La reforma de las pensiones del PSOE-UP y lo que no nos cuentan

Casi en las mismas fechas, los gobiernos de Francia y España han tramitado por decreto sendas reformas de sus sistemas de pensiones impuestas desde Bruselas y que, no cabe ignorar, han recibido muy distinta respuesta política, sindical y ciudadana. Pero lo más chocante, seguramente, es que la izquierda española apoye sin fisuras la movilización francesa contra la reforma de Macron a la vez que respalda, también sin fisuras, la reforma planteada por el gobierno Sánchez.

Es verdad que ambas reformas resultan muy distintas, como también lo son los sistemas de previsión desarrollados históricamente en cada país. Diferencias que ahora igualmente se plantean tanto en la agresividad de los recortes planteados como en la accesibilidad, es decir, el tiempo necesario de cotización para acceder a la pensión de jubilación y su porcentaje, así como la edad para tener derecho a jubilarse.

Sin embargo, resulta igualmente claro que los objetivos y fines perseguidos por ambas reformas (recorte del gasto público y privatización), así como la forma autoritaria bajo la que se han impuesto (decreto gubernamental excluyendo el debate parlamentario) resultan coincidentes, por lo que surge el interrogante sobre la postura asumida por las fuerzas políticas y sociales españolas “progresistas” en uno y otro caso.

Desde que se anunció por el gobierno Macron la reforma de las pensiones en Francia, ésta recibió una inmediata respuesta sindical y en la calle que todavía continúa. Lucha centrada en que la jubilación se mantenga a los 62 años y no suba hasta los 64, y que los años cotizados para obtener plena pensión tampoco se amplíen. La ciudadanía francesa, particularmente la clase trabajadora, llevan con huelgas, boicot y manifestaciones una lucha en defensa de lo público y de los derechos fundamentales que también ha prendido en el parlamento (moción de censura) y que puede acabar con el gobierno de Macron.

En cambio, las distintas reformas en el estado español, todas con consenso político y sindical, llevadas a cabo desde 1985 hasta la última de 2023, se llevaron por delante o recortaron esos mismos derechos fundamentales tan peleados en Francia, e introdujeron mecanismos directos de re-privatización, como los Fondos de Pensiones de Empleo o planes complementarios de empresa, obligatorios para todos los y las trabajadoras contratadas.

En nuestro país, las personas que no hayan cotizado más de 38,5 años, no pueden jubilarse hasta los 67 años. Y sólo pueden jubilarse anticipadamente a partir de los 63 años y con penalizaciones en su pensión. Además, la pensión que se calculaba en base a los últimos 25 años cotizados, pasará a los 29 años en 2026 pudiendo coexistir con los 25 años sólo hasta 2044, mientras que los años necesarios para tener derecho al 100% de la Base Reguladora son ya de 36,5 años y seguirán subiendo.

El argumento principal para justificar estas agresiones al sistema público no puede ser más torticero. Aunque por un lado se cuestiona su sostenibilidad financiera, por el otro se bloquea la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que establece la ley y que sería la única forma de conocer si hay o no un problema de sostenibilidad, ya que durante muchos años se ha ido desviando el dinero público de la caja de las pensiones a otros fines.

Además, aunque hubiera un problema de sostenibilidad futura de las pensiones por envejecimiento de la población, lo lógico sería, antes que agredir frontalmente las condiciones de vida de la clase trabajadora, suplementar la caja de las pensiones con más recursos echando mano del presupuesto general del estado. Pero Bruselas y los social-liberales españoles han optado por lo contrario, por mantener bajas las pensiones y privatizar una parte del sistema mediante los planes complementarios y los fondos privados.

Del mismo modo, la «letra pequeña» del decreto de pensiones español recién publicado y que entrará en vigor el 1 de abril, resulta bastante ilustrativa sobre otro punto con el que ahora se pretenden justificar las bondades de la nueva reforma, el de la subida de las cuantías de las percepciones. La propaganda oficial insiste, de nuevo torticeramente, en que se han mejorado sustantivamente las de menores ingresos (mínimas y no contributivas), lo que resulta bastante matizable a la luz de los datos puros y duros.

4 años para que la pensión mínima llegue a 1.200 euros y la no contributiva a 8.300 euros

Actualmente en España hay casi 10 millones de pensionistas contributivos y más del 53% cobran menos de 1000 euros, especialmente las mujeres. Este el gráfico detallado de la distribución “mileurista” de cuantías y situaciones de noviembre del año pasado.

La nueva reforma del gobierno PSOE-UP establece, sin embargo, unas estimaciones de incrementos futuros que están siendo publicitadas omitiendo especificar el plazo marcado de 4 años para implementarlos progresivamente y también se omite, entre otras cosas, toda estimación de los incrementos correspondientes del IPC real durante ese mismo período, un incremento que ciertamente seguirá detrayendo poder adquisitivo a los sufridos bolsillos y economías pensionistas.

La pensión mínima subirá progresivamente, hasta situarse en 2027 en unos 16.500 euros anuales, lo que significa 1.200 euros mensuales (en 14 pagas) dentro de 4 años, de forma que la pensión mínima contributiva se alineará -entonces- con el 60% de la renta mediana (para un hogar de dos adultos). Esto significa que las pensiones mínimas pasarán de los actuales 13.500 euros al año a 16.500 en 2027, siempre según los cálculos realizados por la Seguridad Social y sin tener en cuenta el alza del IPC que pueda producirse, ni tampoco los incrementos salariales a los que se pueda llegar en este período.

Con respecto a las pensiones no contributivas, la proyección efectuada por el departamento del ministro Escrivá dice que pasarán desde los alrededor de 6.800 euros al año actuales hasta alcanzar los 8.300 euros en 2027. Es decir, que subirán para situarse en el 75% del umbral actual de pobreza. Así, para el año 2027, alcanzarían los 592,85 euros al mes, mientras que ahora mismo ascienden a 484,61 euros. Diferencia apreciable aunque poco sustantiva, si consideramos la cuantia total y el previsible incremento adicional del coste de la vida.

Las pensiones mínimas de viudedad se dice que subirán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años, equiparándose a las pensiones contributivas de jubilación. Más en detalle, la reforma plantea que las pagas mínimas de viudedad suban en 2024 desde 40 euros al mes para las pensiones individuales hasta los 126 euros más en viudedad con cargas. Dadas las percepciones actuales en estos casos, muy inferiores al SMI, estas subidas tampoco parece que tendrán repercusiones consistentes en la calidad de vida de las afectadas.

Finalmente, también sube, siempre paulatina y comedidamente, el complemento de brecha de género de las pensiones, igualmente publicitado con alharacas. En el año 2023 supone 30,40 euros mensuales por cada hijo o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe, y con la reforma, este complemento subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

A la luz de estas magras cuantías, actuales y tras su futuro aumento progresivo durante los próximos 4 años, se entiende mejor también porqué, por ejemplo, uno entre muchos otros, desde el pasado 13 de marzo, diversas organizaciones de pensionistas se viene movilizando para exigir pensiones mínimas dignas. Es decir, pensiones que alcancen YA los 1080 euros, con los que poder afrontar YA las alzas de precios que se siguen produciendo. Porque nadie puede esperar los 4 años que pretende la nueva reforma de las pensiones y porque, aunque lo hiciera, tampoco le serviría sustantivamente dados los precios actuales.

Y por si estos aumentos previstos no fueran insuficientes, está el detalle nada menor del tope del 15% del PIB para el gasto público en pensiones. Así el decreto y las negociaciones con Bruselas también han acordado modificar este decreto de reforma, en caso de que pudiera llegarse a traspasar el límite del 15% del gasto.

Ciertamente, el decreto de Escrivá incluye mucha más letra pequeña, pero con lo dicho ya tenemos una perspectiva realista de lo que en realidad plantea el ejecutivo PSOE-UP y aplauden las cúpulas sindicales. Cabe pues, preguntarse, entre muchas otras cuestiones:

¿Por qué los y las “progresistas españoles” apoyan una reforma de las pensiones que en lugar de cambiar prolonga la agonía económica de la población trabajadora?

¿Alabando la reforma Escrivá que la UE también apoya, qué intereses son los que defienden en realidad estas cúpulas dirigentes, políticas y sindicales?