Redacción. Informacionobrera.org
¡BASTA YA! ¡Organizaciones reaccionarias y jueces franquistas no pueden seguir mandando a su gusto este país!
Una vez más, una denuncia de organizaciones ultraderechistas permite a un juez que, basándose exclusivamente en unas noticias periodísticas de medios igualmente derechistas y ultraderechistas, intente implicar al presidente del gobierno Pedro Sánchez en la persona de su esposa Begoña Gómez.
Llueve sobre mojado
No es la primera vez que sucede. Ese lawfare (“guerra legal”, consistente en la persecución judicial con fines políticos) lo padeció antes Podemos, con más de 20 denuncias, todas ellas archivadas, lo ha padecido Mónica Oltra, que se vio obligada a dimitir por una denuncia que finalmente se archivó, lo han padecido los republicanos catalanes. Lo padeció Alberto Rodríguez, expulsado de su escaño por una denuncia falsa. El aparato judicial heredado del franquismo no duda en utilizar todos sus recursos para intimidar a cualquiera que le moleste.
Hace años, vivimos una situación similar, cuando una alianza de policías, fiscales y jueces, apoyándose en el artículo 315.3 del Código Penal, se conjuró para procesar a cientos de sindicalistas con un objetivo final: prohibir los piquetes de huelga, atentar al derecho de huelga conquistado en la lucha contra el franquismo. Sólo una poderosa campaña, que implicó a los sindicatos, consiguió poner fin a esta conspiración imponiendo la derogación del artículo 315.3.
En una carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez implica en esta provocación a Núñez Feijóo, secretario del PP, y a Abascal, de VOX, y se plantea la posibilidad de dimitir. Los franquistas se frotan las manos ante unas posibles elecciones anticipadas que podrían llevarlos al gobierno.
El poder de las instituciones antidemocráticas
Pero más allá de estos representantes políticos, lo que está detrás son las instituciones franquistas, con el rey a la cabeza, para las que es inconcebible que se dé un mínimo paso en las libertades o derechos. Un aparato que toleró e incluso colaboró con el asedio a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero y las múltiples manifestaciones frente a la sede del PSOE en contra de la ley de amnistía.
En efecto los herederos de Franco no pueden permitir que el gobierno producto de la elección popular, con plena legalidad, plantee la aprobación y aplicación de su ley de amnistía a todos los implicados por las movilizaciones del procès, y, en particular, a los que se manifestaron en octubre del 2019 contra la sentencia de 100 años de prisión en total a nueve dirigentes políticos catalanes, cuyo supuesto delito era movilizarse por su ideales y convicciones. El aparato judicial no tolera que la ley de amnistía ponga en juicio su persecución contra miles de ciudadanos catalanes (persecución, no olvidemos, auspiciada por el rey en su infame discurso del 3 de octubre de 2017).
Esto es inadmisible para las instituciones franquistas, que llegan, incluso, a acusar de terrorismo a los que se movilizaron.
Todos estamos amenazados
A partir de este miércoles, militantes y simpatizantes han acudido a la sede del PSOE en Ferraz para rechazar la agresión de la justicia franquista. En todo el país, manifestaciones de este tipo se preparan este jueves en las sedes de las agrupaciones del PSOE.
Esta cuestión no se limita al PSOE ni a Pedro Sánchez. Atañe a todas las organizaciones democráticas y obreras apegadas a la defensa de la libertad y los derechos. Y esto al margen de la consideración y opinión que tenemos de la política del gobierno actual.
Tolerar el ataque a Pedro Sánchez es dar alas a la reacción. Todas las organizaciones obreras y democráticas deben hacer frente común para derrotar a la provocación franquista. Como defensores de la democracia y los derechos, planteamos el rechazo incondicional a esta provocación y nuestro apoyo a las manifestaciones en su contra. La movilización debe continuar en la lucha por la amnistía total y la derogación de la ley mordaza y toda la legislación represiva franquista.
Pero no podemos quedarnos ahí. El poder de las instituciones monárquicas y en particular del aparato judicial franquista, combinado con el aparato mediático ligado a él, pone en cuestión cualquier posible avance social y democrático, e incluso el mantenimiento de las libertades conquistadas en la lucha contra la dictadura y después de la muerte de Franco.
Poner fin a todo esto: luchar por la República
La depuración del aparato de Estado nunca realizada sigue, más que nunca, en el candelero. La lucha por la República, por acabar con el régimen monárquico heredero del franquismo, es imprescindible, incluso más que nunca, para mantener y avanzar en derechos sociales y libertades.
Comprometidos incondicionalmente en esta lucha, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que la marcha a Madrid por la República convocada para el 16 de junio se constituya en una manifestación masiva, referente político para todos los trabajadores y pueblos de España, acelerando la crisis del régimen monárquico y la implantación de la República.
Jueves, 25 de abril.
