Blas Ortega. Informacionobrera.org
El conflicto lingüístico en el País Valenciano
El reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas (catalán, gallego y euskera) en el Parlamento, algo positivo para todos, ha provocado la inmediata reacción de los franquistas (PP y Vox), reabriendo la guerra lingüística en el País Valenciano. Una agresión al derecho de los valencianos a usar su lengua: el valenciano (término usado por los valencianos desde hace siglos para denominar su lengua), que es una variante del catalán (hecho reconocido en todos los ámbitos científicos). Tratan de impedir su normalización y su uso, mejor dicho, quieren hacerla retroceder hasta crear un caos lingüístico tal que la haga desaparecer; pero también es un ataque al derecho de todos los pueblos a expresarse en su lengua y a los derechos nacionales de los pueblos de España.
Resumamos lo sucedido
–17 de agosto: la presidenta del Parlamento, Francina Armengol, anuncia que los diputados y diputadas podrán expresarse en catalán, gallego y euskera en la Cámara Baja.
–18 de agosto: en una declaración institucional, el Gobierno Valenciano afirma que ese acuerdo en el Congreso es «nefasto para España» porque utiliza las «lenguas para dividir y no unir»; «no permitiremos ser moneda de cambio para quien quiere romper España y por eso exigimos respeto y que la lengua (en referencia al valenciano como lengua distinta del catalán) tenga el mismo estatus de oficialidad» que el catalán. Y también que «el lugar para hablar en las lenguas cooficiales es el Senado y no el Congreso». En el Senado está permitido desde 2005 el uso, muy limitado (dos o tres sesiones al año en la práctica), de las lenguas cooficiales, diferenciando el catalán y el valenciano, con dos traducciones distintas. Anunció además el Gobierno Valenciano que en un próximo pleno aprobará una declaración institucional «por la lengua, la cultura y las señas de identidad de la Comunitat Valenciana.
–19 de agosto: Paula Añó (Vox), número dos de la Consejería de Cultura dice que llega «para dar la batalla cultural» y que tiene «identificados a los agentes del pancatalanismo».
–24 de agosto: el consejero de Agricultura (Vox) publica un tuit desde la cuenta oficial de la Consejería en el que emplea un valenciano inventado, repleto de faltas de ortografía. El consejero de Educación (PP) sale en su defensa: «La AVL no tiene la verdad absoluta», «hay otras maneras de escribir el valenciano», «¿por qué no va a tener el conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas?».
-26 de agosto: Llanos Massó (Vox), presidenta de las Cortes Valencianas, aseguraba que «el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las normas del Puig (normas ortográficas inventadas por la supuesta Real Academia de Cultura Valenciana, que no son utilizadas ni por ellos mismos). (…) Vox hace su trabajo», dice.
-27 de agosto: la AVL (Academia Valenciana de la Lengua, entidad normativa del valenciano cuyas normas son de obligado cumplimiento) considera en un comunicado una «irresponsabilidad» y un «gran perjuicio» para el valenciano y su normalización las declaraciones del PP y de Vox. El Consejo Valenciano de Cultura (CVC) manifiesta su apoyo a la AVL y se adhiere a su comunicado.
Son indicaciones claras de la indignación de la mayoría de los valencianos, que no quieren ver que se reabre un conflicto que creían superado hace 25 años. El PSPV insta al presidente, Carlos Mazón (PP), a intervenir.
-28 de agosto: Carlos Mazón afirma en un acto público que el Gobierno Valenciano «cumplirá el Estatuto de Autonomía y se comunicará en valenciano normativo siguiendo las reglas de la AVL», lo que no le va a impedir abrir un debate sobre la normativa actual del valenciano. Reclamó a la AVL una «mayor capacidad de integración» y «gestos» hacia el «valencianismo social y político», del que se ha «alejado», para «abrir una nueva etapa»; posición que trasladará a su presidenta en una reunión el 11 de septiembre. Los cargos de Vox emiten desde entonces sus comunicados oficiales solo en castellano.
–30 de agosto: el PP afirma que «no impone a nadie el uso del valenciano». «Si hay consejeros que quieren publicar en castellano, está bien. Ha habido consejerías que en ocho años han publicado el 100 % en valenciano y jamás hemos protestado».
El PP y Vox cuestionan con su actuación el consenso de los años 80, aceleran la crisis de las instituciones autonómicas.
El PSPV, considera «indigna» la «intromisión» de Mazón en la labor de la AVL al reclamarle «gestos de integración». Anuncia la presentación de una queja al Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano), organismo que se toma su tiempo para emitir sus «recomendaciones», que no obligan al Gobierno Valenciano; como ha hecho también Compromís.
Ximo Puig propone a la presidenta del Parlamento la doble denominación de catalán-valenciano para evitar el conflicto, pero esa denominación no es aceptada por el Gobierno Valenciano ni por buena parte de los independentistas catalanes. Vía muerta, pues.
El Estatuto de Autonomía y la AVL
Durante los años 70 y 80, quienes se oponían al uso de la lengua y a las libertades democráticas (los «blaveros») defendían violentamente que valenciano y catalán eran dos lenguas distintas, el PSPV gobernaba la Autonomía Valenciana y cedió a las presiones, pactó con el PP el Estatuto de Autonomía, que establece como lengua propia el valenciano, sin aclarar en ningún momento que el valenciano también recibe el nombre de catalán. Quizá haber incluido la doble denominación de la lengua en ese momento, hubiese dejado clara la unidad de la lengua y evitado que el conflicto siguiese vivo y pudiese reabrirse ahora.
El Estatuto dispone que la AVL «tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano». Con esta redacción, la AVL podría elaborar una normativa lingüística que supusiera una ruptura de la unidad de la lengua. Y de eso se trata ahora, de defender la unidad de la lengua, de impedir su retroceso y desaparición.
La AVL se constituyó gracias a un pacto entre el PP y el PSPV-PSOE durante el gobierno de Eduardo Zaplana, pero terminó por reconocer la unidad de la lengua: «es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales para designar esta lengua [la que comparten Valencia, Cataluña, las Islas Baleares y otros territorios]: la de “valenciano”, establecida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y la de “catalán”, reconocida en los estatutos de autonomía de Cataluña y las Islas Baleares, y avalada por el ordenamiento jurídico español», dice un dictamen de 2005 de la AVL.
¿Por qué reabrir el conflicto lingüístico?
Los franquistas (PP y Vox) necesitan mantener un foco de crispación permanente, atacar al catalán-valenciano, los derechos nacionales y democráticos, que no toleran. Necesitan azuzar la guerra social para tratar de imponer las privatizaciones y los recortes.
Utilizan la lengua, las señas de identidad, los símbolos para dividir y enfrentar, para manipular, inventan un agresor externo (el catalán, los catalanes, Cataluña) para cuestionar constantemente las libertades democráticas y los derechos sociales.
Nos equivocaríamos si no tuviésemos en cuenta este hecho político y dejásemos la solución de esta cuestión a las instituciones autonómicas que han mostrado su impotencia para resolverla, incluidos los gobiernos del Botánico, que ni siquiera han sido capaces de permitir la reciprocidad de los medios de comunicación públicos de Valencia, Cataluña y las Islas Baleares.
Como nos equivocaríamos si creyésemos que esta es una política que se limita al País Valenciano. Éste es el banco de pruebas, el lugar donde la historia ha creado el punto avanzado a partir del que replicar esta política de enfrentamiento dentro y contra los otros pueblos, contra los derechos de todos los pueblos.
Es claro que hemos de defender la unidad de la lengua, su normalización y su uso, responder con la mayor amplitud y contundencia posible ante cada agresión, ante cada retroceso; pero no hay que olvidar el entramado institucional antidemocrático levantado desde los pactos con los franquistas de los años 70, empezando por la aceptación de los dirigentes del PSOE y del PCE de la Monarquía, cárcel de pueblos. Las instituciones autonómicas constituidas sobre estos pactos son contradictorias con los derechos de los pueblos. En consecuencia, los trabajadores y los pueblos tienen el máximo interés en actuar unidos contra la herencia franquista, por una República basada en el derecho de autodeterminación.
