La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de elaboración de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, realiza la siguiente valoración que reproducimos íntegra…
Redacción. Fadsp.es
Desde la FADSP hemos señalado reiteradamente que la privatización del sistema sanitario de nuestro país es un grave problema para el mismo, básicamente porque aumenta de manera exponencial los costes de la atención sanitaria, deteriora de manera complementaria los centros públicos que ven como los fondos correspondientes son derivados hacia el sector privado, lo que hemos denominado el círculo vicioso de la privatización, y suponen un empeoramiento de la atención sanitaria y de la salud de la población (ya hay muchas evidencias que señalan que la privatización aumenta la mortalidad evitable), a más de colocar en manos privadas la garantía del logro de un derecho fundamental como es el de la protección de la salud.
1.- Por eso entendemos que cualquier paso que se de en el horizonte de blindar el sistema sanitario público potenciando la gestión pública y favoreciendo la detención de las privatizaciones y la recuperación de lo privatizado es un paso positivo que hay que apoyar.
2.- No obstante el documento que ha hecho el Ministerio de Sanidad para una Consulta Previa es sumadamente inconcreto, y elige una vía de elaboración que tiene unos plazos excesivamente prolongados, que ni siquiera garantizan que la Ley llegue al Parlamento en esta legislatura, y mucho menos que se apruebe durante la misma.
3.- En todo caso entendemos que esta Ley debería de seguir adelante y contemplar las siguientes cuestiones:
- Derogación expresa de la Ley 15/97 y las leyes autonómicas que se basan en ella.
- Garantía de la gestión pública de los centros y servicios sanitarios sufragados con los presupuestos públicos
- Rechazo a cualquier nuevo contrato, concurso o concesión para la gestión privada de servicios sanitarios de financiación pública
- Garantizar la reversión de los centros actualmente en manos privadas a la finalización de los contratos, así como imposibilitar la venta o transferencia de los mismos a empresas distintas de las que recibieron la concesión inicial
- Bloquear los conciertos con entidades privadas si no se demuestra de manera fehaciente la imposibilidad de la Sanidad Pública para cubrir las prestaciones objeto de los mismos
- Potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales de la Sanidad Pública y la utilización intensiva de sus recursos
- Integración de la asistencia sanitaria de las Mutualidades de funcionarios en la Sanidad Pública
- Potenciar el papel de la Alta Inspección en el control del funcionamiento de los centros de gestión privada y en cualquier actividad relacionada con la mal llamada colaboración público-privada
Entendemos que todos estos aspectos deben estar presentes en cualquier Ley que pretenda garantizar una Sanidad Pública que asegure una atención sanitaria de calidad en un tiempo razonable a toda la población, y que es urgente la aprobación de la misma.
14 de mayo de 2024
