Tras la constitución de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, la dinámica parlamentaria española inicia su recorrido dentro de una legislatura que a todas luces parece complicada, en el mejor de los casos, pues todavía cabe la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones generales, de no conseguirse finalmente una mayoría suficiente de gobierno.
Por ahora, superada la primera negociación, y una vez el rey propuso (incumpliendo el artículo 99 de la Constitución y con la aquiescencia socialista) formar gobierno a Núñez Feijóo del PP, pese a no contar éste con la mayoría suficiente, las fuerzas políticas parlamentarias están viendo qué exigencias trasladarán a los presidentes del PP y del PSOE, pues los socialistas aun confían en reeditar en segunda votación la mayoría conseguida en la Cámara Baja para poner en marcha un nuevo gobierno de coalición.
Un nuevo gobierno que, como venimos diciendo en esta misma web (buscar), deberá afrontar hipotecas importantes ya contraídas en el marco de la UE y la OTAN, y cuya satisfacción entra claramente en conflicto con los intereses legítimos y demandas de los trabajadores y de los pueblos, expresadas durante la anterior legislatura tanto en las calles como en las urnas, en los apoyos recibidos y en la desafección partidista mostradas durante las últimas convocatorias electorales.
En efecto, faltando unos meses para el fin de año y la preceptiva presentación de los presupuestos para el 2024 (o una prórroga del 2023), también hay que tener en cuenta que a partir de la primavera próxima habrá que cumplir las reglas fiscales pactadas con Bruselas. El futuro gobierno español, sea cual sea su composición, tendrá pues que mantener en un 3% los límites del déficit público y en el 60% del PIB el nivel de la deuda pública. Unos objetivos de recorte presupuestario nada desdeñables, considerando que actualmente el déficit ronda el 3,9% y la deuda pública supera el 113% del PIB.
La Comisión europea exigirá pues al nuevo gobierno un ajuste fiscal del 0,7% (como ya aceptó hacer el gobierno PSOE-UP a cambio de los fondos europeos obtenidos bajo el llamado Plan de Resiliencia), lo que supondrá unos recortes presupuestarios (en materia de servicios y prestaciones públicas, inevitablemente) como mínimo por valor de unos 10.000 millones de euros anuales. Y también obligará al nuevo gobierno a que retire las medidas para contener la inflación -como las ayudas fiscales a los alimentos, a los combustibles o las ayudas del transporte y a los alquileres-, así como un mayor “énfasis” en el control de la deuda, pues a partir de 2024 tendrá cuatro años para reducir el mínimo del 1% anual.
Pero las exigencias al nuevo gobierno que pueda surgir a partir de ahora no vienen sólo de la UE y del Banco Central Europeo, también la OTAN y EEUU exigen a los miembros de la Alianza Atlántica, incluida España, aumentar sus gastos de defensa hasta el 2% del PIB. Un objetivo que el gobierno de coalición POSE-UP ya se comprometió a cumplir progresivamente, subiendo desde el teórico (en realidad es mucho mayor) 1,2% actual hasta alcanzar el 2% en 2029. Aumento que supondrá casi duplicar los gastos de defensa casi 11.000 millones de euros más cada año, por lo que tendrán que ser aún mayores los recortes sociales del gasto público, de sanidad o educación.
Unos recortes que ya vienen acompañados, por la otra parte, por los incumplimientos arrastrados por la precedente coalición “progresista” en materia de pensiones, empleo, relaciones laborales y un largo etcétera. Incumplimientos a los que ahora habrá que sumar los derivados de los nuevos problemas y demandas determinados por la actual “economía de guerra” y las exigencias del cambio productivo por la crisis climática, como son la subida de tipos y encarecimiento de la vida, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, precarización y empobrecimiento laborales…
Además de que con más gastos militares y menos gastos sociales, que ocasionan cientos de miles de víctimas en ambos bandos en Ucrania, ¿de qué “progreso” pueden hablar quienes asumen y participan en tamaña destrucción?.
Bajo esta perspectiva, los trabajadores y las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores y de los pueblos no tenemos otra opción que mantener la lucha y continuar exigiendo la satisfacción de los derechos y libertades básicas. La experiencia de la anterior legislatura, bajo un gobierno “progresista” pero incapaz de satisfacerlas en lo principal, sigue mostrando que solo la lucha y la organización independiente de los trabajadores nos permitirá avanzar en esta dirección, poniendo fin a un régimen político heredado del franquismo y que ha mostrado hasta la saciedad su incapacidad para resolverlas.
