Parálisis del acuerdo de ATEAVA y sindicatos para que las secuelas postvacunales se reconozcan como contingencia laboral.
Los sindicatos USO, UGT, CCOO Educación, CSIF, ASP, FESVet, ACAIP, ANPE, APFP y la Confederación Intersindical firmaron en julio de 2022 un acuerdo con ATEAVA (Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de Astrazeneca) para seguir luchando en esta nueva legislatura para que las secuelas postvacunales se reconozcan como contingencia laboral. Una situación que afecta también a los que han sufrido reacciones adversas por las vacunas contra la covid.
Los argumentos son claros: muchos trabajadores y trabajadoras que daban un servicio público durante la pandemia de COVID-19 recibieron la recomendación por parte de la administración de inocularse. Hubo muchas presiones, incluso con listas de vacunados y no vacunados. Las consecuencias ocasionadas por estas vacunas y en particular la de AstraZeneca son en buena medida responsabilidad de quienes impusieron directa o indirectamente su empleo.
Situación todavía más grave considerando que en bastantes casos los efectos adversos de la vacuna han conducido a situaciones extremas de trabajadores que están tratando de obtener el reconocimiento de incapacidad, porque no pueden trabajar, o bien, en otros casos, necesitan una adaptación del puesto de trabajo a su nueva situación sanitaria.
El Congreso ya reconoció la problemática de los afectados en abril de 2022
Unos meses antes, el 31 de marzo de 2022, la Comisión de Investigación de las Vacunas Covid-19 aprobó, por mayoría de votos en el Congreso de los Diputados, sus conclusiones, con algunas recomendaciones.
En ellas, puede leerse que, “a la luz de las reacciones adversas que las vacunas anticovid han podido causar, recomendamos evaluar la necesidad de medidas de acompañamiento a las personas afectadas, como asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y servicios de rehabilitación”.
Sin embargo, “desde entonces, a mí nadie me ha llamado”, nos dice el presidente de ATEAVA, Pedro García, que compareció ante la comisión en febrero de 2022.
El mismo documento recoge la necesidad de “promover estudios sobre potenciales reacciones adversas a las vacunas frente a las consecuencias a largo plazo de la salud de las personas afectadas”.
En el punto de mira de ATEAVA está AstraZeneca, que fue retirada del mercado español de forma definitiva en julio de 2021, debido a ciertos efectos graves relacionados con un tipo específico de trombosis.
AstraZeneca fue retirada del mercado español de forma definitiva
No obstante, García de las Heras se queja de que “la Administración está tirando balones fuera, diciendo que esa incapacidad no tiene un origen laboral. Esgrimen que la vacunación fue voluntaria”. Pero los sindicatos no están de acuerdo.
“Hubo muchas presiones en los centros de trabajo, incluso con listas de vacunados y no vacunados y otros medios coercitivos. Estamos hablando de un colectivo que daba un servicio público y tuvo la recomendación del Estado de vacunarse. Es una cuestión de justicia y coherencia protegerlos”, señala a Público José de las Morenas, coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT.
Contingencia laboral
El procedimiento de averiguación de causa para el reconocimiento de baja por contigencia laboral es un trámite complejo, largo y farragoso. Por eso, García de las Heras recomienda no embarcarse en esta aventura en solitario, “que el afectado siempre tenga una asesoría jurídica a la hora de presentar una reclamación, preferiblemente con una organización sindical”.
Según advierte esta experta en contingecias laborales, “el tema de reconocimiento laboral de cualquier dolencia exige mucha paciencia y entereza porque el proceso está pensado para que te desanimes”.
Con el mismo muro, se encuentran otras personas que padecen secuelas postvacunales y no pertenecen al grupo de los trabajadores esenciales.
“Las demandas a la Administración se amparan en el principio de solidaridad: eso implica que yo me vacuno por el bien de la sociedad pero, si a mí me ocurre algo, esa solidaridad debe ser recíproca, dice a Público Francesc Feliu, abogado experto en responsabilidad civil sanitaria y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Lo habitual con cualquier medicamento que produjera un daño a algún paciente, sería dirigirse a la farmacéutica. Pero, en este caso, antes de sacar las vacunas, el Gobierno español del PSOE-UP anunció que había firmado un contrato con ellas por el que las eximía de cualquier responsabilidad por posible efectos adversos de las vacunas en la población.
Los acuerdos secretos por las vacunas
Además de que a los fabricantes de los medicamentos vacunales se les garantizó que gran parte del contenido firmado de los acuerdos no se divulgarían, así como los contratos multimillonarios, las cláusulas de protección de responsabilidad, la propiedad de las patentes y el margen de maniobra en las fechas de entrega y los precios. Se trata pues de una censura, denunciada en su día y de un modo u otro por algunos medios de comunicación, que a nivel jurídico no invalida la Directiva europea de Responsabilidad de Productos –que obliga a todos los fabricantes a responder por los daños que sus productos pudieran causar–, como señala por ejemplo Alfonso Atela, abogado especializado en Derecho Sanitario y Profesor en la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.
Por eso, este experto entiende que la opción que tienen los afectados es hacer una reclamación por responsabilidad patrimonial al Estado.
Recomendaciones para personas afectadas
Los pasos a seguir comienzan por recabar todos los informes médicos y pruebas relativas a su caso. “Si no los tiene, debe pedirlos a los centros sanitarios donde le atendieron. Hay que saber el número de lote o, en su defecto, el documento donde aparece la vacuna que le pusieron y la fecha”, asesora Lorena Montesinos, presidenta de APAVaC19, Asociación de Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19.
Los pasos a seguir: recabar informes médicos, notificar a fármacovigilancia y preguntar por pruebas para probar la relación causa-efecto…
Tras las elecciones generales del 23 de julio, en consecuencia, la lucha debe seguir, dado que los compromisos iniciales de investigación contraídos por el Parlamento anterior no tuvieron continuidad, mientras que siguen existiendo trabajadores y trabajadoras afectados por las secuelas de las vacunas.
