Andalucía, Madrid, Valencia…. En las últimas semanas y meses, a lo largo de la geografía española se multiplican las movilizaciones en defensa de una sanidad pública digna y de calidad frente a las políticas instrumentadas por los gobiernos del PP-Vox de sus comunidades autónomas. Pero también a nivel estatal continua la movilización de las plataformas y coordinadoras de mayor ámbito, al seguir echando en falta una legislación garantista del derecho básico a la salud de todas las personas y unos presupuestos generales del estado orientados en esa misma dirección. Recientemente la ministra de Sanidad (y el Consejo de ministros del PSOE-Sumar) ha anunciado una nueva ley general de sanidad para evitar, según dice, las privatizaciones sanitarias, entre otras cuestiones. Ante tan buenas intenciones, sin embargo, conviene resumir -como hace el siguiente artículo- lo que las movilizaciones por la salud consideran que debería contener la nueva ley de sanidad para cumplir con los objetivos pregonados. E incluimos también, al final, la carta a la ministra de Sanidad firmada por muchos cientos de sindicalistas que promueve el CATP (Comité Alianza de Trabajadores y Pueblos).
Sara Plaza Casares. Elsaltodiario.com
¿Cómo debería ser la nueva ley de sanidad universal para que devolviera el acceso a todas las personas?
“Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Este es el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad de 1986. Y a ese artículo hay que volver, en palabras de los colectivos que han estado luchando contra el Real Decreto 16/2012 de Rajoy que supuso un recorte en el acceso universal a nuestro sistema. Tras esta norma, que se aprobó vía consejo ministerial, quedaron fuera de la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos colectivos como las personas migrantes en situación irregular, los españoles y españolas emigrados o los ascendientes reagrupados, madres y padres de personas migrantes que viven en nuestro país y que han traído a su familia.
El pasado martes la ministra de Sanidad Mónica García anunciaba tras el Consejo Ministerial la aprobación de un proyecto de ley, que deberá ser presentado ante el Congreso, que, en sus palabras, supone la vuelta a la situación anterior a 2012, cuando todas las personas eran tratadas, independientemente de su situación. (Pero) Las agrupaciones que han estado en contacto con los diferentes actores políticos ya con el anterior gobierno de coalición para contribuir en la redacción de una norma “sencilla y simplificada” que permitiera volver a la casilla de salida, expresan reservas con respecto al proyecto de ley que próximamente entrará en la cámara baja, aunque valoran como positiva la predisposición del actual ministerio para volver a la universalidad.
Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, explica que todo parece indicar que “han troceado” la anterior propuesta, la conocida como Ley Darias, un proyecto de ley que decayó con el fin de la anterior legislatura y no llegó a materializarse. “Ese texto ya lo valoramos en la legislatura anterior y lo consideramos insuficiente, se quedaba a mitad de camino. No resuelve algunos de los problemas que están teniendo en el acceso a la sanidad las personas sin residencia”, expresa Revuelta.
Opinión pareja expresa Pablo Iglesias, portavoz de Médicos del Mundo, quien expone que “el texto que se intentó aprobar hace dos años ya contemplaba esta cuestión. Y ese texto requiere que se le hagan ajustes”. “La nueva ministra ha manifestado su compromiso con la universalidad, seguiremos trabajando con el ministerio en hacer los ajustes necesarios”, expresa Iglesias.
Sin recovecos
¿Y cuáles son los ajustes necesarios? Ambas organizaciones comparten que debe de ser un texto “simple y sencillo”, sin ningún tipo de supuestos que no se conviertan en recovecos donde las comunidades autónomas más restrictivas puedan refugiarse. Por ejemplo, el artículo 3. bis de la ley Darias, en su punto cuatro habla de que “las personas extranjeras que se encuentren en situación de estancia temporal”, necesitan “un informe previo favorable”. Informes que, en la práctica, explica Revuelta, se han transformado en “barreras”. Además, el uso de “estancia temporal” es un término “ambiguo”. Su utilización en el Real Decreto 7/2018, con el que el PSOE intentó revertir los recortes de Rajoy sin conseguirlo, supuso una lectura restrictiva de la mayoría de Comunidades autónomas que comenzaron a solicitar empadronamientos de más de tres meses a las personas migrantes para poder ser atendidas sin ser facturadas.
“Me preguntaron que si tenía tarjeta sanitaria y cuánto tiempo llevaba en España. Le dije que llevaba un mes y medio. Me respondió: “Eres como turista, tienes que tener seguro de viaje”. Le explique: “Pero estoy en situación de refugio en un albergue no tengo cómo”. “Ni me interesa”, me contestó”. Luisa es colombiana, solicitante de asilo en España y tuvo que acudir a un centro de salud para que atendieran a su hija por un brote agudo de dermatitis. Su caso ejemplifica muy bien cómo la redacción de la ley debe de simplificar el acceso. Luisa es solo una de las personas participantes en el segundo Informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas de Médicos del Mundo. Esta entidad registró 17.000 situaciones de exclusión que han afectado a 8.809 personas en 16 Comunidades Autónomas y en Melilla en los primeros nueve meses de 2023.
Personas beneficiarias
El proyecto de ley presentado por Mónica García contiene claros avances para algunos colectivos como los ascendientes reagrupados, personas mayores que llegaban a este país de la mano de sus hijos e hijas y debían buscarse un seguro privado para acceder a la sanidad. Y también para los españoles y españolas emigradas, que son amenazadas con recibir una factura si acuden al médico cada vez que vuelven a España.
“Hace poco tiempo nos llegó el caso de una mujer bajo estudio por si se le había reactivado un cáncer y estaba ingresada en un hospital con un compromiso de pago”, explica Faustina González Borrallo, de Marea Granate, colectivo de emigrantes españolas y españoles que ha peleado también por el retorno a la sanidad universal.
Trámite parlamentario
Hoy, ante el anuncio de Mónica García, la portavoz de Marea Granate se muestra “contenta” pero con “reservas”. Muestra dudas por el modo en el que se tramitará la norma: “Es un proyecto de ley, no un real decreto. Ahora entrará en el periodo de enmiendas parciales, enmiendas a la totalidad… puede pasar mucho tiempo hasta que se apruebe, incluso puede que acabe la legislatura sin ella. Durante todo ese tiempo se van a seguir dando casos de exclusión sanitaria y facturaciones”, explica quien insiste en que hablamos de salud y la salud no espera.
Para Revuelta, que exista la posibilidad de introducir enmiendas tiene su lado positivo: “podremos introducir mejoras y seguiremos al habla para que se introduzcan”, explica el portavoz de Yo Sí Sanidad que relata que, tras reunirse con la ministra en diciembre las entidades mandaron un paquete de propuestas. “Las organizaciones sociales hemos mandado un texto y unas propuestas y no hemos obtenido respuesta. Si este es el texto de la anterior ley, y se ha optado por ello por agilidad los trámites, no sabemos si tienen intención de incluir nuestras propuestas”, expresa.
En cuanto a la consecución de los acuerdos suficientes para que la norma salga adelante, las organizaciones consultadas se muestran optimistas: todas las fuerzas de izquierdas les han dado su visto bueno. Incluso confían en partidos como Junts, que ha mostrado un discurso duro con las personas migrantes. “Catalunya es de las comunidades que más inclusiva ha sido, entendemos que si ellos en su propia comunidad han tenido una actitud inclusiva en materia sanitaria esperamos que estén de acuerdo con la vuelta a la universalidad en todo el Estado”, expresa el portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, mientras añade que otros aspectos causaban más controversia como la privatización sanitaria, por ello el ministerio ha decidido presentar ambos aspectos, antes contenidos en la ley Darias, por separado.
Los colectivos consultados esperan que esta estrategia, que valoran como “inteligente” para que la universalidad pueda salir adelante, cristalice en el fin de la exclusión sanitaria. “Revertirlo sería tan fácil como revertir el decreto de Rajoy. Por eso decimos que tenemos nuestras reservas”, expresa la portavoz de Marea Granate.
Carta del CATP a la Ministra
Por su parte, desde hace meses, el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) viene recogiendo firmas de sindicalistas para trasladar a la Ministra Mónica García la siguiente carta:
Sra. ministra:
En todo el Estado, y bajo formas diversas en las distintas autonomías, la Sanidad Pública vive una situación muy difícil. Los servicios de salud no se han recuperado de los durísimos recortes que sufrieron en el periodo 2010-2018. El deterioro de las condiciones de trabajo ha llevado a una fuga de profesionales. Las listas de espera se hacen insoportables, y han aparecido importantes demoras en los centros de Atención Primaria, los que origina la saturación de las urgencias hospitalarias. En todas partes, los procesos de privatización avanzan, amparándose en un marco legal que lo permite.
Aunque las competencias de gestión están en manos de las comunidades autónomas, eso no significa que el ministerio que usted dirige no tenga posibilidades de actuar para cambiar la situación, pues hablamos de legislación de ámbito estatal.
Le pedimos que actúe de inmediato en tres terrenos:
*Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.
*Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.
*Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.
Nos parece que son propuestas en sintonía con su posición, manifestada en distintos momentos. Le solicitamos que, desde su Ministerio, ponga en marcha las medidas necesarias para aplicarlas.
Quedando a su entera disposición para poder abundar sobre estos asuntos, en una reunión con usted o con quien usted determine.
Atentamente.
