Los resultados electorales del 23J dibujan un escenario complicado para la formación del nuevo gobierno estatal. Los escaños obtenidos por las 4 principales fuerzas con representación resultan insuficientes para que el partido más votado (PP) pueda formar Gobierno, mientras que el PSOE tampoco cuenta con suficientes apoyos para repetir el Gobierno de coalición con UP.
Dificultades que vienen acompañadas, además, por las consecuencias sobre el reparto final de escaños que puede tener la contabilización del voto emigrante (voto CERA), prevista para el viernes 28 de julio, así como por las presiones para determinar la composición del nuevo ejecutivo, ejercidas a escala internacional pero también nacional por la oligarquía y aparatos de estado del régimen.
Abundar ahora sobre estas cuestiones puede acercarnos a una perspectiva más cabal de la crisis política e institucional de la monarquía parlamentaria bajo la que vivimos y de las alternativas.
El voto CERA
En estas elecciones se han contabilizado un total de 233.688 votantes en el exterior, en torno a un 10% del total del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que finalmente ejercieron su derecho, lo que supone una participación más de tres puntos superior a la registrada en los comicios de 2019.
Las previsiones sobre los posibles resultados del recuento del CERA varían según cada partido. El PP especula con poder rebanar varios escaños en algunas provincias, particularmente en Madrid y Girona, restándolos al PSOE y a Junts per Catalunya respectivamente. Los socialistas creen que en circunscripciones como Girona o Canarias e incluso Ceuta podrían mejorar resultados, aunque lo más probable será que se mantenga sin cambios la aritmética actual de distribución de escaños.
Tales especulaciones, no obstante, tienen su enjundia. Si el PP rasca algún escaño más en Madrid y Girona quedaría con 138 diputados, mientras el PSOE retrocedería hasta los 121 y Junts per Catalunya pasaría a seis en lugar de los 7 actuales. Situación que, a su vez, obligaría al PSOE a tener que recabar para su investidura (y la gobernanza posterior) el apoyo favorable de Junts. Apoyo que tiene por apellidos una exigencia de aministia y autodeterminación que el propio PSOE y demás partidos constitucionalistas, así como la monarquía y los poderes facticos, rechazan de plano.
En cambio, si los resultados se mantuvieran como están ahora después de escrutado el voto CERA, los partidos del bloque “progresista” podrían conseguir finalmente revalidar una mayoría simple muy ajustada y mucho más inestable que en la legislatura pasada, pero siempre y cuando Junts se abstuviera (la suma de PSOE y Sumar con sus socios –ERC, EH-Bildu, PNV y BNG– se quedaría en 172, frente a los 171 del bloque de la derecha), aunque también en este caso el “peaje” a pagar por la abstención de los nacionalistas catalanes de derecha levantaría ampollas entre los partidos constitucionalistas y la monarquía, tal como titula significativamente un opinador de “El confidencial”: “La verdad del 23-J, sin contemplaciones hacia el fin de la Constitución del 78 “. Eso es justo lo que nos gustaría.
El viernes 28 de julio tendremos, pues, la foto fija de la aritmética parlamentaria definitiva. No obstante, gane el PP o se mantengan las cosas como ahora, sigue estando claro que el principal avance que la clase dirigente española esperaba se ha visto truncado en estas elecciones, gracias a la movilización trabajadora y popular contra un posible gobierno del PP-VOX. Una movilización que, por otra parte, tampoco constituye un “cheque en blanco” concedido a los “progresistas”, ni admitiría -esperemos- algún tipo de componenda entre PP y PSOE, como proponen diversos sectores dentro y fuera de estas mismas organizaciones.
La burguesía española avanza pero no culmina la renovación de su aparato político
El fallido retorno al bipartidismo del 23J, por otra parte, si ha cosechado algunos de los resultados esperados por los poderes fácticos. Como señala Communia, en efecto el PSOE ha avanzado bastante hacia esta renovación institucional. Podemos ha desaparecido deglutido en un Sumar preparado para hacer de muleta de los gobiernos socialistas y la España Vaciada salió del Parlamento.
Y lo que tampoco es menos importante: en la bancada independentista catalana, ERC perdió 6 de sus anteriores 14 escaños y la CUP ha quedado fuera, al tiempo que la rama catalana del PSOE ganó en todas las provincias logrando un resultado conjunto con Sumar de 25 de 49 diputados. Sólo Junts, la lista del hoy exiliado ex-Presidente Puigdemont, ha quedado casi intacta, al perder un escaño de los ocho que sacó en 2019.
E igualmente, en esta línea de consolidar un nuevo bipartidismo, el PP también tuvo cierto éxito el 23J, al lograr aglutinar el voto de Ciudadanos y de una parte de Vox, que fue el partido que más diputados perdió, pasando de 53 a 32 diputados y diputadas.
Sin embargo, tampoco es menos cierto que, muy posiblemente, PP sólo podría formar gobierno con la ayuda del PSOE, mientras que este sólo podrá hacerlo si (el CERA mantiene la misma aritmética de escaños y), en el segundo turno de votación de su candidatura en el Parlamento, Puigdemont acabara dando al PSOE la abstención de Junts per Catalunya.
Pero, más allá de estos avances, no constituye una buena noticia para el capital español tener que asumir un gobierno con funciones limitadas al menos hasta enero, como seguramente ocurrirá por las dificultades señaladas para formar gobierno. Por un lado, porque necesita para ya una mínima estabilidad y perspectiva temporal para asegurarse y organizar los grandes programas que gestiona, financiados con los fondos de recuperación de la UE (Resiliencia, Next Generation…).
Y por otro, más importante aún, porque la situación económica global no le permite esperar una gran bonanza, siendo que la guerra de Ucrania no sólo ha atado a la UE a la cola de unos EEUU en su rumbo de colisión con China, al reducir aún más su autonomía estratégica, e incrementarse una transferencia de rentas y capitales desde Europa a EEUU que Washington por todos los medios pretende mantener.
¿Y ahora?
Si los capitales europeos quieren resistir la embestida norteamericana y la crisis al mismo tiempo, tendrán que sostener en el tiempo la transferencia de rentas del trabajo al capital que yace bajo la inflación actual y de los años anteriores. Como parte de eso, las políticas de austeridad no sólo van a volver, sino que serán más duras para toda la eurozona.
Aunque esto apenas se mencionó durante la campaña electoral, el gobierno Sánchez ya se comprometió con Bruselas a reducir el déficit público al 3% en 2024, mientras que ya empiezan a difundirse desde ciertos medios los avisos interesados de que el futuro nuevo gobierno tendrá que recortar 30.000 millones en 2024 para cumplir con la UE.
Las «recetas» de la burguesía española para los próximos años están, por tanto, bastante perfiladas:
- Un modelo productivo con menor participación de los salarios en la renta nacional y los salarios de los trabajadores concentrados en torno al SMI como base para reanimar la acumulación.
- La puesta en marcha de una Economía de Guerra en permanente «pacto de rentas»… que inevitablemente consolidará la pobreza laboral y la «grieta» de ingresos entre los trabajadores y pequeña empresa.
- Y el fin de los servicios y políticas sociales universales y su sustitución por «políticas para los vulnerables» en el marco de la nueva austeridad. Austeridad que hasta ahora se retrasó sólo temporalmente por las políticas contra el impacto del Covid sobre las inversiones y la guerra contra Rusia.
Recetario que, por otra parte, parece resultar bastante coincidente con lo que dice, por ejemplo, con otra terminología, la valoración del 23J realizada por la ejecutiva de CCOO-PV:
(…) desde CCOO instamos a configurar una mayoría progresista que asuma compromisos programáticos ante los grandes desafíos que tiene nuestro país: la necesidad de consolidar y desarrollar las apuestas estratégicas de la legislatura pasada, derivadas en buena parte de los acuerdos alcanzados en el marco de la concertación social. Todo ello se deberá desarrollar en el marco de definición en el seno de la UE de las nuevas reglas fiscales, de gobernanza, redefinición del pacto de estabilidad y crecimiento y desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
¿Los trabajadores? ¿La alternativa?
En el marco que definen las políticas mencionadas y comprometidas, de recorte del gasto público, guerrerismo y sumisión imperialista, si el PSOE alcanza el gobierno asumiendo (como ya ha prometido ante la UE) la ejecución de una nueva ola de austeridad, la respuesta que corresponde a las organizaciones de clase no puede ser otra que defender las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos del estado, gobierne quien gobierne.
Gracias a la movilización trabajadora y popular, el 23 J finalmente no cerró el bipartidismo que pretendían los constitucionalistas. Si, como parece casi seguro, el nuevo gobierno trata de imponer los recortes y las políticas de guerra que mandatan la OTAN y la UE, la brecha entre las instituciones del régimen, partidos políticos incluidos, y la gran mayoría crecerá y se ampliará, poniendo en primer término la necesidad de un referente político como clase trabajadora y de tejer alianzas por la ruptura democrática con la monarquía.
