El pacto migratorio europeo alcanzado por la Comisión Europea busca reforzar el control de las fronteras exteriores, dificultar los procedimientos de asilo y aumentar la “cooperación económica” con los países de origen y tránsito. Por eso incluye más arrestos, expulsiones y traslado de migrantes que no cumplan con los requisitos para obtener protección internacional. Algunas organizaciones de derechos humanos han criticado el pacto por considerarlo una amenaza para el derecho de asilo y la solidaridad internacionales, pero la lucha debe continuar.
La mañana del 20 de diciembre, la presidencia española de la Unión Europea anunciaba con satisfacción el acuerdo final sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), logrado el día anterior tras dos semanas de intensas negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Este consenso permite a la presidencia cumplir su objetivo de resolver este expediente controvertido antes de ceder el testigo a Bélgica, que asumirá la presidencia de turno del Consejo europeo a partir de enero.
“La presidencia española de la Unión Europea ha cumplido su objetivo. El consejo de Europa y el Parlamento Europeo han avanzado en la reforma para mejorar el sistema de migración y asilo de la UE”, así se anunciaba en las redes sociales el logro alcanzado. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos no celebran este acuerdo, que critican desde septiembre de 2020, cuando la Comisión Europea presentó por primera vez la propuesta del nuevo pacto. Según estas organizaciones, el acuerdo implica un giro hacia la securización de las políticas de migración, la normalización de la deportación, el aumento de la detención de las personas y el refuerzo de las prácticas de externalización a terceros países que han demostrado ser perjudiciales para los derechos humanos.
Un Pacto que, según CEAR, implica más barreras para acceder a la protección internacional, horas después de que se anunciara el acuerdo. Oxfam Intermón también criticó el Acuerdo como “mucho peor” que las políticas actuales y lamentó que “la Unión Europea ha desperdiciado la oportunidad de acordar normas mejores que aseguren la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los países europeos”.
El Pacto de migración y asilo final ha causado gran consternación en Europa, al implicar más problemas de los previstos. El pasado lunes 18D, 57 organizaciones, entre las que se encuentran Oxfam, Amnistía Internacional, ActionAid y Save the Children, enviaron una carta abierta a los eurodiputados. En ella, les pedían que aseguraran el respeto a los derechos humanos, ante el preocupante rumbo que habían tomado las negociaciones en las últimas semanas.
Según la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM), que reúne a organizaciones de derechos humanos de todo el continente, el proyecto aprobado finalmente: “legitimará el uso arbitrario de la detención de migrantes, incluidos niños y familias, fomentará el perfilamiento racial, recurrirá a los procedimientos de ‘crisis’ para facilitar las devoluciones en frontera y enviará a las personas a los llamados ‘terceros países seguros’ donde corren el riesgo de sufrir tortura, violencia y encarcelamiento arbitrario”.
En un comunicado publicado tras la aprobación del pacto, Border Violence Monitoring Network (BVMN), una de las organizaciones que firmaron la carta mencionada, expresaba su decepción por el fracaso de los esfuerzos de las organizaciones y su pesar porque el Parlamento Europeo no haya podido frenar los aspectos más problemáticos de la agenda del Consejo Europeo y la Comisión. “El resultado es la propuesta de la Comisión de 2020, agravada por las enmiendas del Consejo. Es un golpe devastador al derecho de solicitar asilo en la UE”, declaran.
Principales contenidos del Pacto
Las negociaciones pendientes que han alcanzado un pacto político se refieren a la normativa de control en frontera, que autorizará la detención de facto de hasta siete días de las personas en movimiento que lleguen a la frontera, con el objetivo de derivarlas hacia un procedimiento regular o uno acelerado. Aunque BVMN reconoce que se han logrado algunas garantías clave por iniciativa del Parlamento, como que el personal médico cualificado deberá realizar los informes médicos y de vulnerabilidad, no se habría conseguido que los solicitantes de asilo y migrantes recibieran una copia del informe de este control, lo que les permitiría recurrir si hubiera información errónea en un documento que determina qué tipo de procedimiento les afectará. El acuerdo establece que los solicitantes podrán tener “acceso” a la información, un lenguaje ambiguo, critica BVMN, que no asegura el derecho a esta información y puede propiciar arbitrariedades según el estado.
Sin tener acceso al texto final, las diferentes organizaciones advierten que se seguirá con la “ficción legal de la no entrada”, es decir, estar en un centro de acogida no equivaldrá a estar legalmente en territorio europeo, lo que supone una detención de hecho mientras se tramita el procedimiento. Critican también el fracaso del Parlamento en sus esfuerzos por introducir garantías para la supervisión del control fronterizo, donde la participación de organizaciones no gubernamentales en los mecanismos de seguimiento no será obligatoria.
Uno de los aspectos más controvertidos del Pacto se refiere a la normativa sobre los procedimientos de asilo, después del control, que clasifica a las personas en procesos ordinarios y procesos acelerados de frontera. Estos últimos establecen un plazo de 12 semanas durante el cual las personas podrían ser retornadas a los llamados “terceros países seguros”, o trasladadas a centros de detención de los países miembros para ser expulsadas a sus países de origen. Aunque al principio la Comisión y el Parlamento excluían a las familias con niños y niñas menores de 12 años de esta opción, la disposición final ha eliminado el límite de edad. También los menores no acompañados podrían ser retornados o detenidos si “suponen un riesgo”.
“Este Pacto inicia un sistema que podría confinar a miles de personas —incluyendo niños— en una detención de hecho en las fronteras exteriores de la UE. Esto no solucionará las fallas del sistema actual, sino que multiplicará el sufrimiento de las personas y las dificultades que deben superar para obtener protección”, afirmaba Alberto Ares, Director Regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europa), una de las organizaciones que suscribieron la carta abierta.
Una cuestión grave es que el procedimiento de frontera no contempla la asistencia letrada, y la presencia de abogados se limita al acompañamiento en las fases administrativas del procedimiento. Por otra parte, los recursos no tendrán efecto suspensivo sobre las decisiones adoptadas durante el procedimiento de asilo. Asimismo, se establecerá una lista de terceros países seguros. BVMN alerta de que por ahora, solo 6 de 27 estados miembros aplican esta categoría, que se normalizará con el pacto. Las solicitudes serán de hecho inadmisibles si el solicitante tiene algún vínculo con un “tercer país seguro”.
La normativa sobre la gestión de la migración y el asilo establecerá qué Estado debe encargarse de los trámites de asilo, abordando el tema de la solidaridad dentro de la Unión Europea, uno de los puntos clave que se han debatido en estos años. En vez de resolver los problemas que planteaba el sistema de Dublín —que asignaba la responsabilidad de gestionar el asilo al primer país por el que entraba la persona migrante— las organizaciones denuncian que se mantiene este criterio, recayendo en la mayoría de los casos sobre los países de acogida y ampliando además el plazo que tienen el resto de los países para devolver a los solicitantes de asilo a ese primer país, facilitando este procedimiento y sin requerir el consentimiento del país receptor. Este tipo de devoluciones afectará también a los niños y niñas.
Por lo tanto, en relación con la llamada “solidaridad”, se proponen tres formas de redistribuir la responsabilidad entre los estados miembros: la reubicación de las personas migrantes, la compensación económica a los estados miembros que se consideran “primera línea” fronteriza, o el financiamiento de los llamados “terceros países seguros”. La conservación de este último concepto “implica que los solicitantes de asilo podrían ser enviados a países como Túnez, aunque el gobierno haya respaldado expulsiones violentas y colectivas de migrantes subsaharianos a Libia y Argelia”, criticaba al respecto Sara Prestianini, de la organización Euromed Rights.
Además, los hermanos no se considerarán como familiares, lo que dificulta la reagrupación familiar. El Consejo también rechazó una propuesta que permitiría a los menores reunirse con otros parientes que residan legalmente. Esta opción solo estará disponible cuando esos parientes hayan obtenido protección internacional, residencia permanente o nacionalización.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es el relacionado con Eurodac, que autoriza el registro de datos biométricos, incluido el reconocimiento facial, de cualquier persona que ingrese a los estados miembros, incluso de beneficiarios de protección internacional y de niños y niñas a partir de los seis años. Estos datos estarán disponibles para las autoridades policiales de toda la Unión Europea, lo que, según BVMN, “refuerza la tendencia a equiparar el movimiento humano con la delincuencia, permitiendo el monitoreo masivo de las personas en tránsito de forma desmedida y vulnerando sus derechos de protección de datos”.
También preocupa el apartado que se refiere a las situaciones de “crisis”, que abarca tres tipos de casos: “fuerza mayor, llegadas masivas e instrumentalización”. En estas situaciones, los estados miembros tienen más discreción para derivar a las personas a procedimientos acelerados que facilitan su devolución a terceros países. En el caso de la “instrumentalización”, esto podría afectar a todas las personas que lleguen al país. Este término, advierte el PICUM, es especialmente problemático, porque es muy amplio: se trata de “una situación en la que un tercer país o un agente no estatal hostil promueve o facilita el desplazamiento de nacionales de terceros países y de apátridas hacia las fronteras exteriores o hacia un Estado miembro, con el fin de desestabilizar la Unión o un Estado miembro cuando tales acciones puedan poner en riesgo funciones esenciales de un Estado miembro, incluido el mantenimiento del orden público o la protección de su seguridad nacional”. Esta formulación, alertan además, podría llevar a considerar a las organizaciones no gubernamentales como entidades no estatales hostiles, profundizando la persecución de la solidaridad.
Frente a las políticas migratorias más restrictivas que incluye el Pacto, Nyanchama Okemwa, Presidenta de la Junta Directiva de la Red Europea contra el Racismo, una de las organizaciones que se ha opuesto al pacto, afirmaba: “La resistencia de Europa para recibir refugiados, que escapan en parte por las acciones de la política exterior europea en el Sur Global, no se debe a una imposibilidad, como muestra la respuesta de acogida al desplazamiento desde Ucrania. Al contrario, refleja la falta de voluntad de Europa para compartir la riqueza que acumuló mediante la esclavitud, el colonialismo, el genocidio de las comunidades indígenas y la explotación continua con las mismas personas a las que explotó y sigue explotando”
A pesar del golpe recibido, las organizaciones señalan que el acuerdo del 19 de diciembre no significa el fin de este proceso, sino que es un “pacto político” que requerirá más negociaciones. Las entidades se muestran, sin embargo, poco esperanzadas después de comprobar la falta de eficacia del Parlamento para oponerse a los otros dos actores. Recuerdan que es en estas conversaciones futuras donde se juega la última posibilidad, ya que son los miembros del Parlamento quienes tendrán que dar su voto final para aprobar el pacto. Las organizaciones instan a ejercer presión sobre la cámara, especialmente sobre los parlamentarios no vinculados con materia migratoria, para que entiendan lo que implica el acuerdo y se opongan a él. Para ello, las organizaciones llaman a implicarse a la sociedad civil y los medios de comunicación para presionar a los eurodiputados de sus propios países.
Convergencia en el Parlamento Europeo
BVMN denuncia en su comunicado la situación del Parlamento, donde los grupos del Partido Popular Europeo y los liberales de Renew han apoyado desde el principio la visión del Consejo, mientras que los Socialistas y Demócratas de la Unión Europea se han sumado a la agenda del Consejo y la Comisión en el último momento. Las organizaciones confían en que los parlamentarios se opongan a un pacto que viola los derechos humanos y expresan su decepción por la postura inicial del Parlamento, que fue muy crítica con la propuesta inicial y que no se refleja en el documento final.
Por otro lado, la izquierda del Parlamento Europeo ha expresado su frustración por el progreso de un Pacto que “supone el fin del derecho individual al asilo en la Unión Europea”. Los eurodiputados de The Left han criticado la influencia de Meloni y Orban en el documento, acusando al Consejo y a la Comisión de haber apresurado la aprobación del acuerdo a cambio de “desmantelar el derecho al asilo en Europa”. Sería, por tanto, un pacto que satisfaría a la extrema derecha y al fascismo en Europa.
Según “The Left”, “el pacto representa un momento histórico por motivos equivocados, ya que tendrá repercusiones duraderas en los derechos de las personas en movimiento durante las próximas décadas”. Afirman que el pacto legaliza la violación de los derechos de las personas migrantes al normalizar las detenciones, los perfiles raciales y el concepto de “instrumentalización”. Estos son los aspectos que más les preocupan a los eurodiputados, que consideran que esta propuesta es un “cheque en blanco para suspender casi todos los derechos de las personas que buscan protección”. “Una vez más, Europa no garantiza la solidaridad, la protección de los países de primera acogida como Grecia y el derecho de asilo. En lugar de la verdadera solidaridad europea, solo encontramos hipocresía”, resumió el europarlamentario de Syriza Konstantinos Arvanitis.
