Carta semanal. Posicuarta.org
La obtención de la amnistía es una necesidad para la mayoría social
El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 en el Congreso de los Diputados por el voto en contra, a última hora de los 7 diputados de Junts. El paso de la ley al Senado se atrasa, el proyecto pasa a la Comisión de Justicia del Congreso, que debe decidir este martes 6 de febrero el plazo –de 15 días a un mes– para volver a presentar el Proyecto. Evidentemente, nada está escrito y también puede concluirse que no hay ley.
En esta hipótesis sería, sin duda, la legislatura la que estará cuestionada al romperse la mayoría de los partidos que votaron la investidura.
Pero al margen de este calendario, hay que analizar cuál es el fondo de la cuestión y qué es lo que está en juego.
El papel de las instituciones heredadas
En primer lugar, en este caso las instituciones judiciales que, no olvidemos, están presididas por el rey -en cuyo nombre se dictan las sentencias- y pugnan por ser completamente independientes de la soberanía popular. Es por ello que el PP -respaldado por la Comisión Europea- quiere modificar la elección de los órganos de gobierno del poder judicial, y que ésta se realice sólo por los mismos jueces. 5.421 ciudadanos a los que se otorgaría plena y absoluta capacidad de bloquear las decisiones del Parlamento y el Gobierno o de organizar persecuciones contra cualquiera que resulte no grato al aparato del Estado y al capital financiero.
Estas instituciones, en su estructura y composición son heredadas del franquismo, y campan en total arbitrariedad. No es una afirmación, ni un juicio de valor. El juez García -Castellón – que se declaró incapaz de averiguar quién era un tal M. Rajoy que figuraba en los papeles de la Gurtel, y que ha organizado no menos de 20 procesos e investigaciones contra Podemos, todas ellas archivadas sin llegar a ningún sitio- se ha dedicado estos últimos días a desempolvar sumarios durmientes para intentar acusar a Carles Puigdemont y otros dirigentes de ser terroristas o inductores del terrorismo, llegando incluso a acusar al actual President Pere Aragonés, de ser el dirigente de los CDR (Comités en defensa de la República) que organizaron la manifestaciones del procès.
Al alimón, el juez Joaquín Aguirre ha llegado, después de siete años sin avanzar en su sumario, a acusar a dirigentes catalanes de estar en connivencia con Putin, el cual les habría prometido dinero y miles de soldados para conseguir la independencia. El propio Juez Aguirre explicó a la Televisión pública alemana el lunes 29 de enero las conexiones rusas en el Procès (Operación Voloh), saltándose el secreto del sumario y dictando el mismo día un auto acusando a Puigdemont de alta traición. Casos y ejemplos verdaderamente esperpénticos si no fueran trágicamente ciertos.
No se trata solo de la reacción aislada de unos jueces “politizados”. Es la cúpula judicial que lleva cinco años con el mandato caducado, la que encabeza la ofensiva y a la que siguen diversas asociaciones profesionales de la judicatura.
La crisis política y la ruptura del consenso tal como se ha conocido en este país desde los Pactos de la Moncloa, deja todo al desnudo. Mientras, el PP en la manifestación del domingo 28 de enero, ensalza a estos jueces como héroes nacionales. La herencia del franquismo, que pervive en el aparato judicial se confabula con su expresión política actual.
Pero en el debate sobre la ley de amnistía hemos podido oír en el Congreso alegatos sobre “jueces prevaricadores” y “justicia franquista” (a los que el Consejo del Poder Judicial ha anunciado que va a responder)
La actitud de algunos jueces son los argumentos que ha utilizado Junts para votar en contra (aunque en la comisión de Justicia, votó en cuatro ocasiones a favor del texto), pues consideran que la ley de amnistía no los defendía suficientemente.
La cuerda está tan tensa que este jueves 1 de febrero Pedro Sánchez se ha visto obligado a declarar que “los independentistas catalanes, no son terroristas”. Lo sucedido estas últimas semanas evidencian una vez más un hecho claro: la herencia franquista impide la democracia en este país.
Imponer la amnistía sin confiar en las instituciones
Este es el hecho claro: los representantes políticos del franquismo consideran que el PSOE, con sus medidas para restablecer derechos democráticos ha roto el Pacto Constitucional que los mantenía a resguardo y protegía la herencia franquista
Y Nuñez Feijóo es consciente de lo que habla cuando dice que “en Cataluña hubo miedo, terror y fascismo en 2019”, ¿a qué se refiere? No será a los ciudadanos apaleados por querer votar Recordemos el 14 de octubre cae la sentencia contra 12 dirigentes catalanes, 100 años de cárcel. La respuesta es inmediata: la mayoría de la juventud y la población de Cataluña se moviliza, superando las pertenencias independentistas o no. El 18 de octubre cientos de miles de catalanes marchan sobre Barcelona en una de las manifestaciones más masivas históricamente contra la sentencia… El nivel de violencia es muy limitado, pero es evidente que los franquistas tuvieron el miedo en el cuerpo, ante la posibilidad que esta movilización se consolidara.
Es el miedo a que la amnistía levante de nuevo la acción de los trabajadores y los pueblos lo que hace que el PP se niegue, en redondo, a cualquier acuerdo.
Desde el punto de vista de los trabajadores y los pueblos, de la necesidad imperiosa de establecer la fraternidad entre los pueblos, su unidad ante un enemigo común, el régimen monárquico, la amnistía es un paso imprescindible, y es la vía para acabar con toda la legislación represiva como la ley mordaza, que se aplica a todos los trabajadores del país. Y para dar pasos en el camino de librarse del aparato judicial heredado de la dictadura, enemigo de los trabajadores y, de sus organizaciones y de sus movilizaciones, enemigo de las mujeres, enemigo de los derechos de los pueblos.
Nosotros no nos identificamos con Puigdemont o Aragonés, ni somos partidarios de la independencia, pero defendemos el derecho democrático a que los pueblos decidan, reafirmamos ante estos hechos que, para mantener la unidad de los pueblos, ésta debe ser libre y no impuesta, y esto exige acabar con el régimen monárquico y sus jueces, o sea, abrir el camino a la República
Por ello, damos todo nuestro apoyo a la campaña iniciada por el Llamamiento REDOBLAR LA LUCHA POR LA AMNISTÍA
Publicamos también un documento que forma parte del debate del Congreso Mundial de la IV Internacional:
EL SIGNIFICADO DEL COMBATE POR LA AMNISTÍA
La situación política hoy en el estado español está polarizada por la exigencia de amnistía. Sin embargo es necesario para comprender el alcance de esta reivindicación, en principio democrática, recordando como en la historia de la lucha de clases en España la amnistía ha sido un elemento movilizador y de ruptura con el régimen.
Y al mismo tiempo es hoy la expresión de la quiebra política del régimen bastardo constituido en España después de la muerte de Franco. Es por ello que esta crisis se inscribe en una situación internacional en que todos los regímenes políticos en Europa y más allá están en crisis, amenazando con arrastrar al Estado Crisis que toma formas, claro está, nacionales, pero que tiene un fondo común en la descomposición del mercado mundial y la necesidad de la guerra, de las guerras por parte del capital para intentar sobrevivir.
Es preciso recordar que la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 aceleró la descomposición del régimen dictatorial. Y la amenaza de una revolución social, que combinaba la lucha del proletariado -único como clase a escala estatal- y la emergencia de los pueblos oprimidos -en particular el catalán y el vasco- amenazaba con desestabilizar el orden en toda Europa y particularmente después de la revolución de los claveles que se inició en Portugal el 25 de abril de 1974.
Todas las fuerzas de la contrarrevolución a escala internacional se coaligaron para impedir una revolución en España…desde el Mercado Común, la OTAN ,los gobiernos europeos la burocracia del Kremlin y la Internacional socialista hicieron lo imposible para, por medio de los dirigentes del PCE ,del PSOE y en buena medida los partidos catalanes y vascos, impedir una explosión revolucionaria.
Frente a la movilización creciente de trabajadores y pueblos, que exigían acabar con la dictadura y todas sus instituciones, así como todas las exigencias sociales y económicas, se estableció de hecho un consenso político entre los representantes de las instituciones franquistas y los partidos de referencia obrera y nacionalista.
En este periodo la exigencia de AMNISTÍA, y del derecho de autodeterminación eran consignas comunes a todos los partidos antifranquistas en todo el territorio.
Yendo unos años antes ya el 1970, cuando se anunciaron los procesos de Burgos contra militantes vascos, una campaña por la amnistía recorrió el Estado ,el 4 de noviembre de 1970 ,en plena dictadura hubo una potente movilización política, encabezada por la clase obrera en este sentido. Bueno es recordar que Franco se vio obligado a indultar a fines de año a los condenados vascos. Este retroceso anuncian el fin de la dictadura y todo el mundo comprendió que no sería un caída en frío sino como producto de la entrada en acción en alianza práctica de los trabajadores y los pueblos,
El orden mundial, impuesto después del 45 exige impedir este peligro.
El consenso impuesto por el imperialismo y la burocracia del Kremlin se concretó en los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977.Pactos sociales y políticas que “restauraban la monarquía, preservaban una buena parte de las instituciones franquistas -el sindicato vertical fue barrido por los trabajadores- a cambio de la libertad, algo limitada, de partidos y sindicatos ,la instauración de Cortes elegidas, ayuntamientos electos, y, para desviar la cuestión nacional, la regionalización del país, su “división” en 17 regiones .
Una amnistía particular (ver anexo) se estableció en 1977 ,que en realidad fue una ley de Punto final pues pasaba página de la brutal represión franquista y sus responsables.
O sea, no hubo una verdadera amnistía. Aunque se intentó equiparar con la amnistía de febrero 1936 .Recordemos la campaña electoral de febrero 1936 que dio la victoria al Frente popular estuvo presida por la exigencia de amnistía a los más de 30000 represaliados de la insurrección de octubre 1934 en Asturias.
Los pactos de la Moncloa sirvieron para dividir al movimiento de masas, semi integrar a las organizaciones y preservar las instituciones centrales del régimen, garantes del gran capital. Pero saldar la herida en falso: la “reforma del régimen ” aplazó el enfrentamiento entre las clases.
Es por ello que desde las instituciones internacionales de entrada la Banca Mundial saludaron los Pactos de Moncloa como los pactos que correspondían a realizar para organizar la “transición a la democracia de las dictaduras existentes en América Latina o África…por ejemplo la transición en Chile casi copia la “letra ” de los Pactos de la Moncloa.
Hoy, el agotamiento de este régimen es evidente. Es por ello que el gobierno en funciones “Sanchez/Diaz” lo que proponen es un nuevo Pacto político, social ,jurídico, a ser firmado por partidos sindicatos ,instituciones de la sociedad “civil”…o sea un intento de reescribir la Constitución adaptarla para preservar el régimen con alguna concesiones en particular la amnistía o indulto a 1432 ciudadanos catalanes implicados en las movilizaciones de los últimos años .
Estamos en medio de un proceso de una total incertitud. La sección de la Cuarta internacional actúa partiendo de los interese de los trabajadores y los pueblos por ello defiende la AMNISTÍA SIN CONDICIONES. En un contexto como el descrito todas las fuerzas políticas que dicen defender los intereses de la mayoría social están sometidas a la prueba de la verdad ante esta cuestión .Lo cual se suma a otro de los elementos que parten aguas: la guerra y los gastos militares,
El combate en España por una representación política fiel a los intereses de los trabajadores y los pueblos integra estas exigencias esenciales.
