A finales de este mes de enero se cumple el 47 aniversario de la llamada “semana negra” de la transición, durante la que se produjeron incidentes tan graves como “la matanza de Atocha”. Seguidamente publicamos un resumen de la interesante entrevista realizada por el articulista a Carlos A. Portomeñe Pérez, autor del libro “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado: Anatomía de la Transición” (Atrapasueños, 2022).
Alfredo Iglesias Diéguez. Rebelión.org
PREGUNTA.- Tu libro sobre la matanza de Atocha (1977) comienza remitiéndose al 17 de julio de 1945 en Postdam (Alemania), lugar y fecha en que se estaba celebrando una cumbre entre Stalin, Churchill y Truman, en la que se iba a decidir el futuro de Europa -y del mundo- que salió de la II Guerra Mundial. ¿Por qué es necesario retrotraerse tanto en el tiempo?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Por dos hechos fundamentales. Porque, por un lado, la Conferencia de Postdam significó la adscripción definitiva de España al bloque capitalista de la Guerra Fría y su subordinación a la política económica, militar e internacional de los EE.UU. Y, por otro, porque a pesar de una tibia condena al régimen dictatorial de Franco, instaurado con la ayuda de Hitler y Mussolini, EE.UU. y el Reino Unido garantizaron su pervivencia hasta la muerte biológica del dictador, ocurrida treinta años después. A pesar de que en 1946 la ONU condenó al régimen franquista y vetó su participación en los diferentes organismos internacionales, el aislamiento del país fue solo temporal. La Asamblea General de la ONU revocó en 1950 dicha resolución y cinco años más tarde se produjo el ingreso definitivo de España en la organización internacional.
Finalizada la guerra mundial, el Partido Comunista de España ya denunciaba que el país se había convertido en cabeza de puente del imperialismo norteamericano en Europa, y que este pretendía aprovechar la importancia estratégica de la península ibérica para convertir el Mediterráneo en un mar de su propiedad. De hecho, España ingresó paulatinamente en los principales organismos internacionales de la mano de EE.UU., de manera que la normalización de la presencia española corrió pareja a su subordinación a los los intereses geopolíticos estadounidenses. En 1953 ambos países firmaron los Pactos de Madrid que, entre otros acuerdos, permitían el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio español. Y en 1959 el régimen franquista aprobó el Plan Nacional de Estabilización Económica, que suponía la aceptación de los principios del capitalismo liberal y la apertura definitiva a la “inversión extranjera”, principalmente estadounidense.
En el plano político, EE.UU. diseñó desde el primer momento una posible España sin Franco, en el marco de una monarquía parlamentaria que permitiese la participación de todo el arco ideológico, aunque con la calculada excepción de los comunistas. De manera que, en los años cincuenta, el actual rey emérito se convirtió en la apuesta de la Casa Blanca y del dictador para su sucesión en la jefatura del Estado. El modelo estadounidense se basaba en un proceso de reforma democrática que permitiese la pervivencia de las élites económicas, políticas y judiciales, entre otras, como así se produjo.
PREGUNTA.- Los poderes político-mediático-académicos nos han convencido de que España fue el escenario de una transición pacífica de la dictadura a la democracia; sin embargo, entre los años 1975 y 1982 las víctimas mortales de la violencia política alcanzaron la cifra de 700 personas. (…) Centrándonos ya en la semana negra de enero de 1977. ¿Cuáles fueron los sucesos trágicos que tuvieron lugar entre el 23 y el 29 de enero de 1977?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Se trata de una serie de acontecimientos violentos que, a pesar de los intentos oficiales de desvincularlos entre sí a lo largo de los años, tienen un evidente hilo común y forman parte de una misma estrategia. Uno de los objetivos principales del libro ha sido desmadejar estos vínculos para demostrar que los principales crímenes tienen protagonistas comunes, fundamentalmente de nacionalidad italiana, que reciben órdenes de los servicios de información del Estado y que habían participado el año anterior en la operación Reconquista de Montejurra y el asesinato del juez italiano Vittorio Occorsio.
Estos acontecimientos se producen todos en Madrid y se inician el domingo 23 con el asesinato del joven Arturo Ruiz tras la celebración de una manifestación de reivindicación de la amnistía. El asesino es José Ignacio Fernández Guaza y forma parte de un grupo de cinco individuos, pertenecientes todos ellos a los servicios de información, incluyendo al italiano Stefano Delle Chiaie, el más importante terrorista internacional de extrema derecha.
El lunes comienza con el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa por el GRAPO, que se une al secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio Oriol y Urquijo, que lleva ocho meses cautivo del mismo grupo terrorista. Horas más tarde es asesinada la joven Mariluz Nájera, alcanzada por un bote de humo disparado a bocajarro por la policía cuando participaba en la manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Por la noche se produce el suceso más trágico, con el ametrallamiento de nueve personas en un despacho laboralista del PCE y las CC.OO. de la calle Atocha, donde son asesinados cuatro abogados y un administrativo.
El viernes 28 los miembros del GRAPO que mantienen secuestrados a Oriol y Villaescusa atentan en dos entidades bancarias contra varios policías y guardias civiles que las custodiaban, y asesinan a tres de ellos. La semana culmina con la intervención radiada y televisada del presidente Adolfo Suárez el sábado 29 llamando a mantener la calma y a cerrar filas con el imparable proceso democrático que afronta el país.
PREGUNTA.- ¿Qué pasó en el piso tercero izquierdo del número 55 de la calle Atocha sobre las once de la noche del día 24 de enero de 1977?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Tres individuos de extrema derecha, vinculados todos ellos a los servicios de información, penetran en el despacho laboralista mientras se celebra una reunión de los abogados del PCE que desarrollan su trabajo en los barrios madrileños asesorando jurídicamente a la vecindad. Sin mediar prácticamente palabra, disparan a bocajarro, asesinan a cinco de los asistentes y dejan a cuatro de ellos gravemente heridos. Las víctimas mortales son Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez y Francisco Javier Sauquillo. Tanto la masacre de Atocha como el asesinato de Arturo Ruiz fueron reivindicados por la Triple A.
PREGUNTA.- Bien, una vez que tenemos claros los hechos, centrémonos en otros aspectos… ¿Por qué le das tanta importancia a la ‘Marietta’? ¿A dónde nos lleva esa arma?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Demostrar el uso de las llamadas Mariettas en Atocha y otros atentados es fundamental para demostrar la implicación directa del Estado en el terrorismo de extrema derecha durante aquellos años. Por eso el libro cuenta con treinta y cinco páginas dedicadas ese tema concreto.
La Marietta es el sobrenombre que recibe la Ingram M10, un arma desarrollada por la CIA para operaciones encubiertas. Las Mariettas adquirieron relevancia en España a raíz del asesinato del juez Vittorio Occorsio en Roma, el 10 de julio de 1976. Occorsio investigaba la relación de los atentados de extrema derecha en su país con las autoridades policiales españolas. Los jueces italianos encargados de resolver el caso descubrieron que el autor material del crimen había sido Pierluigi Concutelli, jefe militar de Ordine Nuovo, a quien requisaron el arma asesina.
Pudieron comprobar que se trataba de una Marietta facilitada por Stefano Delle Chiaie y demostraron que había sido adquirida directamente a la fábrica por el ministerio del Interior español, en un lote que incluía tres de esas armas. Concutelli y Delle Chiaie habían participado dos meses antes en la operación Reconquista y organizaban atentados contra miembros de ETA, donde también se utilizaban las referidas armas. De hecho, Fernández Guaza, el asesino de Arturo Ruiz, ha reconocido recientemente que en aquel entonces formaba parte de un grupo de quince civiles que cometían atentados contra dirigentes de ETA utilizando Ingram M10.
Desde un primer momento, se vinculó el ametrallamiento de los abogados de Atocha con el uso de estas armas. A este respecto, se generó una agria polémica que se prolongó durante años y se acentuó cuando se descubrió la relación
italiana con la masacre y salió a la luz la operación Gladio. Los jueces italianos que investigaron durante años las redes de extrema derecha en España y en su país obtuvieron pruebas que demostraban la utilización de Mariettas en Atocha. Sin embargo, durante el juicio se estableció que las armas utilizadas habían sido una vieja pistola Star y una Browning que nunca apareció. Nunca se atendieron los requerimientos de la justicia italiana sobre las Mariettas y, en 1983, el
subinspector Juan José Medina fue detenido cuando investigaba el destino de aquellas armas.
PREGUNTA.-Sigamos con la matanza de Atocha. ¿Cómo fue la investigación policial? ¿Y el proceso judicial? ¿Es posible percibir detrás la mano cómplice de un estado más franquista que democrático?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Desde el primer momento el juez de la Audiencia Nacional que llevó el caso puso toda una serie de obstáculos para dificultar la investigación y el desarrollo del sumario. En el juicio fueron condenados los ejecutores materiales de la masacre, pero no sus responsables intelectuales. La versión oficial establece que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas
motivado por la huelga del transporte, pero nadie entra con armas de guerra en un despacho laboralista y fusila a nueve personas si pretende escarmentar, supuestamente, a abogados que nada tienen que ver con la huelga. Por tanto, quedaron sin aclarar las raíces mismas del crimen, que tienen un nítido trasfondo político, ya que no se trataba de un simple “comando incontrolado”, como quisieron hacer ver las autoridades.
Solo en 1985 los jueces italianos pudieron sacar a la luz la implicación directa de un paisano suyo, Carlo Cicuttini, en la masacre de Atocha. Una participación constatada también en documentos oficiales del ministerio del Interior italiano. Cicuttini era lugarteniente de Delle Chiaie y vivió hasta 1998 amparado y protegido por el Estado español, que denegó en dos ocasiones su extradición a Italia. Tuvo que ser engañado por la policía italiana para su detención en Francia, y murió cumpliendo la condena de cadena perpetua que le habían impuesto por el atentado de Peteano, el crimen que permitió descubrir la operación Gladio en Italia.
PREGUNTA.- Antes de concluir con preguntas relacionadas con la memoria democrática… Leyéndote se puede llegar a pensar que las organizaciones de extrema izquierda, como GRAPO o FRAP, podían estar infiltradas por miembros de la policía o por militantes de la extrema derecha que contaban con el apoyo del Estado. Insistes bastante en ese aspecto a lo largo del libro… ¿Es a eso a lo que te refieres con el término ‘estrategia de la tensión’? ¿Buscaba el Estado un clima de tensión y miedo que ‘guiase’ al combativo movimiento obrero y universitario, republicano y comunista, hacia opciones políticas menos combativas con las clases dominantes?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Desde mi punto de vista, existían pocas posibilidades de una involución en el país, porque el tsunami democrático era imparable y se había ganado con una ejemplar lucha social y política. La historiografía oficial lo vende como una democracia otorgada, pero se trata de una democracia conquistada a costa del sacrificio de muchas personas en los más variados ámbitos de la sociedad, fundamentalmente por el empuje de las clases trabajadoras. De hecho, las Cortes franquistas se vieron obligadas al llamado aprobando mayoritariamente la Ley de Reforma política, que días después fue refrendada de manera masiva por los participantes en el referéndum, a pesar de la llamada a la abstención de los principales grupos de izquierda, que consideraban que la ley se quedaba muy corta con respecto a las demandas democráticas de la sociedad.
Lo que realmente estaba en juego eran dos modelos de Transición antagónicamente opuestos: el modelo rupturista, que no aceptaba la “democracia por decreto” ni los parcheos pseudodemocráticos sino un cambio profundo en todos los sectores y ámbitos del sistema franquista; y el modelo reformista, minoritario en aquella época, basado en cambiarlo todo para que todo continuase igual. Para ello era necesario “empujar” a las fuerzas rupturistas hacia el llamado “consenso democrático”, que pasaba por aceptar la monarquía y al rey impuesto por Franco, pese al sentir mayoritariamente republicano de la sociedad española.
Para conseguir ese objetivo no escatimaron medios, incluso violentos como hemos visto. Si cincuenta años por medio es posible atisbarlo, hay que vivir ese momento para darse cuenta de lo complicado o lo imposible que es actuar en determinados momentos históricos, con los muertos encima de la mesa. El magistrado italiano Ferdinando Imposimato, que llevó casos tan importantes como el asesinato de Aldo Moro, aseguraba que la verdad oficial en su país hablaba de terroristas negros, por una parte, y terroristas rojos por otra, y que luego estaba el Estado que combatía a ambos. Sin embargo, su experiencia de años le había llevado a la conclusión de que una parte del Estado se servía del terrorismo de extrema derecha y extrema izquierda para realizar atentados por intereses políticos.
Por citar ejemplos. El comisario represor Roberto Conesa había formado parte de la JSU durante la guerra mientras trabajaba para la “quinta columna” franquista. En los años siguientes se especializó en infiltrarse en el PCE y fue el responsable de la caída de cientos de militantes comunistas. Los hermanos Antonio y José Luis Cortina, miembros del SECED cercanos a Juan Carlos I, entrenaban en los años sesenta un grupo de acción guerrillera en la Casa de Campo. Ya he citado que el germen del actual CNI nació en la Universidad, donde, entre otras actividades, se infiltraban en los sindicatos estudiantiles.
PREGUNTA.- Los crímenes de Atocha, igual que los demás crímenes de Estado, desde el asesinato de Amador y Daniel el 10 de marzo de 1972 en Ferrol…, siguen esperando ‘verdad, justicia y reparación’… ¿Qué crees que debe hacer el Estado para poner fin a esta espera?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- Tener las agallas suficientes para afrontar de una vez la verdad sobre los crímenes del franquismo y la Transición. La Ley de Memoria democrática se ha quedado escasa una vez más, como había adelantado el movimiento memorialista durante su tramitación, y seguimos con una Ley de Secretos Oficiales preconstitucional, de 1968, que impide acceder a importantes sumarios y archivos.
En la teoría, la nueva ley permite permitiría avances importantes pero, en la práctica, la justicia sigue poniendo obstáculos para conocer la verdad, que es un derecho internacionalmente reconocido, y frena todos los intentos de reabrir causas. Ahora que el negacionismo y el revisionismo han llegado al Parlamento, el conocimiento de la verdad es un requisito fundamental para frenar esa deriva derechista y poder construir una sociedad verdaderamente democrática.
PREGUNTA.- Al margen del Estado…, ¿qué iniciativas, tanto en España como en el extranjero, están en marcha para conseguir ese objetivo de ‘verdad, justicia y reparación’?
Carlos A. Portomeñe Pérez.- En los últimos años el movimiento memorialista democrático ha conseguido abrir grandes alamedas, a pesar de los obstáculos. En ese sentido, cada uno aportamos nuestro grano de arena. En mi caso particular, en marzo de 2022 viajé a Buenos Aires acompañando al Colectivo por los Olvidados de la Transición, compuesto por familiares de las víctimas. Gracias a sus gestiones pude declarar en el marco de la Querella Argentina, y tuve la satisfacción de presentar mi libro como prueba documental en la causa. Una satisfacción que se acrecentó cuando pudimos localizar al asesino de Arturo Ruiz después de 46 años sin conocer su paradero. Ahora la familia de Arturo continúa su lucha jurídica en Argentina y España con nuevas pruebas, y la jueza María Servini ha emprendido nuevas acciones, pidiendo investigar al asesino y exigiendo a España que le informe sobre si persiguió a los asesinos de la ultraderecha durante la Transición.
Es tremendo que deba ser una jueza argentina quien tenga que investigar los crímenes del franquismo, y que se encuentre con los mismos obstáculos por parte de las autoridades españolas que sufrieron los jueces italianos cuando en su día investigaron las tramas negras en España. Tremendo, pero real como la vida misma.
