Mientras crecen las reivindicaciones en todo el estado de las plataformas de defensa de la sanidad pública exigiendo la derogación de la ley 15/97 que ampara la privatización de servicios, el Ministerio español tramita parlamentariamente una nueva ley, aumenta los conciertos sanitarios con entidades privadas y promete un observatorio contra la corrupción. Desde el CATP también se siguen recogiendo apoyos para una carta a la ministra de sanidad, Mónica García sobre estas mismas cuestiones…
Sara Plaza Casares. Elsaltodiario.com
“Si ante un paciente decimos que lo primero es no hacer daño, al realizar contratos también tenemos que tener muy claro que hay acciones que son un caldo de cultivo para la corrupción”. La ministra de Sanidad, Mónica García, presentaba este lunes 6 de mayo durante un seminario el nuevo mecanismo ideado para evitar casos como los últimos escándalos que salpican a Quirón, el novio de Ayuso y la administración madrileña: la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, que contará con el establecimiento de un sistema de alertas y de colaboración “para frenar todos los comportamientos ilícitos y fraudulentos que dañan la salud de la sanidad”.
Un observatorio que da por sentado que los contratos seguirán y, por tanto, la conocida como “colaboración público-privada” en la sanidad. Días antes, un informe corroboraba el aumento en conciertos sanitarios con entidades privadas. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público de 2022, que el ministerio daba a conocer a finales de abril, el dinero derivado a conciertos ya alcanza los 9.274 millones de euros, 251 millones más que en 2021 y 1.359 millones más que en 2017.
Para Carmen Esbrí, portavoz de la asociación Mareas Blancas, la creación de este observatorio no es suficiente para acabar con un problema que está en el ADN de la privatización sanitaria.
“Quieren hacer un observatorio de la corrupción pero con eso no se funciona. La privatización no solo es corrupción, encarece el servicio y lo empeora, el que maneja los hilos es un empresario”, expresa. El pasado 5 de abril, la ministra recibía a integrantes de esta asociación. “Hubo buena sintonía pero no estamos exactamente en la misma línea”, valora.
Para Esbrí, lo que corresponde es la reconstrucción de la sanidad pública para lo que hay que desprivatizar todo lo que hay privatizado, “que no se hace en un día, y para ello hay que paralizar las privatizaciones desde el minuto uno y estudiar diversas fórmulas para poder rescatar el servicio sanitario público de toda la ciudadanía”. “Nosotros pedimos derogar la 15/97. A eso no respondió”, añade.
Una nueva ley
El pasado 5 de marzo, la ministra García se mostraba más ambiciosa y anunciaba que “en los próximos días” se iniciaría el periodo de consulta pública para la futura Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). En palabras de García, pretende “consagrar la supremacía de la gestión pública en nuestro Sistema Nacional de Salud”, así como revertir “los pésimos efectos de la modificación de la ley 15/97 que solo ha deteriorado nuestra sanidad vendiéndola al peor postor”. Lo hacía en el encuentro con profesionales y organizaciones de la sociedad civil #CuidemosLaPública, celebrado en el Ministerio de Sanidad. Ese día agradecía a todas las organizaciones que han luchado por lo público y felicitaba a quienes han liderado procesos de desprivatización sanitaria como el de Alzira, en la Generalitat valenciana.
La consulta pública aún no se ha iniciado y las organizaciones no han tenido acceso aún al documento. Desde Mareas Blancas presienten un posible desencuentro con el PSOE pero piden valentía. “Nosotros nos hemos ofrecido para apoyar en el trabajo de esta ley. El texto aún no ha salido a opinión pública, nos habían dicho que a finales de abril lo lanzarían”, explica la portavoz de Mareas Blancas, quien insiste en que más allá de una nueva ley sería necesaria derogar la ya existente, la 15/97 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y los artículos de la Ley General de Sanidad que abrieron la puerta al desembarco masivo de las empresas en la sanidad pública.
Fuentes del Ministerio de Sanidad informan a El Salto de que la nueva ley sobre gestión pública está en marcha y en la actualidad están acabando de pulirla con los grupos parlamentarios. Esperan que vaya a Consejo de Ministros durante el mes de mayo.
Derogar la 15/97, en el centro del debate
Para deshacer el nudo de la privatización sanitaria hay que remontarse a finales de los años 80, cuando la ley General de Sanidad 14/1986 del PSOE estableció en sus artículos 66, 67 y 90 las bases para que los hospitales privados fueran vinculados al Sistema Nacional de Salud “cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen”. También que las administraciones públicas podrán establecer conciertos para suministrar servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Luego llegaría la Ley 15/1997 que directamente establece nuevos modelos de gestión entre los que estarían las concesiones público-privadas.
Fue pasando el tiempo, la alternancia de gobiernos populares y socialistas, y la privatización de servicios sanitarios se iba atornillando a las estructuras de unas comunidades autónomas que pagan sobrecostes por los servicios que allí se prestan. Según los datos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, FADSP, la experiencia en las concesiones administrativas y los centros semiprivados en España recoge unos sobrecostes de entre 5 y 11 veces respecto a la alternativa de gestión pública directa, “que en parte se explican por la necesidad de estos centros de gestión privada de obtener beneficios y rentabilidad para sus propietarios”.
Durante el primer gobierno de coalición, el punto 2.2.9 del acuerdo decía específicamente: “Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”. Propuesta que quedó en nada.
Y es que, tal y como afirman fuentes de Podemos, la privatización sanitaria supuso otro de los choques entre PSOE y Unidas Podemos. “El blindaje de la sanidad pública quedó en un desencuentro total. Nuestro objetivo era abolir la ley 15/97 y la ministra Darias plasmó su espíritu en su supuesta ley de equidad para el sistema sanitario, que era más bien una ley de inequidad”, explica a El Salto Amparo Botejara, responsable del área de sanidad de Podemos, médica de familia y exvocal de Podemos en la Comisión de Sanidad en el Congreso. Ley que, por tanto, no salió adelante.
Infrafinanciación crónica
Mientras tanto, el gasto sanitario público va menguando. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público de 2022, este supuso un 6,8% del PIB, frente al 7,2% que supuso en 2021. FADSP complementa los datos que muestran la tendencia al decrecimiento: en 2024 el presupuesto del Ministerio de Sanidad ha sufrido un recorte de 1.500 millones euros sobre el de 2023 (un 21,9% menos, según la Orden del Ministerio de Hacienda HFP/1254/2023 de 22 de Noviembre).
Esta tendencia, “evidencia la crónica infrafinanciación de la Sanidad Pública que está detrás de muchos de sus problemas”, avisan. Una infrafinanciación que refleja una cara dispar en función de la zona del Estado donde se habite.
Las Comunidades Autónomas son las que administran la mayor parte de este presupuesto, un 91,5%. Y lo hacen de manera desigual, con una variabilidad que va de los 1.533 euros por habitante de Andalucía o los 1.625 euros de Madrid, hasta los 2.142 de Euskadi.
“Al Ministerio de Sanidad le pedimos un liderazgo fuerte y para ello tiene dos herramientas: el consejo interterritorial, que no puede ser un reino de taifas, que tiene que ser un espacio armonizado para el bien común, y la otra es el fortalecimiento de la inspección. No puede ser que nadie vigile a comunidades como Madrid, hay un papel subsidiario del ministerio que tiene que trabajar en ese sentido”, zanja Carmen Esbrí.
