Como señala Marisa Kohan en el diario Público.es, la violencia machista más extrema no da tregua. Tras un julio y agosto, que han dejado unas de las cifras más altas de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, septiembre bate récords. Cuatro asesinatos por violencia de género confirmados en las últimas 48 horas hace de este mes de septiembre el segundo peor de la historia desde que hay estadísticas.
Aunque, según la web de feminicidios durante lo que llevamos de año ya se han producido un total de 84 feminicidios y asesinatos de mujeres en España, 12 en este septiembre contando los crímenes sucedidos hasta el domingo día 17.
Sea cual sea el cómputo, en ambos casos este año 2023 ya contabiliza más asesinatos que el pasado (faltando aún 3 meses para terminar).
La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, anunció el lunes 18 S que en vista de la concentración de asesinatos en poco tiempo, Igualdad ha convocado un nuevo comité de crisis para principios de octubre, una vez que se tengan las cifras definitivas de septiembre. Se trataría del sexto comité estatal que se reúne desde diciembre del año pasado. Estas reuniones, a las que asisten representantes de las comunidades autónomas, diversos ministerios y la Fiscalía sobre mujer, persiguen encontrar fallos y proponer mejoras en las políticas impulsadas. Sin embargo, a la luz de los hechos, no puede considerarse que se estén obteniendo buenos resultados.
Cabe preguntarse, por tanto, como hace Cármen Parejo en su canal de Telegram:
¿Se está protegiendo a las víctimas de Violencia machista (de género, contra las mujeres, feminicidios)?
Los medios de comunicación han venido informando que este año 44 mujeres han sido asesinadas en el Estado Español a manos de sus parejas o ex parejas, al tiempo que insisten siempre en una misma idea: si estas víctimas denunciaron previamente o no lo hicieron.
En primer lugar, esto supone fijar la responsabilidad en las víctimas, o en todo caso, en su entorno. Recordemos que es común que se añada en las campañas institucionales aquello de que otros también pueden denunciar si observan una situación de violencia.
Sin embargo, por propia experiencia y según opinión de expertas, lo recomendable normalmente, en la vida real, es que no hay que denunciar. Recomendación basada en dos motivos principales.
Por un lado, al contrario de lo que dicen desde determinadas posiciones ideológicas es muy difícil demostrar este tipo de violencia y, por tanto, es difícil conseguir una condena.
Lejos del mito de las denuncias falsas, lo que de verdad ocurre es que no salen adelante miles de denuncias verdaderas. Someter a una víctima a semejante procedimiento para nada es bastante inútil.
Además, no está claro que esto se pudiese resolver al corto plazo. No se trata solo de la mentalidad de los jueces, aunque en muchos casos así es, se trata también de priorizar la presunción de inocencia, algo muy importante, y de lo difícil que es demostrar un delito que se comete en el ámbito privado.
En segundo lugar, si no se goza de una verdadera protección, la denuncia incrementa el riesgo para las víctimas. Una orden de alejamiento es un papel, no es una protección.
Finalmente, lo más recomendable es garantizar la seguridad de las víctimas, que estas puedan, de forma efectiva, desaparecer del radar de su victimario. Algo que, además, se encuentra con la traba de que algunas de las ayudas de carácter económico o de alternativa habitacional están condicionadas a la existencia de una denuncia o, aún peor, de una condena.
¿Y las administraciones públicas?
Sin embargo, los servicios sociales carecen de recursos. Y con las reformas implementadas de financiación, recortes o el famoso techo del gasto a los ayuntamientos (la competencia es municipal) la mayor parte de los servicios necesarios están externalizados a entidades privadas, con ánimo lucrativo o no (ONGs).
Externalizaciones que han conducido, frecuentemente, a que muchos pisos tutelados y refugios de mujeres incluso tengan que cerrar simplemente porque a estas empresas ya no les resulta “rentable” la actividad.
Este escenario de pocos recursos económicos (menguantes y vergonzantes), contrasta enormemente con el despliegue de pancartas, pancartillas, proclamas y automedallas que se adjudican la mayoría de representantes públicos, cada vez que tiene lugar en su ámbito un crimen de estas características. Campañas hipócritas que, como señala también Cármen Parejo, en realidad revictimizan a estas mujeres culpándolas por no denunciar, cuando en la vida real, y con base en la experiencia, es precisamente no denunciar lo que se recomienda desde los servicios sociales o el ámbito jurídico.
Al final, con esto, como con todo, se escenifica una profunda desigualdad. Las mujeres que tengan recursos económicos y sociales podrán con mayor facilidad huir de sus maltratadores, y las que no los tengan tendrán más posibilidades de aparecer como un número más abriendo algún telediario.
Sin duda, el capitalismo, en su actual fase de descomposición acelerada a todos los niveles, constituye el trasfondo y objetivo necesario que hay que cambiar para terminar con la desigualdad y el patriarcado.
