Hace escasos días, en el proceso de conformación de una mayoría suficiente para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un nuevo gobierno, los responsables del PSOE firmaron un pacto con el PNV comprometiéndose a hacer una transferencia, en el plazo de dos años, de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi (y pueda que a otras Comunidades Autónomas). Este acuerdo, nada más conocerse, ha provocado amplios resquemores en el movimiento pensionista, que siempre ha defendido un sistema público de pensiones para todo el estado, y también entre las opciones políticas de la izquierda más consecuentes. La Asociación estatal de Técnicos Seguridad Social (ATASS) ha difundido el siguiente comunicado que conviene conocer.
COMUNICADO
Desde ATASS emitimos Comunicado sobre la transferencia de competencias de la Seguridad Social a las CCAA y en concreto, respecto del anuncio de una posible transferencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco.#Comunicado #ATASS pic.twitter.com/ZWJOBQNNg2
En relación la transferencia de competencias de la Seguridad Social a las CCAA y en concreto, respecto del anuncio de una posible transferencia a la Comunidad Autónoma del país Vasco, las asociaciones firmantes manifestamos lo siguiente:
El art. 41 de nuestra Constitución contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social.
Para garantizar dicha igualdad, la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal que se integra no solo por la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema sino también por el reconocimiento y pago de las prestaciones de la Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja (STC 124/1989, 104/2013 o 133/2019 entre otras).
Esa competencia exclusiva responde a una finalidad muy con concreta subrayada por el Tribunal Constitucional “… de preservar la unidad del sistema español deSeguridad Social y el mantenimiento de «un régimen público», es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (art 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (art. 149.1.1ª de la Constitución)’ ( STC 124/1989).
Competencia exclusiva como recuerda su reciente de 16 de septiembre de 2021 (STC 158/2021) cuando afirma que “la gestión estatal de tas prestaciones integra la competencia exclusiva del Estado, como elemento necesario para salvaguardar la unidad del sistema y la igualdad de los españoles. Ello con un doble fundamento, en la competencia exclusiva en materia dc régimen económico, y en la de legislación básica. Concretamente, el concepto de legislación básica comprendería no sólo la fijación de los requisitos, alcance y régimen jurídico de las prestaciones, sino también el modelo de gestión de las prestaciones de Seguridad Social”.
Por ello, esas competencias no consisten en la nacra regulación normativa, sino que alcanzan a todos los actos de ejecución de gestión necesarios para garantizar la aplicación de criterios de gestión únicos y uniformes en todo el territorio nacional que garanticen la igualdad e impidan, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, la existencia de diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas (STC 124/1989, de 7 de julio, 3, FJ. 3, STC 239/2002, FJ. 8d).
A nuestro juicio, resulta evidente que la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan.
La sostenibilidad y garantía de nuestro sistema no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional.
La Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social garantizaría una gestión única y uniforme, respondiendo a las exigencias de simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia, así como a la mejor aplicación de los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones que informan el sistema español de Seguridad Social y que la recomendación octava del Pacto de Toledo invoca expresamente para su creación.
La consideración de cuerpos nacionales garantizaría el ingreso único de sus funcionarios mediante convocatoria y procesos selectivos unitarios de carácter estatal, así como la reserva y cualificación técnica de sus respectivas funciones.
Por su parte, la periodista Pepa Montero aporta al respecto bastantes precisiones sobre la cuestión, que también recomendamos leer, centradas principalmente en que hoy Las pensiones vascas tienen 4.000 millones de déficit y su desgajamiento del sistema único (aunque resultara conforme a derecho) obligaría al Gobierno Vasco a asumir también el déficit y la deuda.
Una razón más para suponer, como hacen expertos y entidades diversas, que en realidad lo pactado es tan solo un “postureo político” sin mayor urdimbre. Además de que tampoco el Gobierno Vasco podría subir las pensiones contributivas reguladas por el marco estatal.
Y ya que hablamos de déficit, real o figurado, de la caja única de la Seguridad Social, hay que continuar insistiendo en la imperiosa y absoluta necesidad de una Auditoria pública de estas cuentas, arrancada al gobierno del PSOE-UP en la legislatura que ahora termina.
