Vecino de Paiporta se suicida cuando iban a desahuciarlo: la guerra por otros medios.

Casi en paralelo con la propaganda electoral del gobierno PSOE-UP, dicen que para proteger el derecho y acceso a la vivienda de las personas, esta misma semana hemos conocido que un vecino de Paiporta (València) se ha suicidado tirándose por el balcón de su piso, cuando la comitiva judicial (acompañada por efectivos de bomberos y de la policía local ) iba a entrar en la vivienda a ejecutar el desahucio y echarlo a la calle.

Según confirman sus amistades, esta no era la primera vez que trataban de desahuciar a la víctima: «Lo querían tirar, ya en muchas ocasiones. Y él también lo había respondido muchas veces: antes de que lo tiraran de casa, haría lo que fuera. No tenía trabajo, cobraba una pensión de muy poco dinero, 300 euros. Además estaba enfermo de cáncer y su dependencia era importante«. Incluso avisó de que lucharía y así lo hizo con su último impulso.

Sin embargo, nada de todo esto importó. La comitiva desahuciante pudo actuar tranquilamente para defender el interés supremo de la propiedad privada del fondo buitre de la vivienda (Cerberus, en este caso).

Ni siquiera tuvieron en cuenta tampoco que todavía está en vigor una norma aprobada por este mismo gobierno del PSOE-UP (medidas de escudo social) para frenar los desahucios. Norma que establece que no se puede desahuciar a las personas y familias que se hallen en situación de desempleo; hayan perdido casi la mitad (el 40%) de los ingresos anteriores; y cuyos ingresos familiares no rebasen tres veces el IPREM, es decir, no cobren más de 1613 euros al mes.

Pero esta norma, simplemente no se aplica y ahora mismo, según la información disponible, durante el primer trimestre de este año se han realizado más de 4.076 desahucios en España. Cifra que con respecto al año anterior supone un incremento disparado del 40% y que los concentran en cuatro principales territorios, gobernados por la derecha y/o por «progresistas», indistintamente: Andalucía: 1.104 desahucios; Comunidad Valenciana: 840; Cataluña: 766 y Comunidad de Madrid: 380.

#GuerraACerberus

Cerberus es un fondo oportunista de inversión estadounidense que ha comprado en los últimos años 130.000 activos en España. Penetró en nuestro país a partir de 2013, gracias a sus contactos con las altas esferas del PP y por la compra a precio de saldo de decenas de miles de pisos provenientes de las cajas rescatadas y de diferentes bancos, con los que llegaron a diferentes acuerdos y negocios conjuntos.

Ahora, según llevan denunciando los sindicatos de inquilinos, las PAH y las asambleas barriales de vivienda, el fondo ha multiplicado los desahucios de las familias más vulnerables para sacar estos pisos al mercado. Y ante tan intensa actividad, dentro del movimiento por el derecho a la vivienda se ha puesto en marcha una campaña estatal en la que participan organizaciones de 11 ciudades: Madrid, Hospitalet, Alicante, València, Elche, Torrevieja, Arganda, Pinto y Granada entre otras.

El argumentario de esta campaña es simple: aunque estén obligados a realizar alquileres sociales según la ley 24/2015, Cerberus, igual que otros fondos buitre, se saltan esta obligación y no lo hacen. Nadie le pide cuentas, al contrario, como hemos visto en este caso de Paiporta y sucede en los demás, hay una expresa implicación en los desahucios de la propia administración pública (judicial, policial, infraestructuras).

Quiénes defienden qué

Hace ya 15 años del estallido de la burbuja inmobiliaria y de que el drama social que son los desahucios empezase a ser algo mucho más habitual. Y todavía no se ha conseguido solucionar esta situación desde los sucesivos gobiernos y gobernantes.

Se aplican parches, como la nueva Ley de Vivienda estatal, que supone un avance en cuestiones como que los alquileres no disparen sus precios en zonas denominadas como tensionadas (ojo que esto también tiene trampa), pero no se ataja el grave problema de que los fondos de inversión puedan campar a sus anchas, deshumanizando a personas que se las ven y se las desean para pagar su hipoteca o su alquiler, y que acosan sin consecuencias a quienes quieren expulsarles de sus casas.

Es decir, la legislación sigue sin poner en el centro a quienes tienen derecho a una vivienda, sino que blinda el derecho a especular con este bien básico. La justificación que admite plenamente incluso el gobierno socialista, es que la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado. Ahí está el problema, porque nunca se puede servir a dos señores a la vez: la oligarquía o la sufrida clase trabajadora.

Una reflexión final tiene que ser sobre el papel en todo esto no sólo de las administraciones públicas, también de los medios de comunicación, pues resulta llamativo el titular dado a esta noticia por un periódico que como tantos se dice «progresista»: «Un hombre con cáncer se suicida cuando iba a ser desahuciado en Paiporta«.

Más allá de la noticia, tanto la situación de la vivienda en nuestra sociedad como este mismo titular reflejan lo que con tanto afán, publicitario y represivo, quieren ocultarnos: