Ante la próxima ratificación del decreto de macro-áreas sanitarias en sede parlamentaria, la plataforma ha consensuado un comunicado pidiendo la retirada de este decreto impuesto, que no ha sido debatido ni con los sindicatos ni con las personas usuarias. Un rechazo compartido, aunque dentro de la plataforma se valora de forma dispar la necesidad y conveniencia de esta regulación.
Comunicado de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano
El pasado 21 de febrero, el Pleno del Consell aprobó el Decreto Ley 2/2024 de la Conselleria de Sanidad sobre medidas extraordinarias para garantizar la equidad y la asistencia sanitaria integral, que se quiere convalidar en las Cortes Valencianas el próximo 13 de marzo. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano, integrada por una treintena de organizaciones ciudadanas, sindicales y políticas quiere manifestar en primer lugar su oposición a la forma en que se ha gestionado este decreto-ley, sin exposición pública, ni negociación colectiva ya que, al afectar a condiciones laborales del personal sanitario, es imprescindible que se lleve a la Mesa Sectorial de Sanidad.
Al no haber exposición pública, tampoco se han podido hacer aportaciones por parte de las organizaciones ciudadanas con el objetivo de mejorar la norma o establecer criterios para evaluar sus resultados. La excusa que se ha dado es la necesidad urgente de la norma, pero hemos de decir que esta situación de desatención en determinados territorios de la Comunidad Valenciana por la dificultad de cubrir puestos de trabajo de profesionales sanitarios, viene advirtiéndose desde hace más de una década por expertos, sindicatos y ciudadanía.
Por otra parte, en enero de 2023 se publicó un decreto (6/2023) de medidas extraordinarias por el gobierno anterior (este sí, negociado con los agentes sociales y exposición pública) en el que prácticamente se basa el actual, que llevaba en vigencia operativa unos meses, habida cuenta que hubo cambio de gobierno por las elecciones de mayo de 2023, con múltiples medidas que ni siquiera se han aplicado y que se ha despachado sin la evaluación y rendición de cuentas pertinente.
La urgencia y opacidad con las que se ha elaborado y se pretende aprobar el decreto-ley actual, responden a un modelo autoritario de gobierno que contradice el discurso de gestión compartida con la ciudadanía, del que ha hecho gala el actual conseller desde su nombramiento y evidencia que dichas manifestaciones responden solo a una campaña de imagen careciendo, por tanto, de la más mínima convicción.
En cuanto al contenido, coincidiendo en la necesidad de afrontar la provisión de puestos de difícil cobertura para mejorar la equidad y entendiendo que la creación de redes profesionales e integración de los veinticuatro Departamentos de Salud en ocho Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) pueden contribuir a mejorar la accesibilidad de la población a la asistencia y mejorar la calidad de la atención, sin embargo, creemos que las medidas ya estaban contempladas en el decreto anterior, al que no se ha dado tiempo para evaluar sus resultados, algunas de las novedades pueden crear mas inequidad de la que pretenden corregir o pueden ser insuficientes y/o excesivamente discrecionales en su aplicación.
Por todo ello reclamamos desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano, la retirada del decreto y la vuelta al diálogo entre administración, profesionales y ciudadanía para consensuar un modelo que dé respuestas integrales a las necesidades de la población, que cuente con la opinión profesional para la ordenación de los procesos asistenciales, que sea evaluable y que rinda cuentas de sus resultados en los órganos de participación ciudadana.
Valencia 8 de marzo de 2024
