Según información periodística, el PP de la Generalitat Valenciana ha paralizado los procesos en curso de reconversión de la gestión privada a la pública, para realizar una auditoría y analizar la situación real de estos centros hospitalarios. En particular, los de Dénia y Manises.
El futuro de la gestión del Hospital de Manises se encuentra, pues, en un limbo administrativo por el cambio de gobierno, tras la salida del PSPV-PSOE en coalición con Compromís y Podemos y la entrada de una ejecutiva autonómica formada por PP y Vox que se plantea dar un giro de 180 grados en lo que a posición sobre la gestión hospitalaria se refiere.
El principal dirigente del PP, Carlos Mazón, ya ha anunciado que todos los procesos de reversión actuales (como el de Dénia cuyo contrato con Ribera Salud también finaliza en 2024) se paralizarán para realizar una auditoría previa y conocer el estado del servicio antes de seguir adelante, o no.
Sindicatos y plataformas ciudadanas de defensa de la salud pública piden continuar la reversión
El comité de empresa del Departamento de Salud de Manises ha pedido al presidente del PPCV y futuro president de la Generalitat que continúe el proceso abierto por el anterior Consell para culminar el próximo año con la gestión directa del mismo.
En un comunicado, señalan que siempre han defendido la gestión directa por parte de la Conselleria de Sanidad y consideran que ésta tiene la «capacidad y la obligación» con sus ciudadanos/as y trabajadores/as de continuar con un proceso que va a ser «beneficioso para todas las partes implicadas: Gobierno, pacientes y profesionales sanitarios/as».
«Para gestionar lo público hay que apostar y creer en ello», señalan desde el comité de empresa, que añaden que «priorizar la gestión indirecta para dirigir un Departamento de Salud, es decirle a la población que los representantes elegidos por las urnas no tienen capacidad para llevar a cabo dicho empeño».
Según denuncian, el objetivo primordial de una empresa privada «es el beneficio económico que consigue al disminuir los servicios al mínimo necesario con unos salarios precarios y poco competitivos, mientras que el de la gestión pública directa es la calidad asistencial, la atención al paciente y a sus profesionales».
«Priorizar lo económico a lo asistencial nos aleja de los estándares de calidad que solicita una sociedad avanzada como es la nuestra», subrayan para añadir que no se debe permitir que «otros intereses desvíen la atención de lo que es importante, más si cabe cuando estamos hablando de la salud de las personas». Por último, subrayan que «no hay duda de que quien mejor puede atender nuestra salud y garantizar un empleo digno es la sanidad pública».
