Clara Mallo
El año pasado en el Estado español hubo 104 desahucios por día, el 85,7% de los menores de 29 años no pudieron independizarse, los trabajadores tuvieron que dedicar más del 43% del sueldo para el alquiler y 11 millones de personas sufrían exclusión residencial. Como no podía ser de otro modo, el problema de la vivienda ha adquirido un peso muy relevante en el debate electoral en el que por un lado los participantes y aliados del Gobierno PSOE-UP reivindica una ley de vivienda que ni toca el precio de los alquileres ni frena los desahucios.
En este panorama proponemos pensar el alcance e impacto que tiene la problemática de la vivienda para las y los trabajadores en el capitalismo, comenzaremos por realizar un mínimo análisis de la situación actual, ya que existen múltiples problemáticas relacionadas con la vivienda, problemas que no son nuevos, pero que al calor de la crisis capitalista que se arrastra desde 2008 se han agudizado. Seguidamente omitiremos, por su extensión, la segunda parte del artículo de Clara Mallo que profundiza esta cuestión desde una perspectiva marxista, pero puede consultarse entrando directamente en el enlace final.
Los desahucios
Según un estudio de 2020 realizado por el Observatori DESC (Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals) [1] han tenido lugar 684.385 desahucios, los cuales han afectado a 1.710.963 personas. A ello debemos sumar los datos de estos últimos tres años en los que a pesar del “escudo social” del Gobierno de PSOE-UP los desahucios no han desaparecido de nuestra realidad. En 2020, 2021 y 2022 la cifra de desalojos fue de 29.406, 41.359 y 38.266 respectivamente. Es decir, casi 110.000 desahucios en tres años. Esto se traduce en una media de 104 desahucios al día en 2022. [2] Por comunidades, los territorios más afectados por este crimen capitalista, y en orden según los datos de 2022, son Catalunya (8.574), seguido de Andalucía (6.717), Comunidad Valenciana (5.594) y Madrid (3.679). Además el fenómeno de los desahucios afecta en mayor medida a los núcleos urbanos con mayor concentración de población. En la Barcelona de Ada Colau tuvieron lugar 2.969 desahucios en 2020 y 3.585 en 2021 momentos muy agudos de la crisis social desarrollada por la pandemia.
Respecto a la relación entre desahucios por impago de hipoteca y alquiler, en estos últimos años la gran mayoría de los lanzamientos se dan en aplicación de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), es decir, se trata de lanzamientos por impago de alquiler. En concreto el 71,95% de los desahucios de 2022 se dieron por esta razón. Respecto a los desalojos por impago de hipoteca, aunque desde 2015 la tendencia era descendiente, desde 2020 se mantiene estable con la excepción del segundo trimestre de 2020 en el que se tuvo lugar el estado de alarma debido a la pandemia.
Como vemos, los datos de estos años demuestran que la supuesta prohibición de los desahucios por parte del gobierno progresista es un engaño. Además, la crisis, la inflación y las recetas capitalistas para superarla como los aumentos del Euribor han contribuido a que los gastos asociados a la vivienda sean cada vez más problemáticos para amplios sectores de la clase trabajadora. En 2021 un 11,6% de los residentes en el estado español tuvieron problemas para pagar a tiempo los gastos ligados a la vivienda, como la hipoteca o el alquiler o recibos como el del gas o el de la comunidad, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE. Esto son 2 millones más que antes de la pandemia. Una realidad que choca con el relato progresista y su “escudo social”.
La infravivienda
Pero el problema de los desahucios no es el único drama asociado a la problemática de la vivienda en el sistema capitalista. Esta problemática, agudizada en estos últimos 10 años de crisis capitalista, se expresa en otros fenómenos como los asentamientos de infraviviendas, algo que no es tan restringido como podríamos imaginar. En La Cañada Real –uno de los lugares que se ha posicionado como foco mediático en los últimos años a causa de la crisis energética y los cortes de luz impuestos por las eléctricas– viven un total de 7.283 personas a lo largo de sus 15 kilómetros de recorrido. Pero esta ciudad sin luz es solo uno de los varios asentamientos que configuran el extra radio madrileño. Solo en esta Comunidad existen 13 asentamientos de infraviviendas en los que se estima viven unas 45.000 personas. Además, el fenómeno de la infravivienda no es exclusivo de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, algunas zonas del campo también han integrado en su paisaje estos asentamientos habituales en lugares donde se concentran temporeros y población inmigrante fundamentalmente, aunque estos lugares no necesariamente están vinculado a la irregularidad. Según datos del I Mapa Estatal sobre discriminación racial y/o étnica en el ámbito de la vivienda y asentamientos informales en España el 40% de las personas que viven en infravivienda son inmigrantes con papeles regularizados. [3] Provincias como Huelva o Almería acumulan decenas de asentamientos de este tipo. Solo en Almería se calcula que hay 39 asentamientos o agrupamientos de infraviviendas con una población superior a 20 personas que en total agruparían a más de 3.376 personas de manera permanente. Aunque es difícil tener una idea de la magnitud de este fenómeno en el campo andaluz por la dificultad de acceder a un censo real y por el hecho de que solo existen datos sobre los agrupamientos que superan los 20 habitantes.
Por otro lado, cuando hablamos de infravivienda no solo nos referimos a los asentamientos o poblados en la periferia de las grandes ciudades o en los entorno de los macro invernaderos del campo andaluz. La infravivienda es un concepto que regula lo que está por debajo de la habitabilidad y no puede destinarse a uso residencial de un inmueble y es algo que incorpora algunos parámetros como la superficie de las estancias o la existencia de iluminación y ventilación natural, además de unas determinadas instalaciones. Esto hace que también exista infravivienda dentro de los núcleos urbanos y que en los últimos años se haya extendido esta realidad. Evidentemente esto escapa de las estadísticas, pero cualquier persona que viva en ciudades como Madrid o Barcelona se habrá dado cuenta de que en los últimos años en muchos lugares donde antes había un pequeño local comercial o bajo ahora hay una vivienda donde pueden llegar a vivir varias familias.
La exclusión residencial
Podemos incorporar más síntomas del problema de la vivienda. Por ejemplo, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en 2021 más de 11 millones de personas sufrían exclusión residencial en España, es decir, vivían en infraviviendas, tienen problemas de pago de suministros, sufren hacinamiento o sus hogares tienen barreras arquitectónicas, entre otros problemas habitacionales. En total, un 23,7% de la población está afectado por algún indicador de exclusión residencial. [4]
Imposibilidad de independizarse para la juventud
A esto debemos sumar otras problemáticas como el hecho de que hay millones de jóvenes en el Estado español que no se pueden independizar debido al elevado coste de las viviendas y alquileres. Según las últimas cifras del Eurostat, [5] el 83,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años viven con sus padres. Esta cifra es del 64,5% en la franja entre los 18 y 34 años y la edad para independizarse en el Estado español roza los 30 años, 29,8 exactamente, frente a la media europea que se sitúa en los 26.
A más de 2.000 euros el metro cuadrado para una vivienda en zona urbana, donde viven 8 de cada 10 jóvenes, o alquileres que no bajan de los 800 euros por vivienda y con sueldos medios por debajo de los 1.000 euros, sin contar con la tasa de desempleo juvenil (cerca del 30%), hace que las capas más jóvenes de los trabajadores no puedan acceder a una vivienda o tengan que dedicar un alto porcentaje de su sueldo para pagar una habitación.
El problema del alquiler
Pero el hecho de no poder pagar el alquiler de una vivienda no es cosa solo de jóvenes. En 2022, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 7,4% y situó el precio en diciembre en 11,03 euros/m2 al mes. Si tenemos en cuenta que el salario medio de España que en 2022 era de 24.395 euros brutos anuales los asalariados tuvieron que dedicar el 43% del sueldo para el alquiler, un máximo histórico. En 2021 era el 40%. Este porcentaje además en comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares es del 58%. Evidentemente esta problemática afecta con mucha más gravedad a mujeres, migrantes además de a los jóvenes como hemos mencionado.
La tendencia al alza de los alquileres de vivienda no va de la mano de los salarios. Desde 2010 hasta el cuarto trimestre de 2021, los alquileres aumentaron un 16%. Solo entre 2018 y 2021 el incremento fue del 4,7% según Eurostat, algo muy alejado del incremento real de los salarios.
El precio de la vivienda
En lo que respecta al precio de la vivienda entre marzo de 2022 y marzo de 2023 el precio de la vivienda ha aumentado un 7,3% según datos del portal idealista.es. El precio medio de la vivienda en España parece no querer agotar su tendencia alcista aunque tendencia no ha sido tan acentuada como la de los alquileres. Actualmente se sitúa en 1.507 euros por metro cuadrado pero en las grandes ciudades esta cifra se dispara. En Madrid el precio medio por metro cuadrado es de 3967 €. Un trabajador que cobre el salario mínimo (1.080 €) y quiera adquirir una vivienda de 65 metros en la capital debería ahorrar su salario íntegro durante 20 años.
¿Cuestión de oferta y de demanda?
Con los precios de alquileres y viviendas por las nubes podríamos pensar que existe una falta de oferta de vivienda que hace que los precios suban. Es decir, pocas casas para muchos demandantes. Sin embargo esto no es así. Es imposible saber cuántas viviendas vacías hay en España en la actualidad, pero según el último censo del INE sobre esta cuestión es de 2011 y en ese momento eran 3,4 millones, lo que suponía un 13,7% del total de pisos y casi todos ellos se concentraban en ciudades o municipios de más de 20.000 habitantes donde al mismo tiempo existe mayor demanda de vivienda. En Madrid, se concentraba casi un 10% del total, y en Barcelona, el 1,5% del total en 2011. Este dato en la actualidad se estima que sea muy superior, quizá en torno a los 4 millones. De todos esos pisos vacíos, la mayoría están en manos de la Sareb, Caixabank o Blackstone –los principales tenedores de España– que tienen propiedades por todo el país. Al mismo tiempo que se desahucia a miles de familias existen estos pisos vacíos que en ocasiones no son sacados al mercado con un objetivo puramente especulativo, para subir los precios de venta y alquileres. Por otro lado se sigue construyendo más. Desde 2013 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 la construcción volvió a repuntar con cierta fuerza pese al elevado stock de viviendas vacías heredado del ciclo anterior en el que entre 2008 y 2013 se ejecutaron cerca de 500.000 desahucios solo por lanzamiento hipotecario. La construcción de viviendas nuevas en el España experimentó un ascenso permanente desde 2014, con la excepción de 2020 que descendió a causa del aumento del precio de los materiales de la construcción. Entre 2015 y 2018 la edificación residencial de nueva planta creció a un ritmo medio anual de algo más del 7%. Este aumento de la construcción de vivienda libre además es opuesto al descenso en picado de la construcción de vivienda que cuenta con algún tipo de protección. En 2008 se construyeron 85.233 viviendas protegidas y en 2018 fueron 11.860. En 2018 el Ministro de Fomento, en ese momento José Luis Ábalos, anunció la promoción de la construcción de más de 5.000 viviendas, en un plazo de 4 a 6 años, destinadas al alquiler social, de las cuales solo ha sido construida una parte. [6]
Este aumento de construcción de vivienda libre buscaba satisfacer las necesidades de compradores extranjeros, que deseaban adquirir una segunda vivienda residencial y en su gran mayoría para inversores que desearan hacer operaciones de especulación. Como vemos el sistema capitalista es un sistema irracional. Mientras se expulsaba a miles y miles de personas de sus casas se mantuvieron pisos vacíos y se siguieron construyendo más. Todo para seguir alimentando un mercado basado en la especulación.
La nueva ley de vivienda y las recetas reformistas del gobierno “progresista”
Viendo todos estos datos comprendemos el calado de la problemática de la vivienda, un problema profundo ligado a cuestiones como los salarios o la especulación capitalista. Ante esta problemática, el debate ha adquirido un peso especial en el marco de la campaña electoral, así hemos visto como en estas semanas el Gobierno “progresista” ha sacado del cajón la ley de vivienda y Pedro Sánchez anunció que construirá 20.000 viviendas para alquiler social.
Como corolario a las limitadas políticas de escudo social implantadas estos años, la ley de vivienda propuesta por el Gobierno aspira a regular el mercado del alquiler, pero permitiendo sin ningún tipo de límite que los precios sigan aumentando, del mismo modo que sigue permitiendo que grandes tenedores como bancos y fondos buitre sigan desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.
Entre las medidas estrella de esta ley, el Gobierno, y en especial su ala reformista, hacen bandera de la limitación estructural de las revisiones de contratos de alquiler que será del 3% durante 2024 y que en adelante quedará fijado por un nuevo índice todavía por definir. Esta medida evidentemente no pone freno al aumento de precio de alquileres tanto por sus limitaciones -solo hablan de 2024 y se refieren exclusivamente a las actualizaciones de contratos- como por el hecho de que existen muchos mecanismos dentro de la propia ley que permiten y facilitan esquivar esta medida como ya han denunciado muchos sindicatos de inquilinas.
Respecto a los desahucios sucede algo similar. Aunque con la ley sí se prohíbe los desahucios sin fecha y hora predeterminadas, como sucede actualmente, e incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, pero más allá de eso no pone ningún coto a los desahucios que siguen estando a la orden del día. Incluso sin querer llegar tan lejos, tampoco se han incorporado medidas como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad. Sí se han preocupado de incluir medidas cosméticas que no llevan a ningún lado como la obligatoriedad de que los propietarios se sometan a una mediación, que no garantiza nada ya que la resolución de la misma no se tiene por qué respetar.
A esto debemos sumar el anuncio de Pedro Sánchez en plena campaña electoral para las autonómicas de que pretende construir 20.000 viviendas para alquiler social, -entendemos que además de las 5.000 que ya prometió Ábalos en 2018 y que aún están sin edificar- algo que es totalmente insuficiente. Cabría preguntarse por qué no empezar poniendo bajo alquiler social todas esas viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre los cuales se las apropiaron ilegítimamente después de arruinar a millones de familias trabajadoras al calor de la burbuja especulativa de la primera década de los 2000.
Es evidente que la ley del Gobierno “progresista” y sus aliados parlamentarios con los que ha llegado a pactar la ley no tratan de apuntar hacia el fondo del problema. Nada respecto a planes de vivienda social que den una respuesta real al problema de demanda y crisis social; ningún límite real a los grandes caseros de España, los fondos buitre, y nada contra los abusos de los bancos y su lógica especulativa. En definitiva, ningún límite a un mercado irracional que, por cierto, nada tienen que ver con la dignidad de la vida de las personas.
