Erika González y Nicola Scherer (*). Ornal.info
La reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no parece ser un tema atractivo para la campaña de las elecciones europeas. En los debates de estos días no se aborda la vuelta a las medidas sagradas del techo de déficit público del 3% y del máximo de la deuda pública en el 60% del PIB, que todo Estado miembro debe cumplir para formar parte del club del euro. Y la realidad es que volvemos al corsé presupuestario que determina las inversiones públicas en la Unión Europea y, con ello, la calidad de vida de millones de personas.
Las reglas fiscales saltaron por los aires a partir de la recesión asociada a la pandemia. En 2020 se abrió un paréntesis para que los Estados pudieran sostener la economía europea a través de un fuerte endeudamiento. Ahora, con la actualización del marco de gobernanza económica y presupuestaria, se certifica el cierre del período de excepción y la vuelta a los principios incuestionables sobre la
deuda y el déficit público. Según el comisario europeo de Fiscalidad, Paolo Gentiloni, las reglas fiscales retoman la senda de la “reducción gradual de la deuda pública sin socavar el crecimiento”.
Hasta ahora, las reformas que ha exigido la Unión Europea al Estado español en la recuperación
pospandémica han sido menos drásticas que en la crisis de 2008. Pero la situación puede cambiar con el plan de ajuste estructural que está diseñando el gobierno para explicar a Bruselas cuáles serán las medidas y los recortes que reducirán la deuda pública española del 107% actual al objetivo fijado. Ante
todo el endeudamiento para hacer frente a la crisis de la pandemia y la inflación, cabe preguntarse, ¿en qué se ha gastado el dinero público? ¿Cómo podemos afrontar los recortes sociales y ambientales que se avecinan en el marco de la UE?
La investigación Negocios por encima de las personas. Un análisis crítico de la financiación pública ante el COVID-19 y las respuestas a la crisis del coste de la vida en Francia, España y Bélgica, elaborada por la European Network of Corporate Observatories (ENCO), revela que entre 2020 y 2022 el gobierno de España favoreció a las empresas privadas a la hora de repartir los fondos anticrisis. Una vez más, sostener las lógicas de crecimiento y acumulación del modelo económico europeo recae en una mayor precariedad social y emergencia ecológica, tanto en las medidas anticrisis como en las de la llamada recuperación.
Las compañías españolas han recibido un 47% del presupuesto público destinado a amortiguar el impacto de las crisis. Si le sumamos las ayudas indirectas, como los ERTE y las subvenciones a los hogares para el pago de la factura eléctrica y del gas, esa cifra asciende hasta el 68% de la financiación pública. En cambio, la financiación destinada a apoyar a los sectores esenciales para garantizar las necesidades colectivas, especialmente las de las personas en situación de vulnerabilidad, ha sido reducida. En el caso del Estado español solo se asignó el 7% de los 112.683 millones de euros de los fondos anticrisis a sanidad, educación y transporte público.
Rescate público del sector privado
El gobierno español tomó dos decisiones clave para sostener la economía ante la fuerte recesión causada por la COVID-19. Primero, se multiplicaron los Expendientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), que actuaron como salarios pagados por el Estado a una parte importante de la población empleada cuando las empresas quedaron inactivas. Visto desde la perspectiva empresarial los ERTE supusieron
el ahorro de los salarios, por lo que podrían definirse como ayuda pública indirecta, ya que no solo aseguraron los ingresos de las personas trabajadoras sino que también permitieron a las compañías no asumir pérdidas. La segunda decisión fue la activación de garantías (avales) del Estado a los créditos
solicitados por las empresas a la banca. Se blindaba de esta manera un eje fundamental para el negocio bancario, el mantenimiento y la devolución de los préstamos. Si las empresas endeudadas no pudieran asumir el pago de los créditos en un momento dado, se ejecutarían los avales y pagaría el Estado.
Los bancos privados han sido los grandes beneficiarios invisibles del rescate público en respuesta
a las múltiples crisis acaecidas entre 2020 y 2022. Se han configurado como intermediarios entre las instituciones y la economía productiva, teniendo el monopolio del poder de decisión sobre dónde asignar estos fondos de crisis y, a la vez, un aumento récord de las ganancias. Para la banca, la gestión de los fondos públicos anticrisis es un negocio rentable: los bancos reciben dinero público en condiciones favorables, que prestan a sus clientes añadiendo una comisión de gestión. De esta manera, la decisión sobre qué cliente recibe los fondos queda en manos de la banca, que utiliza sus propios criterios financieros para elegir sus beneficiarios sin tener en cuenta los aspectos climáticos, ecológicos,
sociales o de género.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin ir más lejos, distribuyó 108.000 millones de euros a los bancos para avalar los créditos al sector privado; de estos, el 37% se ha concedido a empresas cuya actividad contribuye, entre otros impactos, a la crisis ecológica. Este es el caso de la aerolínea Iberia (propiedad de la transnacional International IAG) y de la constructora OHL. Actualmente, la tasa de impago oficial para los clientes del ICO se mantiene en el 1,67%. Es un dato aparentemente bajo, pero el presupuesto
destinado a las garantías COVID-19 ha sido tan alto que, si esos impagos reflejaran la quiebra de empresas, el Estado tendría que hacerse cargo de un agujero de 1.800 millones de euros.
La banca le deriva al Estado el riesgo asociado a la actividad económica y obtiene de él las políticas que disparan sus beneficios. El Banco Central Europeo aumentó las tasas de interés en 2022, lo que significó un crecimiento récord de las ganancias para los bancos europeos. Según Statista, los ingresos anuales de los mayores diez bancos de Europa (Banco Santander, BNP Paribas, HSBC Holdings, Crédit Agricole Group, UBS AG, Barclays PLC, Société Générale, Deutsche Bank, Group BPCE e Intesa Sanpaolo) ascendieron a 351.000 millones de euros en ese año. La lista está liderada por el Banco Santander, con unos beneficios de 52.000 millones de euros. En otras palabras, las ganancias de este banco en el año 2022 fueron superiores a la suma del presupuesto público destinado a las medidas de protección social para hacer frente a la pandemia y la crisis del coste de la vida (47.095 milliones de euros).
¿A qué se ha dedicado la financiación pública anticrisis?
Según ENCO, en 2020 el gobierno español dedicó un mayor porcentaje del presupuesto anticrisis a la protección social (62% del total de la financiación ante la crisis). Dentro de esta categoría hay que recordar que se incluyen los ERTE que, aunque son importantes medidas para garantizar los ingresos a los hogares, también eran una solución para des-responsabilizar las empresas para el mantenimiento de su plantilla en momentos de crisis y, por tanto, pueden considerarse ayudas indirectas al sector empresarial. La dimensión y la rapidez de la medida fueron asistidas por el Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia de la UE (SURE), que vino a posibilitar el despliegue masivo de este colchón social. Eso sí, en base a deuda con la Unión Europea porque los instrumentos de apoyo fueron créditos.
El sector privado contó, en el inicio de la pandemia, con un elevado presupuesto para créditos a
pymes y compañías de mediana capitalización emitidos, principalmente, por el Banco Europeo de Inversiones. Las grandes compañías podían disponer de financiación directa del ICO, que llegó a representar el 12% de la inyección pública a las empresas.
En 2021 pasó a cobrar protagonismo el sector privado (56% del total de la financiación ante la crisis) y la clave fue el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las principales ayudas que han recibido las empresas de este Plan procedían de la Política Industrial España 2030 y del Impulso a la pyme. Por otro lado, crecía la financiación que otorgaba el Banco Europeo de Inversiobes a las pymes y las compañías de mediana capitalización, al igual que se transferían 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para ayudas directas a autónomos y empresas. Las políticas de protección social, que pasaron a un segundo lugar, seguían teniendo como principales medidas los ERTE y el ingreso mínimo vital. El sector público, al igual que en 2020, seguía dedicando el mayor presupuesto
anticrisis a la recuperación de la sanidad y contaba, además, con el apoyo del fondo europeo REACT-EU.
El presupuesto de las medidas anticrisis se reduce ligeramente en 2022 pero sigue la misma proporción: el 51% se dedica al sector privado. Y lo hace a través de las medidas ya comentadas (subvenciones y ayudas de la Política Industrial España 2030 y del Impulso a la pyme, la financiación del BEI), más la nueva medida que tiene como objetivo el apoyo público a las empresas para el consumo de combustible fósiles. En ese año, la invasión de Ucrania por Rusia acelera el crecimiento de la inflación, especialmente en el sector energético, y para frenar el impacto en el pago del combustible del transporte privado se aprueban nuevas subvenciones de más de 2.000 millones de euros. Las compañías con alto consumo de gas también son aliviadas con 375 millones de dinero público.
Una vez que la actividad empresarial retomó el ritmo anterior a la pandemia, los ERTE decayeron y el dinero público destinado a las políticas de protección social fueron a parar principalmente a las prestaciones por desempleo, el crecimiento del ingreso mínimo vital y el apoyo público a las familias para reducir el gasto de gasolina y diésel del transporte privado. Se reflejaba así como la recuperación económica no iba de la mano de una mejora en las condiciones de vida de las mayorías sociales. Tampoco ha ido asociado a favorecer unas condiciones de paz si se analiza el destino de los fondos anticrisis en el sector público: en 2022 el gasto militar aumentó en 3.500 millones de euros con
relación al año anterior. Según el Centre Delás, el crecimiento se debió principalmente a la inversión en armamento.
Siendo el sector empresarial el más favorecido por el apoyo estatal, es interesante analizar las principales ayudas que se han impulsado y a quiénes han ido dirigidas. Estos datos han sido difíciles de obtener porque ha resultado complicado diferenciar entre la financiación destinada a las grandes corporaciones y la que ha ido a parar a las pequeñas y medianas empresas (caracterizadas por contar con menos de 250 empleados). Aún así, del gasto que se ha podido identificar para apoyar específicamente a las pymes en tiempos de crisis, España ha presentado el mayor porcentaje (14,07%). Concretamente se han destinado 15.800 millones de euros a este tipo de compañías procedentes de la financiación del BEI, el ICO, Next Generation y el fondo de recapitalización para empresas afectadas por la COVID-19.
Si bien las pymes son un elemento clave para el empleo, su actividad no es necesariamente transformadora. Por ejemplo, en España un sector en el que estas empresas son mayoritarias es el de la hostelería y la restauración, que está caracterizado por la precariedad laboral y se sitúa especialmente en zonas turísticas donde la gentrificación y el deterioro de los ecosistemas son la norma. Por el contrario, la economía social y solidaria, que prioriza la satisfacción de las necesidades de las personas por delante del lucro, no ha aparecido como beneficiaria especial en las respuestas a la crisis hasta la creación del PERTE
de la economía social. Pero de los 33 millones presupuestados para 2022 en el proyecto, no se llegó a invertir ni el 1%.
Ninguna de las medidas analizadas tiene como condición obligatoria contribuir a reducir la emergencia ecológica y las desigualdades sociales, de género o de origen étnico. El criterio con cierto condicionamiento ambiental ha sido el principio de “no hacer daño significativo” al medioambiente que se incluía en la aplicación de los fondos Next Generation EU. El problema es que tiene una aplicación laxa y se ha rebajado aún más tras la guerra en Ucrania y el plan RePowerEU para garantizar el suministro energético. Las ayudas para reducir el coste del consumo de combustible han reflejado, por otra parte, que la transición energética no es una prioridad si no asegura beneficios a las empresas. Se sostiene el transporte privado para toda la población, incluyendo sectores de alto nivel adquisitivo, y no se pone en marcha un programa de igual magnitud para el fomento y mejora de la calidad del transporte público. La
realidad ha sido que solo se gastó el 0,68% de todos los fondos anticrisis en el sector del transporte público.
¿A quién no le llegaron fondos públicos?
La crisis multidimensional que vivimos está asociada a una profundización de la emergencia social. En cambio, en el análisis de los fondos públicos anticrisis no se han encontrado ayudas relacionadas con los cuidados, con el apoyo social a la enfermedad, a la alimentación o la reestructuración de créditos de
personas con bajos ingresos. Podríamos rescatar, como medida que reduce el impacto de la precarización, la limitación de los cortes de electricidad y agua a las personas con bajos ingresos. Pero no está claro cómo se está financiando, porque en los presupuestos no está contemplado como tal.
Por otro lado, el llamado “escudo social” tiene próxima la fecha de caducidad que ha sido fijada en junio de este año. Con relación a políticas anticrisis relacionadas con el género, únicamente se ha identificado dentro de los programas financiados por NGEU el “Plan España te protege contra la violencia de género”. También ha sido insuficiente la financiación anticrisis de las medidas de protección de la vivienda. La imposibilidad de garantizar el derecho a la vivienda no es tanto un problema agravado por las crisis sino por el propio modelo económico español. Entre las medidas anticrisis no ha sido identificado como un ámbito a transformar, apenas se han dedicado 600 millones de euros a proyectos de vivienda social.
Frente a un previsible futuro de recortes y austeridad, el debate sobre la legitimidad de las deudas acumuladas durante los años de crisis es central para avanzar en la justicia social. Tanto como hacer posible que las respuestas transformadoras, justas y feministas a la crisis sean una realidad para poner en primer lugar el bienestar de las personas y del planeta. Eso significa que las finanzas públicas de los gobiernos deben anteponer los criterios de justicia social, de género y ecológica sobre los intereses empresariales y el crecimiento económico. Entre las obligaciones públicas de la administración está garantizar un nivel adecuado de financiación y que estos fondos se gasten de forma equitativa, eficaz y transparente. Principalmente para quienes están más afectados por la crisis, a saber, las mujeres, las personas jóvenes y los grupos en situación de vulnerabilidad. Los resultados de la investigación de ENCO ofrece aprendizajes sobre cómo ha sido la financiación pública para contrarrestar la COVID-19 y la crisis inflacionaria, apuntando la necesidad de reorientar las políticas públicas hacia el freno de la crisis climática y de los cuidados.
Entre las medidas propuestas en el estudio se contempla la exclusión de cualquier programa de apoyo financiero público a empresas que realicen actividades incompatibles con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (como mínimo, según los objetivos del Acuerdo de París). También aquellas que tengan antecedentes de incumplimiento de la legislación internacional de derechos humanos, ya sea directamente o mediante sus cadenas de suministro. Y las que hayan sido condenadas por corrupción o delitos económicos graves, tengan filiales en paraísos fiscales, realicen actividades en países que hayan sido condenados por las Naciones Unidas por ocupación ilegal de un territorio o tengan más del 50% por ciento de sus acciones controladas por fondos de capital de riesgo o empresas de inversión. En definitiva, la respuesta estatal frente a una agudización de las crisis que vivimos debería estar orientada hacia la transformación ecosocial y la democratización de la economía.
(*) Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), y Nicola Scherer, investigadora del Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
