La Unión Europea tienen previsto aprobar muy pronto una reforma sobre inmigración y asilo (PEM) para endurecer el acceso al espacio Schengen. También Alemania, Francia e Italia están desarrollando nuevas normas, de la mano de unos gobiernos claramente decantados hacia la extrema derecha y de una contestación social creciente. En cambio, en España, siempre firme defensora de la Europa Fortaleza que mandata Bruselas, la inmigración se ha utilizado como moneda de cambio para conseguir el apoyo de Junts a las primeras medidas parlamentarias del gobierno PSOE-Sumar. Ante estos hechos, la Asociación Papeles y Derechos para Todos ha lanzado el siguiente comunicado denunciando las implicaciones del acuerdo y las políticas discriminatorias y criminalizadoras de este gobierno “progresista”.
Comunicado de la Asociación Papeles y Derechos Para Todos y Todas
Hace unos días, en una negociación absolutamente opaca, el gobierno de Pedro Sánchez acordó con Junts “traspasar las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya”.
El hecho por sí solo ya nos parece rechazable, se intercambia por una abstención en el Congreso una legislación de la que depende la vida y los derechos de las personas migrantes. Por menos de una decena de abstenciones se pone en cuestión los derechos de cientos de miles de personas.
Desde ese día, el debate sobre el tema no ha cesado en los medios de comunicación y en la opinión pública; algo normal dada la trascendental importancia del tema. Pero en ese debate hay una opinión que no se está teniendo en cuenta, que no se está preguntando, la de las personas migrantes, las directamente interesadas y sobre cuyos derechos se discute.
Nosotros como organización de mujeres y hombres migrantes queremos dar nuestra opinión en esta discusión. Aunque la concreción del traspaso sea todavía confusa y lejana pues requerirá de una Ley orgánica (Una nueva Ley de Extranjería?) creemos tener conocimiento de causa para poder opinar sobre el significado de este traspaso.
Es preciso empezar diciendo que la “gestión” de la migración por parte del gobierno central es absolutamente reprobable. Primero porque se estás produciendo un grave aumento de las muertes de personas que intentan llegar a España, segundo porque se favorece la explotación laboral de miles de personas al negarles los papeles y por ello el derecho a un trabajo y una vida dignas, tercero porque la tramitación de extranjería es lenta, engorrosa y cara para las personas inmigradas lo que las conduce a la irregularidad sobrevenida y a aceptar los peores trabajos.
El gobierno ha informado que pretende una nueva reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería para adaptarla al reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este pacto pretende restringir el numero de refugiados y también el de inmigrantes y aumentar las penurias de los solicitantes de asilo y de permiso de residencia. Cuanto más crece la inestabilidad mundial y las guerras y con ellas los necesitados de protección internacional por razones políticas, económicas, etc; más se cierra Europa.
Un contrasentido que pagarán con su sufrimiento y su vida miles y miles de personas.
Pero si el comportamiento del gobierno central es nefasto, su traspaso acordado con Junts no parece significará ninguna mejora.
Primero porque Junts es y se jacta de ser el partido de la gran patronal catalana y es la patronal la principal beneficiaria de la explotación laboral y la discriminación social de las personas migradas. La política de Junts en los ayuntamientos donde gobierna es claramente vulneradora de derechos. Junts se vanagloria de no empadronar a las personas vulnerables que carecen de un piso en propiedad o alquiler
Segundo porque desde que se habla del tema surge una y otra vez la criminalización de la inmigración. Que si expulsará Madrid o Catalunya, que si hay que acabar con la delincuencia, que si
los Mossos o la policía nacional. Solo se habla de deportaciones nada de derechos.
Junts se presenta voluntariamente como guardián de la “identidad catalana”, sin darse cuenta que Catalunya ya es diversa, que el porcentaje de migrantes de primera, segunda y tercera generación no para de crecer. Junts utiliza el conocimiento d la lengua catalana no como aporte cultural y social para las personas extranjeras sino como barrera y filtro para discriminarlas.
Las personas migradas ni podemos ni queremos permanecer silenciosas ante este debate. Vamos a decir alto y claro que no queremos ni la actual Ley de Extranjería ni ninguna otra. No queremos limosnas ni privilegios, reclamamos la igualdad de derechos porque queremos luchar con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras por un trabajo y una vida digna para todas y todos. Buscar una vida mejor es un derecho de todas las personas por eso migrar no puede ser tratado como un delito.
