La firma del Acuerdo Iglesia-Estado español realizada en 1979 supone dar la espalda al modelo de estado laico consustancial al mismo concepto de democracia. Sin embargo, este protocolo se sigue manteniendo y no hay perspectivas de voluntad política para revocarlo entre los partidos institucionalistas. El siguiente artículo de un miembro de Europa Laica profundiza al respecto.
Juan Antonio Aguilera. Federación Nacional de Libre Pensamiento.
La memoria democrática reclama un estado Laico y, para ello, la revocación de los acuerdos con la santa sede
El 3 de enero de 2024 se cumplieron 45 años de la firma de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, y tan solo 5 días después de la entrada en vigor de la Constitución vigente hoy, 29 de diciembre de 1978. Es bien sabido que estos acuerdos con un Estado teocrático, negociados ante la Constitución, siguen socavando la soberanía nacional en beneficio exorbitante de la Iglesia Católica, institución que viola los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, los homosexuales y los niños.
Con motivo de este aniversario, me gustaría mostrar cómo la pervivencia de estos acuerdos y, en definitiva, de la situación confesional de facto del Estado español, contraviene lo que se conoce como “memoria histórica” o “memoria democrática”.
El 19 de octubre de 2022 entró en vigencia la Ley de Memoria Democrática (LMD), que llenó los vacíos de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que es digna de elogio, pero que aún está lejos de ser suficiente en varios aspectos, a pesar de la complacencia de los partidos políticos que la hicieron aprobar, y el rechazo a la derecha ultramontana -que, Desde un punto de vista democrático, generalmente se interpreta como una buena señal.
Recordemos que la “memoria” de la que hablamos es la del desastroso franquismo y, como se puede imaginar, la de su principal marca ideológica, el nacionalcatolicismo. La memoria histórica y democrática no debe olvidar la fundación nacional-católica del franquismo, la consustancial de la ideología católica a la dictadura y la complicidad activa de la Iglesia tanto del golpe de Estado de 1936 como de la represión y los crímenes franquistas, en definitiva, de las violaciones masivas de los derechos humanos.
Sin embargo, según asociaciones memorialistas como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Hstórica (ARMH) y el Ateneo Basilio Lacort, la LMD no menciona en ningún momento a la Iglesia católica ni al nacionalcatolicismo. Con este asombroso “descuido”, hablar de “verdad, justicia y reparación” en la ley suena como una broma de mal gusto. Por el contrario, el Ateneo exige “que la Iglesia católica rinda cuentas por su papel como pilar de la dictadura y su represión”.
No hay que olvidar que el nacionalcatolicismo estaba encarnado en las leyes y prácticas del Movimiento, y que estaba centralizado por el Concordato de 1953 con la Santa Sede. Sin embargo, este innoble Concordato sigue vigente, sólo “revisado” por los Acuerdos de 1979 y 1976 antes mencionados. Estos acuerdos socavan la soberanía nacional al ponerla al servicio de los intereses de otro Estado, un Estado teocrático y antidemocrático que viola los derechos humanos fundamentales (especialmente los de las mujeres y los niños). Por su parte, la Constitución de 1978 consagró algunos de los compromisos clave del dictador, como la continuidad de la muy católica y poco ejemplar dinastía borbónica al frente del Estado, y las prerrogativas de la Iglesia católica (artículo 16.3).
Volvamos a la LMD: como dice el Athénée Basilio Lacort, “lógicamente, si el franquismo está declarado ilegal en la ley, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo con estos acuerdos franquistas”?
¿Qué significa esta continuidad con una parte fundamental de la esencia del franquismo? Que la Iglesia Católica, a pesar de los grandes avances realizados en la secularización de la sociedad española, sigue gozando de privilegios (económicos, educativos, simbólicos, mediáticos, etc.) incompatibles con la democracia, porque suponen una vulneración del principio de igualdad entre los ciudadanos, y un atentado contra la libertad de conciencia de las personas, especialmente de las más vulnerables, como veremos.
Cabe destacar que la Iglesia goza de enormes prerrogativas económicas (muy superiores a las del franquismo), ya que el Estado le proporciona más de 12.000 millones de euros cada año, entre bonificaciones directas y exenciones fiscales, tal y como ha calculado y denunciado Europa Laica. Además, los poderes políticos facilitaron la apropiación ilegítima de más de 100.000 bienes públicos de valor incalculable por parte de la Iglesia entre 1946 y 2015, a través de los llamados “registros”. Estos se iniciaron bajo el franquismo (1946) y se intensificaron en 1998 con una ley de Aznar. Y el monumental saqueo se validó en 2021, gracias a la complicidad del gobierno “progresista” del PSOE y Unidos Podemos, con una lista deplorable y un cierre ignominioso.
Gran parte del dinero que el Estado paga a la Iglesia también se utiliza para continuar con el adoctrinamiento católico, un elemento esencial del franquismo que fomentó, y logró en gran medida, la interiorización de una ideología irracionalista, anticientífica y ultraderechista. Este fundamentalismo atroz y fanático ha permitido la represión de las mujeres y los homosexuales, imponiendo una forma de pensar y comportarse extremadamente machista y antidemocrática.
El LMD tiene como objetivo “reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de todas las formas de violencia intolerante e intolerante”. Desgraciadamente, cuando hablamos de las víctimas del franquismo, tendemos a olvidar el gran número de personas (especialmente mujeres y homosexuales, pero también hombres heterosexuales) que vivieron vidas atrofiadas por la sumisión de sus cuerpos y mentes a los dictados de individuos cínicos que reprimían y culpaban sus pensamientos. sus deseos, sentimientos y acciones. Víctimas silenciosas que no pagaron con su vida las atrocidades cometidas por los católicos nacionales, sino con su vida, una vida disminuida y sumisa. La escritora Esther López Barceló relata, en una entrevista a propósito de su novela “Cuando ya no quede nadie”, “cómo las mujeres encerradas en el ámbito doméstico llevaron a cabo grandes hazañas de resistencia en uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, como es la represión franquista. … Se enfrentaron a situaciones terribles porque la represión a la que fueron sometidas fue doble, de clase y sexual”.
La periodista Carmen Rengel, en “La Ley de la Memoria Democrática, un conjuro tardío pero honesto contra la injusticia”, dice que la LMD contempla “una definición ampliada de la víctima” en comparación con la ley de 2007, pero me temo que la definición sigue siendo inadecuada, al menos en el sentido que estoy señalando: víctimas de qué manera, ¿Y de quién? Es cierto que la LMD reconoce que “las mujeres han sufrido humillaciones, violaciones, persecuciones, violencias o castigos por su actividad pública o política, por el solo hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de personas perseguidas, represaliadas o asesinadas. … han sido reprimidas por intentar ejercer su derecho al libre desarrollo personal y por transgredir los límites de la feminidad tradicional”, y agrega además que la represión contra las mujeres “se manifestaría en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y sexista dirigida contra las mujeres más vulnerables de la sociedad, como las madres de familias numerosas, las mujeres pobres o solteras”. Sin embargo, esta represión se ha llevado a cabo de manera sostenida y disfrazada de benevolencia sobre todas las mujeres, y no solo sobre ellas, y lo que es esencial, desde la infancia, a través del adoctrinamiento y la represión religiosa que no están descritos y desarrollados en la ley, pero que atacan implacablemente su autonomía moral, su libertad de conciencia, y, por lo tanto, el desarrollo de sus vidas.
Por todo ello, aunque el art. 34 de las promesas de la LMD “… medidas para evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura”, no se desprende claramente de la ley que la violación de los derechos humanos de los niños implicada en la catequesis se siga perpetrando hoy en día; más particularmente, en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, la catequesis escolar –anticientífica, misógina y homófoba– en los sujetos de la religión católica (y de otras religiones). Sólo que, por supuesto, los efectos nocivos de la catequesis se mitigan hoy, afortunadamente, gracias a un ambiente más secularizado.
En lugar de poner fin a este acoso mental, los gobiernos democráticos de todas las tendencias lo han extendido a las irracionalidades y al descrédito moral de otras religiones, como el islam, el evangelicalismo o el judaísmo. No hay que olvidar que el abuso mental de los catequistas es muy a menudo el preludio de los numerosos abusos sexuales de los niños. En otras palabras, el adoctrinamiento religioso no solo promueve el sometimiento de las mujeres a los hombres, introduciendo una ideología sexista que fomenta la persistencia de la violencia de género, sino que también facilita un ambiente de abuso de autoridad y poder que fomenta el abuso sexual de niños y niñas.
Por lo tanto, es claro que para desarrollar la memoria democrática en las escuelas, no basta con introducir en el contenido curricular una narrativa de la represión que tuvo lugar durante la guerra y la dictadura, sino que también es necesario eliminar el abuso mental religioso que fue tan característico de la propia dictadura.
En definitiva, para respetar de verdad la memoria democrática es necesario recuperar una versión actualizada del Estado laico (la Segunda República) que fue destruido por el golpe de Estado franquista de 1936. Hay que acabar con el adoctrinamiento religioso de los niños (a cambio, una educación emancipatoria en una escuela pública, universal y laica), y hay que acabar con las prerrogativas de todo tipo de la Iglesia Católica. De lo contrario, la memoria democrática y los derechos humanos seguirán siendo pisoteados. Recordemos que, contrariamente a lo que propaga el clericalismo, el laicismo no es antirreligioso, sino que establece un marco de convivencia en igualdad donde las convicciones individuales pueden desarrollarse libremente, respetando el derecho común y sin injerencia del Estado.
Volviendo al aniversario del 3 de enero: dado que, como escribió Gonzalo Puente Ojea, la laicidad es un principio inseparable de la democracia, y los Acuerdos con la Santa Sede constituyen un obstáculo insuperable para la realización de un Estado laico (verdaderamente democrático), nosotros, en Europa Laica y en otras organizaciones laicas, insistimos en la urgente necesidad de denunciar y cancelar (y no actualizar o modificar) estos Acuerdos, y, por supuesto, los de 1992 con otras confesiones religiosas. Esperemos que las fuerzas “progresistas” en el poder hagan efectivos este progreso fundamental, para que con motivo del 46º aniversario de los Acuerdos de 1979, podamos celebrar el hecho de que los Acuerdos de 1992, y todas las leyes, normas y hábitos políticos que se derivan de ellos, ya no están en vigor.
