La Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del PCOE acaba de difundir un análisis de la situación de los trabajadores y trabajadoras del estado bastante divergente con lo publicitado por los medios y aplaudido, incluso, por el gobierno y desde las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Seguidamente resumimos los principales datos y valoraciones, con las que coincidimos en lo sustancial: el capitalismo actual vive de la miseria de la clase trabajadora.
La pasada semana apareció en los medios de comunicación el informe de datos sobre el empleo del Instituto Nacional de Estadística de 2023: 783.000 ocupados más en 2023, baja la tasa de paro al 11,7%, un cuarto trimestre de 2023 con un ritmo de creación de puestos de trabajo del 3,8% y una reducción del número de parados de 193.400 personas.
Sin embargo, ya en febrero de este año conocimos que el paro registrado aumentó en enero de 2024 en 60.404 personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En un mes en el que la afiliación media a la Seguridad Social se redujo en 231.250 personas con respecto a diciembre, aunque lo que se destaca públicamente es sólo la reducción en el número de parados de 140.537 (-4,83%) con respecto a los de hace un año. Dato sesgado pero que la ministra Yolanda Díaz considera muy positivo y autogratificante, lo mismo que el gobierno.
Ya sabemos que el capitalismo es especialista en vender sus debilidades como fortalezas, pero al final, con un análisis serio de la situación, se ve como este sistema no deja de ser un gigante con pies de barro.
Incluso dando por buenos los datos que predican los medios burgueses a bombo y platillo -siendo generosos, pues ya sabemos que tanto las instituciones burguesas como sus medios no tienen pudor en mentir descaradamente si lo necesitan- la disminución del número de parados no supone una mejora para el conjunto de la clase trabajadora, sino un reparto de la miseria.
No hay más que observar que el número medio de horas por trabajador no ha dejado de disminuir desde 2008, según el Instituto Nacional de Estadística, pero sobre todo después de la pandemia:
Los datos de la contratación a tiempo parcial también dejan bien a las claras su incremento constante desde el año 2005:
Un dato que ejemplifica este gráfico: el 41,4% de los ocupados menores de 25 años trabaja a tiempo parcial, según los datos del Informe sobre jóvenes y mercado de trabajo publicado por el Ministerio de Trabajo el pasado mes de junio.
Los datos de los fijos discontinuos, que son la nueva modalidad preferida para esconder la temporalidad, siguen siendo opacos hasta en las principales instituciones estadísticas como el INE. Por el momento, solo se conoce que el número de trabajadores fijos discontinuos inactivos no contabilizados en los registros del paro que cada mes publica el Ministerio de Trabajo osciló entre las 136.000 y las 443.000 personas en 2022, dependiendo del mes. Así lo refleja una respuesta del Gobierno en el Senado a una pregunta escrita formulada por las diputadas del Partido Popular Ana Isabel Alós y María Teresa Ruiz-Sillero.
En ella, el Ejecutivo detallaba el volumen de trabajadores fijos discontinuos inactivos en cada uno de los meses de 2022 (año en que se implementó la reforma laboral) e incluso cuántos de ellos cobraban prestación y cuántos no.
A pesar de que el Gobierno no contabilice como parados a los fijos discontinuos en inactividad y no dé los datos de la cantidad de contratos fijos discontinuos, es evidente que al tratarse de fijos discontinuos hay un periodo de inactividad cuando no se está trabajando y, por lo tanto, no se cobra un salario. Y el número de fijos discontinuos no para de crecer.
Por otro lado, los Expedientes de Regulación de Empleo han continuado produciéndose a decenas de miles tras la pandemia: En 2021 se produjeron 43.662 despidos colectivos que supusieron la suspensión del contrato de 480.918 trabajadores y la reducción de jornada de 78.819 obreros. En 2022 se produjeron 24.215 despidos colectivos que supusieron la suspensión del contrato de 236.314 trabajadores y la reducción de jornada de 34.173 obreros.
Los despidos derivados de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) han experimentado un aumento del 52% durante los primeros nueve meses de 2023, comparado con el mismo período del año pasado, esto sin contar con el ERE en Telefónica que, finalmente, se saldará con el despido de 3.421 trabajadores.
¿Qué significan estos datos?
El análisis de los datos no da lugar a la duda: se están destruyendo los trabajos fijos a tiempo completo y estos se están sustituyendo por empleo a tiempo parcial y contratos discontinuos, siendo los últimos en incorporarse al “mercado laboral” (los más jóvenes), los primeros en sufrir este cambio.
Por un lado se destruyen miles de puestos de trabajo mediante Expedientes de Regulación de Empleo, en su mayoría contratos fijos a tiempo completo y mejor remunerados que la media al estar en Convenios Colectivos con mejores salarios como la Banca, Entidades Financieras o los industriales.
Por el otro, se crean contratas y subcontratas, empresas de servicios como Servinform, Indra, Konecta, Transcom, EULEN, Clece, ACS…, que se adhieren a los Convenios Colectivos peor pagados para hacer el mismo trabajo y que contratan a tiempo parcial y/o en discontinuo.
La destrucción de los puestos de trabajo con mejores condiciones y la sustitución de estos por unos cuya característica es la precariedad es lo que el sistema le ofrece al obrero hoy. El reparto de la miseria, donde trabajar a jornada completa por el salario mínimo va a convertirse en un lujo a disposición de la minoría.
Este cambio, producido desde la pandemia y con el avance de la automatización en muchísimos sectores, se evidencia con la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se implementa por la propia necesidad de este cambio de modelo.
El IMV, en efecto, permite al empresario precarizar el empleo y ahorrarse buena parte de los costes salariales cargándolos a la cuenta del Estado (financiado en su mayor parte por contribuyentes de la clase obrera). De este modo, un trabajador puede trabajar a tiempo parcial o discontinuo y cobrar el IMV para complementar su exiguo salario. Una nueva transferencia de las rentas del trabajo a las del capital.
Las subidas del salario mínimo interprofesional, de igual manera, permiten ahorrar los salarios de las grandes masas de trabajadores que la gran burguesía como Telefónica o la banca han despedido de sus empresas mediante los EREs y, por otro lado, permite aumentar mínimamente los ingresos de los trabajadores más pobres para evitar los impagos de sus deudas (hipotecarias y no hipotecarias) a costa de las empresas más pequeñas, que son aquellas que pagan el SMI a sus trabajadores.
No sorprende la noticia de que la banca obtiene beneficios récord en 2023. Las seis grandes entidades del Ibex35 –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron casi 26.000 millones de euros, un 24,38% más que en 2022.
La gran burguesía hace el negocio redondo, la pequeña y mediana burguesía se proletariza y la clase trabajadora vive en la miseria.
¡Y la “solución” del Gobierno es mantener un nimio impuesto por beneficios multimillonarios de la banca! Medida anunciada a bombo y platillo por los medios burgueses para lavar la cara al Gobierno que más ha recrudecido las condiciones de los obreros en este país en las últimas décadas.
El IMV y la subida del salario mínimo solo permiten al obrero, básicamente, pagar la hipoteca y otros préstamos y poco más. Esto, a su vez, permite a la gran burguesía aumentar sus beneficios temporalmente gracias a los despidos iniciados décadas atrás (viendo el recorrido de Telefónica y la banca se entiende a la perfección) y prácticamente finalizados hoy, además de las subidas de tipo de interés hipotecario.
El Gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es el ejecutor de este cambio criminal en el “mercado laboral” que ya supone la ruina de millones de obreros hoy y que se prevé que aumente drásticamente en los próximos años, que ha comenzado con los trabajadores más jóvenes pero que acabará por afectar a los más mayores también.
La clase obrera no puede tener ni un ápice de confianza en este Gobierno criminal, brazo ejecutor de los planes de la burguesía para enriquecerse a manos llenas que desembocarán en una nueva crisis brutal que pagará de nuevo el proletariado. Y es deber de los comunistas llevar esta realidad a la clase obrera de todas las maneras posibles para organizarlo contra este sistema capitalista, injusto, y derribarlo para construir el Socialismo.
