Como señala el llamamiento de la Conferencia europea contra la guerra realizado este 8 de julio con sede en Berlín, ya han transcurrido quince meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Quince meses de guerra con un resultado desgarrador: más de 350.000 muertos ucranianos y rusos, 8 millones de refugiados y 10 millones más en el interior del país, y multitud de pueblos y ciudades arrasados.
Pero todavía hay gobiernos que dicen que esta barbarie debe continuar. Que se deben hacer más esfuerzos bélicos. A principios de este mes Pedro Sánchez tomó posesión de la presidencia europea acudiendo al parlamento Ucraniano para saludar a Zelenski y prometer más guerra y destrucción a su país.
Hay una amenaza real contra todos los pueblos de Europa y todos los continentes.
Sin embargo, la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio mantiene un total silencio de propuestas y medidas ante esta situación. O dicho de otra forma: las principales fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales dan por hecha y asumida la sumisión española a la OTAN, así como la supeditación a sus objetivos con el presupuesto y recursos públicos que sean necesarios.
E igualmente, como señala Diego Herchhoren, este enorme silencio de las fuerzas electorales en liza, enorme por sus nefastas consecuencias, además de pactado y culposo, también se extiende a los acuerdos ya firmados con la UE de adicionales recortes presupuestarios compensatorios…
La manera en que la Unión Europea ha financiado tradicionalmente sus «rescates» y «ayudas» siempre han quedado condicionados a reformas estructurales que han conllevado políticas de austeridad, recortes y privatizaciones, y una especial obcecación por la recaudación impositiva. Ninguno de los partidos con aspiraciones para las próximas elecciones generales ha hecho mención a lo que se viene tras el 23-J.
El llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España que, según el discurso oficial, contiene todas las inversiones y reformas para que la “recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”, sugiere cambios en materia laboral, fiscal y de pensiones, que presentados de forma muy ambigua, y leyendo entre líneas, esboza muchos de los aspectos clave de esa «transformación» donde VOX, Sumar, PP y PSOE no se han atrevido a decir ni mu en su campaña.
El plan, que recoge las propuestas que presentaron la CEOE y escribieron abogados de los principales bufetes Cuatrecasas, Garrigues, Uría-Menéndez y la consultora PwC, es una apuesta de externalización completa del sector público estatal en dónde la «crisis del COVID» es «un reto» y «una oportunidad» para realizar los cambios estratégicos que a juicio de estos despachos, bien posicionados entre los principales grupos económicos españoles, son necesarios.
La condicionalidad adscrita a los fondos europeos Next Generation Europe pretende tener, en público, diferencias del llamado «rescate» de 2012, donde los llamados «hombres de negro» han cedido el paso a grandes consultoras privadas que se han distribuido por diferentes organismos públicos para «sugerir» los cambios que España, a su juicio, necesita; sin debate público, sin estridencias y sin la mala fama de la troika.
Desaparece así el ajuste fiscal ni se imponen medidas concretas, sino que éstas son las que decidan los estados miembros, basándose en lo que los «hombres de negro» de las consultoras sugieran. En ese contexto se han decidido ya la reforma de las pensiones, las externalizaciones de amplios sectores públicos y la paulatina amortización encubierta de empleos públicos, sustituidos en los tres últimos años por plazas interinas.
Para dar cobertura política a estas reformas, en febrero de este año se nombró a una comisión mixta de la Eurocámara encargada de supervisar si lo que las consultoras privadas más importantes del mundo Deloitte, Ernst & Young, KPMG o PwC, las llamadas «big four», tienen pensado para España.
Este grupo está dirigido por Mónika Hochlmeier, de los conservadores alemanes; la eurodiputada socialista española, Isabel García Muñoz, al popular portugués José Manuel Fernández, a la socialista italiana Caterina Chinnici y a Jorge Buxadé (VOX). Además, cinco españoles serán ‘miembros acompañantes’ en las reuniones: Isabel Benjumea (PP), Eider Gardiazábal (PSOE), Eva Poptcheva, Susana Solís (ambas de Ciudadanos) y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú-Podemos).
La plural composición de este grupo da la magnitud de las implicaciones que todos los partidos tienen en el «plan de recuperación», que ninguno ha criticado y a quien habrá que recordar cuando comience a percibirse la verdadera magnitud del «rescate».
Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, una de las principales conclusiones del proyecto ‘España puede’ es, según los analistas, que los mayores beneficiados de este mecanismo serán las grandes empresas. Así lo demuestra, por ejemplo, todo lo que se refiere a inversiones en salud.
En materia de salud pública, el gobierno español plantea invertir en sanidad 1.069 millones de euros. Un porcentaje que representa únicamente el 1,54% del global del plan. Y hay que leer la letra pequeña: el 74% de este dinero se dedicará, no a más contratación o a formación de profesionales, sino a renovación de equipación. “Cuando desglosas las inversiones lo ves claro: están pensadas para la empresa privada”, afirma Nicola Scherer, investigadora del ODG.
Para este organismo, la conclusión es clara, «si no hay previsiones al respecto, esta será una época de profundos recortes y expansión de la pobreza», ya que la prioridad de la economía será hacer frente a la deuda, y los acreedores son, en este caso, quienes diseñan a día de hoy la política económica. Los Next Generation se trata por tanto de una reedición de la troika del 2011, pero con todos los partidos del parlamento, de izquierda a derecha, arrodillados ante los grandes monopolios.
