Carta semanal nº 979. Posicuarta.org
Sería descubrir la pólvora decir que la sequía no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Una tercera parte de la península sufre periódicas sequías. Aunque es muy probable que las mudanzas climáticas, agravadas además por “el Niño” -fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del océano Pacífico-, hacen que estas sean más frecuentes y tiendan a ser más fuertes en el futuro.
Pero la cuestión a estudiar es como el ser humano, dominando la naturaleza, busca paliar estos fenómenos.
Si nos fijamos en la evolución del nivel del agua en los pantanos vemos que realmente la dinámica ha sido equivalente a la de años anteriores. Sin embargo, el nivel del que partíamos a principios del año 2022 era mucho más bajo. El cambio de tendencia lo encontramos en el año 2021 con el vaciado provocado intencionalmente. Los pantanos estaban tan llenos como en años anteriores, pero en unas pocas semanas su nivel descendió enormemente para situarse unos 6.000 hm3 por debajo de la media.
En aquel verano, las eléctricas Naturgy e Iberdrola vaciaron bruscamente los embalses gallegos de Cenza, As Portas, Belesar y Salas. En pocas semanas el nivel del agua bajó en más de un 70%. En febrero de 2022 la Xunta decidió sancionar a las dos empresas, así como a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por un total de 200.000 euros, por “mala praxis”, no haberlo comunicado “de modo oficial” y por hacerlo “en un momento atípico” sin “ninguna condición que propiciara” su vaciado. Ese vaciado se ha vuelto a repetir este mismo verano. Fuera de Galicia, se hizo el mismo proceso. Las multas a las eléctricas por el vaciado son irrisorias, sobre todo teniendo en cuenta el beneficio que les ha supuesto.
¿Qué ganaban las eléctricas al vaciar los embalses? En beneficio de los especuladores, el alto precio de la energía toma en cuenta lo que cuesta producirla con los medios más costosos e incluso el coste de los futuros bursátiles y hay una diferencia bastante grande entre el coste de producirla y el precio al que se vende. Las más beneficiadas por esta situación son las compañías que explotan la energía nuclear y la hidroeléctrica. Las eléctricas, al vaciar los embalses, lo que estaban haciendo es aprovechar al máximo su generación de energía para intentar sacar el máximo beneficio.
La cuestión de la falta de agua ha sido una preocupación para generaciones pasadas e incluso ha obligado a diferentes gobiernos a intentar tomar medidas. Sin buscar en la historia más lejana podemos tomar como referencia lo que se hizo hace un siglo.
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) justificó su carácter con un intento de desarrollar el país con el apoyo de la burguesía en un primer momento, en particular la burguesía catalana. Entre otras medidas, impulsó la creación de Confederaciones Hidrográficas por Real Decreto de 5 de marzo de 1926, con el objetivo de “explotar de forma coordinada el potencial hidráulico del país”, considerando el agua como un “bien público” haciendo pagar a los ciudadanos un simple canon, plan que fue desarrollado posteriormente por la II República. La construcción de pantanos con Franco tenía esta base. Ya entonces, los intereses de eléctricas públicas como Enher estaban por encima de otros intereses menores, representados en las Confederaciones Hidrográficas. Hoy, seguimos así. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha sido sancionada con las eléctricas a las que sirve.
Este problema se ha agravado con la privatización de las eléctricas, que culminó con la polémica de a quién debía el Estado entregar el control de Endesa, gran eléctrica privatizada, propugnando el PP que se entregase a una multinacional alemana para que no quedase en manos de catalanes… y acabó en manos de italianos.
Sobre esta base totalmente privatizada, la “regionalización del país” tras la Constitución de 1978, ha sido un elemento de enfrentamiento continuado entre las regiones, enfrentamiento impulsado por la Monarquía y sus instituciones, enfrentamiento a veces amplificado por los gobiernos de turno. Los Ayuntamientos tienen las competencias sobre el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado en el ámbito municipal. Por tanto, tienen la responsabilidad sobre todo lo que pasa en la red, como por ejemplo sobre la reparación de fugas y el control de los consumos de agua urbanos. Los municipios han rehuido sus funciones en materia de agua. Sin hacer un balance detallado es bueno analizar lo que ha pasado estos últimos quince años, en particular en Cataluña (que, junto con Andalucía, es la más afectada por la actual sequía).
Declaración de estado de emergencia por sequía
El 1 de febrero el Govern de la Generalitat declara la emergencia por sequía en Barcelona y Gerona (un total de 202 municipios, 6 millones de habitantes), lo cual implica una reducción del consumo a 200 litros por habitante, más una reducción sustancial para la industria, los servicios y la agricultura/ganadería… o sea, medidas de restricción del consumo, por tanto de la vida económica y las necesidades sociales.
El Consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, y Samuel Reyes (director de la ACA, Agencia Catalana del Agua) rechazaron la propuesta de interconexión por vía de urgencia de la Red de Aguas del Ebro al Campo de Tarragona y a las aguas del Ter y Llobregat con el área metropolitana de Barcelona, que está al 16,5 por ciento de su capacidad (gestionada por la empresa pública ATL).
En los últimos meses, tras la explotación a fondo de las desalinizadoras en funcionamiento y la explotación de aguas residuales y freáticas, Barcelona se abastece al 55 por ciento de sus necesidades (lo cual según el Govern ha permitido retrasar en 15 meses el plan de urgencia).
El Govern elaboró un Plan 2022-2027 para paliar la sequía. Plan que se basaba más en el ahorro que en la búsqueda de nuevas fuentes. La interconexión con el Ebro era la propuesta de cuatro colegios profesionales (ingenieros, arquitectos…). Una cuestión aún por debatir, porque hay que tener en cuenta también el retroceso del delta del Ebro por falta de aportes de sedimentos.
Las Cortes de Aragón, el mismo 1 de febrero, votaron contra el mínimo trasvase de aguas a Cataluña. Cuestión meramente política, por el enfrentamiento intercomunitario originado por el Régimen. El actual presidente de Aragón ha llegado a declarar que ¡en Aragón nadie habla catalán! (lo que es falso).
El Govern (de composición ERC) ha pedido al Gobierno central que busque soluciones. La mediación del Gobierno central ha implicado el compromiso de traer agua por barco de la desalinizadora de Sagunto (en Valencia) que ahora solo trabaja al 10 por ciento de su capacidad -medida esta de último recurso–. La Generalitat de Valencia ha aceptado la propuesta, aunque hay que tener en cuenta que la desalinizadora de Sagunto es de propiedad estatal. En todo caso, hay países enteros, como Arabia Saudita, que se suministran, para consumo y para riego, con desalinizadoras.
“No hemos aprendido nada de la sequía de 2008”
Josep Maria Bargallo, mediano agricultor de la Ribera del Ebro declaró esto a La Vanguardia el 5 de febrero.
En efecto, la sequía del 2007/8 llevó a la Generalitat a la elaboración de un Plan 2009/2015, que implicaba una fuerte inversión en desalinizadoras, aprovechamiento de aguas residuales y freáticas y posibles interconexiones. Pero en mayo del 2008 llovió abundantemente y el plan se abandonó. Dirigentes del PSOE acusan a la Generalitat de interesarse sólo por el procés de Independencia. El Govern de la Generalitat responde que Cataluña tiene un déficit fiscal de 22.000 millones por año y no pueden invertir.
El caso es que la sequía actual y lo que permite prever muestra que hacía falta un plan semejante. Pere Aragonès recupera parte de aquel plan: prevé grandes inversiones para ampliar la desalinizadora del Prat, de Tordera y construir otras como en Cunit y Blanes y para ello pide permiso al gobierno central y a la Comisión Europea para superar el techo de la deuda.
A esto se añade que más de 200 municipios de Cataluña pierden un porcentaje elevadísimo de agua por el deterioro de las infraestructuras de conducción. Sólo el 7 % de los municipios de Cataluña, los de más de 20.000 habitantes, están obligados a contar con un Plan Municipal por Sequía y, de estos, sólo 1 de cada 4 lo tienen activado.
Los Ayuntamientos tienen las competencias sobre el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado en el ámbito municipal. Por tanto, tienen la responsabilidad sobre todo lo que pasa en la red, como por ejemplo sobre la reparación de fugas y el control de los consumos de agua urbanos. Como instituciones económicamente asfixiadas y al servicio de particulares, los municipios han rehuido sus funciones en materia de agua.
Cataluña es una de las zonas del mundo con mayor gestión privada del agua: el 78 % de la población es abastecida por operadores privados. Todos los contratos con operadores privados contienen inversiones para la mejora del rendimiento de las redes que se imputan a la tarifa del agua. Ahora, con dinero público, pagamos lo que no se ha fiscalizado a los operadores privados que, durante décadas, se han embolsado millones de euros a costa de un servicio esencial.
Cabría decir en consecuencia que no falta agua. Efectivamente, están encima de la mesa todos los instrumentos para cubrir la sequía. A la vez, si atendemos a la tendencia que esta sequía marca, que corresponde con los hechos a escala mundial, hace falta, al menos, aplicar parte del plan abandonado y en parte recuperado. Pero, a diferencia de las declaraciones demagógicas sobre la sequía, lo que resolvería el problema ya no es para ellos una necesidad prioritaria.
Lo urgente son las inversiones en la industria, en servicios de primera necesidad, que por principio deben ser públicos, como la sanidad y la educación. Detrás de la demagogia con la sequía se oculta un enorme plan para privatizar completamente el servicio de suministro de aguas y hacer pagar a la población, si a esto se añade la anarquía interregional, el plato está servido para cualquier demagogia, ya sea centralista o falsamente ecológica, para acusar a la población de “consumismo y derroche”
La lucha por la soberanía de Cataluña es inseparable de la lucha por la soberanía de todos los pueblos contra la Monarquía para establecer relaciones de fraternidad y colaboración, inseparable de la lucha contra la privatización de los servicios públicos como el agua
