Según estaba previsto, el 27 y 28 de noviembre se iba a realizar en Barcelona (aunque hay noticias recientes no oficiales de su cancelación) una “Reunión Ministerial UE-Vecindad Sur” para seguir avanzando en la reforma legislativa de las políticas europeas de inmigración. Esta reforma, denominada “Pacto Europeo sobre inmigración y asilo“, se espera aprobar antes de las elecciones europeas de junio del 2024. El siguiente artículo introduce sucintamente algunos de las medidas previstas (aunque no menciona, por ejemplo, que no se podrá conceder asilo ni refugio inmediatos a personas desplazadas por la guerra o catástrofes climáticas, o que esta reforma supone mayores restricciones y “monetarización” del acogimiento), pero resulta suficiente para justificar el amplio rechazo que ya plantean las organizaciones de defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos: social, político y económico.
Enrique Morales. Theobjective.com
La UE reubicará 30.000 inmigrantes cada año y pagará al país de asilo 10.000 euros por acogida
Los cupos de cada país tendrán en cuenta PIB y población. El rechazo a un solicitante supondrá 20.000 euros
La Unión Europea avanza en su reforma del asilo con el objetivo de responder al reto migratorio «más grave» desde la II Guerra Mundial. La intención es que la nueva normativa, que sustituirá a la vigente desde 2013, esté lista antes de las elecciones europeas del próximo junio. La idea es que sea en el mes de abril.
Sin embargo, la negociación del texto en esta última etapa entre la Comisión, el Consejo de la UE y la Eurocámara no se plantea fácil. Pese a que hay coincidencias en la base, algunos planteamientos del reglamento, en principio, no parecen sencillos de consensuar. El punto de partida es el acuerdo de junio de los ministros de Interior de la UE, ampliamente enmendado desde el Parlamento.
Como preámbulo, el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha elaborado un documento, a modo de directrices, dirigido a los europarlamentarios, que deberán votar el reglamento definitivo en los próximos meses. El texto analiza también las propuestas de las ONG, en algunos casos críticas con el borrador elaborado por la Comisión Europea y de expertos.
Propuesta sobre asilados inmigrantes
La propuesta de la Comisión insta a la solidaridad obligatoria pero flexible de los países, una pauta que contentaba a naciones antinmigración como Polonia, Hungría o República Checa. Todos los miembros estarían obligados a contribuir a la gestión de la inmigración. Unos acogerían inmigrantes dentro de unos cupos, pero otros podrían eludir su acogida pagando una multa de 20.000 euros. Mientras, los países que los asumieran recibirían 10.000 ó 12.000 euros en el caso de menores no acompañados. Otro punto polémico del que discrepaba claramente el Parlamento era el conocido como patrocinio de retorno –return sponsorship-.
En la práctica este mecanismo vuelve a propiciar dos bloques claros. Habría naciones que tendrán que pagar para eludir la responsabilidad y otras que protagonizarán las acogidas, algunas por ser territorio de entrada como España, Italia, Grecia y Malta. La iniciativa, que el Parlamento no considera solidaria, tiene como objeto la colaboración en la reubicación o el retorno.
Se trata de un apoyo externo a un Estado que sufre presión migratoria. Así, los países miembros podrían recurrir a patrocinio de retornos, con medios o agilizando trámites de repatriación, en lugar de reubicar a las personas en sus propios territorios. Ha sido una de las medidas más criticada por las ONG.
Cupos de reubicación
Lo que sí parece claro es que se va a descongestionar, en parte, la presión migratoria en determinados países mediterráneos, principalmente, reubicando a 30.000 inmigrantes. Pese a todo, la cifra es una referencia, resulta claramente insuficiente. Solo en lo que va de año han llegado más inmigrantes, la mayoría en pateras, a Canarias. En los principales países de entrada de inmigración irregular han desembarcado cerca de 195.000. Las cifras están muy lejos de las registradas en 2015 por la llegada de desplazados de Siria a causa de la guerra civil en el país. La otra cara son los que mueren en el camino. En lo que va de año ha habido 2.800 fallecidos y 24.400 desde 2015.
El reparto de los reubicados se hará conforme al PIB y la población del país. Se fijarán cupos y los inmigrantes cuyas circunstancias faciliten su permanencia podrán elegir entre los cuatro países que menos cupo hayan cumplido. Lo que si parece que saldrá a adelante es el vínculo genuino o significativo y la reagrupación familiar, defendidos por la Eurocámara. El Parlamento también pretende eliminar el mecanismo de solidaridad diferente para el desembarco después de las operaciones de búsqueda y rescate (SAR) y que se aplique para todas las situaciones de presión migratoria.
Motivo de la nueva norma
Con las normas vigentes, los solicitantes de asilo no reciben un trato uniforme en toda la UE y la proporción de decisiones positivas en materia de asilo en los distintos países también varía considerablemente. Con el nuevo reglamento, se prevé establecer un marco común que se ocupe de todas las cuestiones relacionadas con la gestión del asilo y la migración. Otra de las claves es la eficiencia y hacer frente a la presión, además, eliminar el efecto llamada. La prioridad serán los países más afectados, como Italia o España-a los abusos y ayudar mejor a los Estados miembros más afectados.
Vínculo genuino
Desde el Parlamento se ha impulsado el vínculo genuino. Este debería ser el primer paso para dar asilo en un país determinado. «Cuando los solicitantes de asilo tengan un vínculo genuino con un Estado miembro en particular, este vínculo debería ser el primer criterio de reubicación para transferirlos a ese Estado miembro», señala el Comité de Libertades. «Los solicitantes de asilo que no tienen un vínculo genuino deberán ser asignados automáticamente a un Estado miembro según una clave de distribución».
Desde ese momento, el Estado miembro sería responsable de tramitar sus solicitudes de asilo. Los solicitantes de asilo podrían elegir entre los cuatro países que en ese momento dado hayan recibido el menor número de solicitantes de asilo según el criterio».
El Comité también recalca que el principio de responsabilidad del Estado de primera entrada sigue siendo la norma. Se amplía el período de responsabilidad del país de llegada del solicitante. «Será de dos años para las personas que entren por la frontera exterior, pero se reducirá a 15 meses tras un rechazo en el procedimiento fronterizo, y a 12 meses para los rescatados en el mar», concluye.
