Sindicatos mantienen las huelgas en la Administración de Justicia por mejoras laborales

Personal de la Administración de Justicia reanuda sus movilizaciones con una convocatoria de huelga

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Con este incremento de las protestas convocadas por CCOO, CSIF, STAJ y UGT los trabajadores y las trabajadoras reclaman la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa y mejoras retributivas para el reconocimiento de las funciones que realizan y para el desarrollo de la carrera profesional. La huelga se repetirá los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.

Desde el 17 al 25 de abril, el personal de Justicia hizo patentes sus reclamaciones con paros diarios de tres horas de lunes a viernes y una huelga de jornada completa el día 19, acompañada de una gran manifestación en Madrid de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de todo el Estado que colapsaron las calles de la capital. Centenares de miles de juicios y otras actuaciones judiciales fueron suspendidas o aplazadas.

La posición del Ministerio de Justicia, que ha negado hasta ahora cualquier subida retributiva para el personal de los Cuerpos Generales y Especiales de esta administración (que sí acordó para el cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia) y que ha condicionado la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa a la renuncia a cualquier incremento retributivo, ha provocado la indignación del colectivo, que constituye más del 90% del personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales.

Este profundo malestar ante lo que consideran una discriminación inaceptable es lo que ha llevado a CCOO y al resto sindicatos mayoritarios del sector a incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga, esta vez de jornada completa, los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Estas organizaciones no descartan la huelga general indefinida si el Ministerio de Justicia continúa sin atender sus reivindicaciones.

CCOO y el resto de sindicatos convocantes denuncian que el Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia que lleva el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7% restante (el cuerpo de LAJ).

Manifiestan que no se reconoce la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y de medicina forense) ni las funciones reales de los cuerpos generales; que se desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos; y que se quiere imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa poniendo en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas.

Con estas nuevas convocatorias de huelga el personal de la Administración de Justicia reclama la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.

Los trabajadores y las trabajadoras convocados a la huelga exigen, además, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, y que se elimine la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan los cuerpos generales.

Para ello, demandan el incremento del complemento general del puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos) en 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF (cantidad acordada con las asociaciones de LAJ al ser también cuerpos del grupo A1), 400 euros para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio (Grupo A2), 375 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio (Grupo C1) y 350 euros para el cuerpo de Auxilio Judicial (Grupo C2).

Con la huelga se reclama, por último, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1 en Madrid y Barcelona y la publicación antes de que finalice esta legislatura -y previa negociación colectiva- del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional, pendiente de aprobación desde diciembre de 2018 en que este concepto retributivo fue incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CCOO exige al Ministerio de Justicia que convoque de forma inmediata al comité de huelga para intentar una salida negociada al conflicto, lo que no ha hecho desde el pasado día 24 de abril, a pesar de las huelgas convocadas. Ello es una clara muestra de la hipocresía de la ministra Llop cuando declara su voluntad negociadora y dialogante, mientras demuestra, con su intolerable pasividad, su nulo interés por la ciudadanía, perjudicada por estas movilizaciones con nuevos retrasos y suspensiones de los asuntos judiciales que les afectan.

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