Este gobierno premia la represión y persigue la protesta social

A principios de este año, en una carta abierta remitida al ministro del Interior, Grande-Marlaska, desde las fundaciones del sindicato CCOO expusieron una lista con 24 nombres de policías pertenecientes en su momento a la Brigada Político Social del franquismo que habían recibido medallas y otras recompensas más sustantivas.

Una carta en la que se precisaba la vergüenza y la humillación hacia las víctimas que suponen este tipo de medidas adoptadas por este gobierno y por unos responsables defensores a ultranza del vigente régimen de monarquía parlamentaria, otorgada por el franquismo y que sigue manteniendo en buena medida los privilegios de sus herederos, en la oligarquia y en los aparatos del estado: judicial, militar, policial, eclesial…. (Ver artículo reciente sobre la nueva política memorialista de blanqueamiento del franquismo).

“La tortura practicada por estos funcionarios de manera sistémica, no sólo
estuvo dirigida contra un grupo de población determinado, sino que se llevó a cabo en contextos de violencia política estructural. Baste recordar en este sentido, la violencia desatada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con ocasión de los diferentes estados de excepción”

refiere literalmente el escrito remitido al ministro, en el que también se detallan, formando parte de la lista de 24 agentes de la brigada político-social, a personajes tan conocidos y deplorables en sus acciones como Ricardo Algar Barrón, Manuel Ballesteros García, Francisco Beltrán Ortiz, José Blanco Martín, Roberto Conesa Pérez, Félix Criado Santos o Conrado Delso. 

Ciertamente, la carta no tuvo otros efectos que el archivo. Ni siquiera sirvió para contener un poquito los afanes del actual gobierno del PSOE-UP por cerrar las abundantes mermas de legitimidad y desafección sociales hacia la monarquía y el régimen vigentes.

En los hechos, la política de orden público de este gobierno, autodenominado como “progresista” no puede ser más clara. Consiste en mantener la Ley Mordaza contra la protesta social que había prometido derogar a principios de mandato, y en cimentar ciertas lealtades en los aparatos represivos del estado. Por eso no dejan de sucederse nuevos nombramientos, gratificaciones y premios.

Otro ejemplo, hace apenas un mes el semanario NAIZ informaba de otro acto de burla a las víctimas del terrorismo de estado materializado en la obtención de mayor grado en la Guardia Civil del torturador Arturo Espejo, otorgado por el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska -quien por cierto es el responsable directo de siete condenas por parte del TEDH de Estrasburgo relacionadas con la práctica de la tortura-.

Condenados y absueltos

Arturo Espejo, teniente general y jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil es el implicado en casos de tortura que más alto ha llegado en el cuerpo militar, pero no es el único. Una escala por debajo de él estuvo hasta el 14 de marzo de 2021 el general de división Antonio Tocón Díez, que pasó a la reserva tras haber sido el jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), así como Arturo Prieto Bozec, que en la actualidad general de brigada y jefe de la Guardia Civil en la «Zona de Valencia», a donde llegó tras haber ejercido las máximas funciones de mando en la provincia de Almería.

Todos ellos fueron condenados en su día por actuaciones indefendibles pero el Tribunal Supremo ha ido anulando la sentencias.

Lo mismo que ha ocurrido, aún más recientemente, con dos números de la Policía Nacional que en 2015 detuvieron a un joven en la localidad madrileña de Móstoles, después de que uno de los policías le pegara un golpe en la cara.

En un primer momento los jueces habían impuesto cinco años de cárcel a cada uno de los policías porque, además de la agresión, habían detenido sin motivo a esta persona. Pero, ahora, el Tribunal Supremo destaca que, aunque en efecto no constaban razones probadas para efectuar la detención, esto no significaba que efectivamente existieran tales razones y estuviera justificado (recuérdese el principio de la ley mordaza que concede a las fuerzas represivas una prevalencia testimonial).

La incapacidad del régimen político actual para homologarse siquiera con los estándares de las democracias burguesas, en materia de libertades y derechos, constituyen otro argumento de peso para que los trabajadores y los pueblos de España le pongan fin cuanto antes.

Sin duda, la República sigue siendo el objetivo impostergable