En este martes 28 de marzo, día de recuerdo y homenaje institucional a las víctimas de la guerra, el franquismo y la transición en el País Valenciano, las entidades memorialistas abajo firmantes
MANIFESTAN
Durante los últimos años del franquismo, lejos de disminuir, la represión, se incrementó. Se crearon tribunales especiales como el Tribunal de Orden Público, TOP, (1963-1977), continuaron actuando los tribunales militares, aumentaron las detenciones, castigos y torturas en comisarias y cuarteles de la Guardia Civil, se ampliaron los delitos sociales y los considerados sexuales, se crearon juzgados especiales para homosexuales y, por descontado, la Brigada Político Social sirvió de avanzada para perseguir a una oposición política que recaía especialmente entre trabajadores y trabajadoras. Estudiantes y residentes en los barrios populares. Tan solo el Tribunal de Orden Público condenó a 9.146 personas, afectando a más de 50.000 personas en todo el estado español.
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En esta última legislatura del Botànic II, con una intensa movilización del movimiento memorialista y el apoyo decidido de la administración, hemos avanzado bastante en materia de Memoria Democrática, pero aún queda mucho por hacer.
Queda pendiente poner luz de manera oficial sobre la magnitud de la represión y poner en pie medidas para la Justicia necesaria y la reparación de tantos crímenes. A las personas represaliadas para luchar contra la dictadura y defender las libertades les debemos la democracia y los derechos que hoy tenemos. El estado debe, como establece el Derecho internacional en materia de Derechos Humanos, garantizar sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.
Sin embargo, hasta ayer, las víctimas de la represión del periodo que nos ocupa que han reclamado en los juzgados valencianos que se investigue las torturas de que fueron objeto, por parte de Brigada Político Social o la Guardia Civil, en los años 1967, 68, 70, 71, 72 y 1975 sólo han encontrado como respuesta la inadmisión de sus querellas.
Reiteramos, las víctimas de los crímenes franquistas merecen el reconocimiento oficial, deben tener el derecho inalienable a la tutela Judicial Efectiva, a la investigación. Ellas y el conjunto de la sociedad tienen derecho a la Verdad, conocer a los responsables: fueron gobernadores civiles, dirigentes policiales, ministros o destacados miembros de la jerarca franquista en su administración, la que fuera. Asimismo, tienen derecho a la Reparación Integral del mal recibido por parte del Estado.
Reclamamos la puesta en marcha del Instituto de Memoria.
Reclamamos la elaboración de un Mapa de la represión que ponga nombre a las víctimas y a los victimarios.
Reclamamos la puesta en marcha ya de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación, aprobada en el Decreto 1/2023 de GVA, con participación de las víctimas y a fin de restablecer la verdad histórica, jurídica e institucional sobre los hechos acaecidos durante la guerra, la dictadura franquista y la Transición; así como el desarrollo y promoción de las políticas públicas de Reparación Integral de las víctimas.
Esta comisión deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial, como es preceptivo, aquellos crímenes de Lesa Humanidad que se puedan documentar y que son imprescriptibles e investigables de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución, el Tratado internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
