacer es aquel que ha sido expulsado de la sociedad y, por lo tanto, despojado de sus derechos. Según la ley romana, matar a un homo sacer no era considerado asesinato, ya que aquel no era un ser político sino un simple cuerpo que había sido despojado de todos los derechos. Agamben cree que el sistema de Estados nación diferencia entre la nuda vida despolitizada (la zoé) y una forma de vida política (el bios). El homo sacer es un cuerpo completamente despolitizado, diferente de las formas de vida politizadas, encarnadas en el ciudadano. En su calidad de homines sacri, los inmigrantes irregulares quedan expuestos no solo a la violencia del Estado —a través de reglamentos, acuerdos políticos, leyes, prioridades y la policía—, sino también a la violencia de los ciudadanos comunes, de los que no pueden protegerse o defenderse” –
Shahram Khosravi en Yo soy frontera (Virus Editorial).
«¿Por qué debo esconder quién soy realmente?»
Harvey Dent/Dos Caras en El Caballero Oscuro.
El pasado 9 de abril, el Congreso de los Diputados votó de forma mayoritaria que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización administrativa de medio millón de personas extranjeras que se encuentran en situación irregular en el país, comience su trámite legislativo. Es decir, se admitió su toma en consideración y el inicio del proceso que sigue un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero no se aprobó nada más. No hay ninguna nueva medida vigente, a pesar de que ciertos titulares y declaraciones han podido insinuar lo contrario, generando cierta confusión pública.
Además de no haber nada concretado, las declaraciones de los diferentes portavoces parlamentarios nos hacen esperar lo peor. PNV, PSOE, Junts y PP, matizaron que su voto a favor era una forma de reconocer el enorme trabajo popular que ha sostenido e impulsado esta iniciativa de Regularización Ya que ha recabado 700.000 firmas, pero que tienen muchos “peros” a su contenido. El PSOE habló de que no puede haber barra libre (sic), el PNV de que la regularización debe estar supeditada a criterios socioeconómicos y el PP quiere introducir en el trámite de debate la cuestión de las expulsiones.
En pleno contexto electoral y, en parte, por la presión de las organizaciones caritativas católicas a las agrupaciones políticas de la derecha, esta iniciativa ha encontrado un primer respaldo parlamentario, pero el proceso de tramitación ofrece miles de posibilidades a estos mismos grupos políticos para torpedear la propuesta. Desde la modificación total de sus preceptos a través de enmiendas hasta la dilatación temporal de los trámites que provoque que no llegue a concretarse nada, por ello, desde las propias organizaciones sociales han pedido que la movilización no decaiga.
La votación parlamentaria también ha permitido, una vez más, distinguir la naturaleza real de la socialdemocracia. Mientras hacía bandera de una iniciativa que partía de organizaciones de base y se presentaba con orgullo como legítimos defensores políticos de los derechos de las personas migrantes, unos días antes, la Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por Pilar Cancela Rodríguez, militante socialista, hacía pública un escrito dirigido a las oficinas de extranjería para evitar el acceso a la vía de regularización por el arraigo laboral a las personas que hubieran solicitado protección internacional anteriormente. De esta forma, han dejado a miles de migrantes en el limbo, personas que, cumpliendo la normativa, habían desistido de su solicitud de asilo para acceder a esta vía de regularización y, por tanto, ahora se encuentran de forma irregular, pues ya no disponen ni de los derechos que garantiza la solicitud de protección internacional ni tampoco pueden regularizarse a través del arraigo laboral. Mientras el PSOE apoyaba la entrada en el proceso legislativo del proyecto de Regularización, cortaba de raíz una vía para conseguir la autorización de residencia a la que, aproximadamente, accedieron el año pasado unas 15.000-20.000 personas.
Además, justo un día después, el miércoles 10 de abril, el Parlamento europeo, con los votos a favor de la derecha política y los partidos socialistas europeos, aprobaba el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), un plan que se concreta en diez textos legislativos y que tiene como objetivo crear el marco normativo europeo en dichas cuestiones para los próximos años.
Entre las modificaciones introducidas por el PEMA, hay que destacar la tramitación de solicitudes de asilo de forma más rápida, sacrificando para ello ciertas garantías; mayor control de cualquier persona migrante o refugiada, incluso de niños, a través del almacenamiento y uso compartido de datos biométricos, faciales, personales, etc.; el impulso y simplificación del procedimiento de expulsión; la consideración de los espacios fronterizos como lugares de no-derecho; la firme apuesta por los pactos de externalización del control migratorio con terceros países, etc. En otras palabras, se ahonda en una política cada vez más criminalizadora con la población extranjera, aumentando el control y la represión y limitando las vías legales de defensa de los mínimos derechos contemplados.
Los procesos de regularización extraordinarios no serían necesarios si no existiera un marco normativo restrictivo que permite que centenares de miles de personas residan en el país en una situación de exclusión administrativa. La primera Ley de extranjería es fruto del gobierno de Felipe González y, tanto populares como socialistas, han ido creando el orden legislativo actual, por ello, es indigno que hagan bandera de nada por una votación con repercusiones más simbólicas que reales. La dinámica racista y violenta está inserta en la propia naturaleza de los Estados nación europeos, siendo las diferentes instituciones políticas y administrativas su sostén, por ello, las acciones cotidianas que parten con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población extranjera deben entrelazarse con la crítica radical a este sistema para poder empezar a construir un futuro diferente.
