Olvidados en la «Memoria Democrática» del régimen

Tanqueta de la Columna Miaja capturada y expuesta en la Plaza de las Tendillas (Córdoba)

Adrián Tarín Sanz. Saltodiario.com

Juan Dionisio Sanz Aguilar nació en Bailén, en 1886. Entonces, en el pueblo jienense vivían menos de 7.000 personas y su urbanismo era eminentemente rural. Entre casas encaladas y carriles adoquinados aprendió a leer y a escribir, pero no pudo continuar sus estudios y pronto entró a trabajar de aprendiz en una zapatería. Al cumplir los 21, sin dinero para pagar la “redención en metálico”, una elevada suma que permitía a los reclutas evadir su llamada a filas, abandonó los betunes e ingresó obligatoriamente en el ejército de Alfonso XIII. Fue militar durante los 12 años íntegros que estipulaba la Ley de Reemplazo y Reclutamiento.

Cuando en 1919 terminó el servicio, no regresó a los zapatos. En las Fuerzas Armadas podía cobrar un poco más, y era un trabajo más estable. Como soldado, tenía la oportunidad de, cada cuatro años, obtener un bono de 20 pesetas mensuales en concepto de “premio a la constancia”, por lo que pidió su traslado a la Guardia Civil. Allí, pasó por distintos cuarteles andaluces, fijando su residencia final en Andújar. Precisamente, en su último destino firmó una promesa de adhesión a la II República. Fue en 1933, bajo la presidencia de Manuel Azaña.

Como nunca ascendió a oficial, pasó la vida cuadrándose. Su último mando llegó al cuartel de Andújar en 1936, y se trató del infame Antonio Reparaz Araujo. El capitán Reparaz llevaba meses en un limbo, sin destino, como castigo por su feroz represión de la huelga asturiana de 1934, razón por la que fue apodado “el carnicero de Mieres”. Cuando aterrizó en Jaén cundió la desconfianza entre los guardias civiles demócratas. Este recelo se prolongó —y con razón— duante los primeros meses de la Guerra Civil.

Cuando en julio de 1936 una camarilla de jerarcas se alzó en armas contra la República, Juan Dionisio se integró en la Columna Miaja, liderada por el teniente general José Miaja Menant. A este se le encomendó la tarea de sofocar la rebelión en el sur, por lo que dividió a sus hombres en distintas agrupaciones que se distribuyeron por Andalucía. Nunca sabremos cuáles fueron sus convicciones más íntimas respecto a la naturaleza del golpe, pero a Juan Dionisio le tocó la Agrupación “Pérez-Salas”, compuesta por militares, milicianos cordobeses y valencianos, y los acuartelados jienenses de Antonio Reparaz. Su misión era recuperar la ciudad de Córdoba, en manos sublevadas desde los primeros compases del golpe. A Ana María González Serrano —su esposa, con quien se había casado en sus primeros años beneméritos— y a sus tres hijos en común los trasladaron a Lugar Nuevo, una finca serrana a cinco kilómetros del Santuario de la Virgen de la Cabeza, retaguardia en la que quedó acuartelado otro grupo de guardias civiles.

El 20 de agosto de 1936, la Agrupación Pérez-Salas partió desde la localidad cordobesa de Espejo hacia la capital, recorriendo la Nacional 432. A pocos kilómetros de su destino, cerca de una estación de ferrocarril en la pedanía Torres Cabrera, varios aparatos de la aviación fascista bombardearon la posición. Al día siguiente, el Diario de Córdoba describió que “una fuerte columna marxista (…) que llevaba unos 40 coches de línea y camiones” llegó al perímetro de la capital, donde fue recibida por fuego golpista. Siempre según este periódico, después de que los republicanos se parapetasen con los vehículos, “llegaron desde Sevilla tres magníficos aviones trimotores que se dirigieron al lugar de la lucha y, con gran acierto, les arrojaron unas 600 bombas”. “Los camiones marxistas fueron totalmente destrozados”, concluye la pieza.

Una versión similar, aunque con ciertas discrepancias, escribió José Cirre Jiménez, un falangista infiltrado en la agrupación. Según el testigo, que narra su experiencia con más vocación propagandista que historiadora, al llegar a Torres Cabrera “vimos un avión nacional, que estuvo evolucionando a gran altura con objeto, seguramente, de localizar bien a la columna”. Poco después, “el avión descendió más y lanzó tres bombas potentísimas” que disolvieron la disciplina de los milicianos. “Una cocina de campaña salió por los aires a consecuencia de una bomba que la alcanzó con certeza matemática; cuando aquel avión terminó su cometido vinieron dos más, que siguieron el bombardeo iniciado por el primero. Luego tres, y así fue aumentando el número hasta siete”. El capitán Antonio Reparaz, que luego huyó cruzando las líneas enemigas, bautizó a las aeronaves sevillanas como “el rocío de la muerte”, y aseguró que una de las bombas “acertó en el camión en el que llevábamos nuestras ropas, tapando los miles de municiones que yo había logrado obtener. Destrozó el camión y los bagajes, y por simpatía, los cartuchos comenzaron a estallar”. Cuando terminó el bombardeo, dijo, “los camiones estaban abandonados. Alguno deshecho, como el que llevaba nuestras municiones”.

Juan Dionisio debió ir en alguno de esos camiones o, al menos, estuvo cerca. Uno de los proyectiles le hirió de muerte. Tenía 50 años. No se sabe dónde están sus restos. 

En su acta de defunción se oculta la causa, pero una de sus hijas, Juana, solicitó en 1939 que se registrase “a consecuencia de la explosión de una bomba en el frente de Torres Cabrera”, aportando como prueba la testifical de los números José Cámara Rodríguez y Enrique Mercado García. La hoja de servicios finaliza con un lacónico “desconociéndose su situación desde la iniciación del movimiento militar salvador de España surgido el 18 de julio último, fino el año”.

Semanas después del bombardeo, la muerte de Juan Dionisio llegó a Lugar Nuevo. Fueron días sombríos, sacudidos de dolor. Pero, también, de nervios por los dimes y diretes que venían de fuera. En los mentideros se bisbiseaba que las autoridades republicanas, dudosas de la lealtad profesada por los oficiales jienenses de la Guardia Civil, planeaban cercar a los acampados en la Virgen de la Cabeza. Dudas que se acrecentaron con el transfuguismo de Reparaz, que días después ordenó la deserción de sus hombres. Dorotea, suegra de Juan Dionisio, era —en palabras de sus descendientes— “rojilla”, por lo que sus contactos confirmaron la inminencia del asalto. Corroborada el rumor, organizó la evacuación de Ana María y sus hijos de vuelta a Bailén. 

Aquel septiembre de 1936 fue traumático. Ramón, el hijo menor, me contó que de la noche a la mañana su madre, Ana María, dejó de hablar. Despertó con el pelo cano, y fue un mueble más de la casa hasta que falleció dos años después. “Murió de pena”, me dijo, aunque, en realidad, lo hizo de hambre. En el certificado de su defunción se lee “inanición por psicosis”. Ramón se quedó sin padres a los nueve años.

Cuando la prioridad es no molestar a nadie

En octubre de 2022, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció ante los medios para anunciar que España había “saldado una deuda con las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo” al aprobar la ley de Memoria Democrática (LMD). Su cuerpo legal comprende la solicitud de una Declaración de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas, un certificado que, “sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado”, pretende ser un acto de reparación moral. “La democracia española —continúa la LMD— honrará a aquellos ciudadanos que padecieron directamente la injusticia y los agravios derivados de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista”.

Emocionados, sus parientes entregaron ante el Ministerio de la Presidencia toda la documentación, acumulada durante años, que respaldaba la muerte de Juan Dionisio, pero, contra todo pronóstico, la solicitud fue desestimada. En la resolución, firmada por el propio Bolaños, se asegura que “el afectado fue un soldado caído en combate, sin que se pueda considerar que su fallecimiento sea consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones (…) del derecho internacional humanitario”.

“El derecho internacional humanitario lo que hace es regular los conflictos armados y, básicamente, proteger a los no combatientes”. Quien habla es Rodrigo Lledó, profesor de Derecho Penal Internacional y exdirector de la Fundación Baltasar Garzón. Durante la conversación tuvo la paciencia de recitarme los artículos en que se sustenta la desestimación. Su voluntad es pedagógica. Me razona que, en su opinión, y aunque “costó que el gobierno la aprobase”, la ley “ha quedado bastante bien”. La controversia, continúa, no es técnica, sino hermenéutica. Me lee cómo el artículo 3 considera víctimas a “las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la Dictadura”, por lo que con una “interpretación extensiva” cabría entenderse que, aunque combatiente, Juan Dionisio fue “una víctima, porque se vio obligado a participar en un conflicto armado que ni buscó, ni quiso”. Más aún cuando la LMD ilegaliza el golpe de Estado de 1936.

“Es interesante lo que se está decidiendo —discurre Rodrigo—, porque esto supondría que no todas las personas que murieron en la guerra serían víctimas para esta ley, solo aquellas que puedan acreditar una infracción al derecho internacional humanitario. Si se consolida una interpretación como esta, restrictiva, va a quedar muchísima gente fuera, gente que murió en combate”. Para el profesor, la principal innovación de la nueva ley de memoria es que atribuye al Estado la responsabilidad de reparación. Por ello, “si no reconocemos a estas personas como víctimas, quiere decir que no hay que buscarlas, que están bien enterradas en las cunetas y que esto pasa a ser un asunto privado. Es brutal”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no tiene una opinión positiva sobre la LMD. Por encima de lecturas legales más o menos retraídas, tiene “claro que se trata de un caso de equidistancia. La resolución no quiere entrar a distinguir quienes fueron los buenos y los malos soldados; quienes defendieron al gobierno y quienes robaron al Ejército armas, uniformes y cargos para dar un golpe”. 

Me repite, de vez en cuando, que esta ley pretende “no molestar”, y que eso solo es posible manteniéndose neutral. “Si distinguieran a Juan Dionisio de los que le mataron estarían tomando partido, algo que no quieren. Sobre todo, no quieren en el tema de la guerra, que es lo que más le interesa a la derecha, es su refugio. Se excusan en que hubo dos trincheras para no hablar de otras cosas, como la dictadura”. El presidente de la ARMH me ofrece una evidencia, bastante ilustrativa, del enfoque mediado que atribuye a la ley: “En el texto aparece 140 veces la palabra víctima y ninguna la palabra verdugo”.

Fingiendo ingenuidad, le pregunto por las razones de que un Gobierno progresista haya aprobado la norma sin relacionar meridianamente Guerra Civil y fascismo. “Si tú entras en la web del Ministerio de la Presidencia —me responde Silva— verás que en la definición que dan de memoria, en su primera frase, hacen un homenaje a la Constitución de 1978, que tuvo siete padres de los cuales cuatro fueron altos cargos de la dictadura. Y bueno, también tiene que ver con que, en las cúpulas de los partidos —de todos, enfatiza— hay mucho hijo de franquista”.

Pero, conforme avanza la charla, este activista me sorprende con una confesión: la Asociación no es favorable a las declaraciones de reparación. “Nosotros apostamos por una verdadera investigación de lo ocurrido. A mí de nada me vale un certificado si mi abuelo sigue desaparecido y nadie lo busca. En 25 años, a mi familia el Estado no le ha ayudado en nada. A nosotros nos lo quitaron todo, mi padre salió al colegio y no volvió a ver al suyo en la vida. Con diez años se convirtió en cabeza de familia de seis hermanos. Eso no lo repara un diploma que me cuenta algo que ya sé”. Además, Emilio me alerta de que la LMD permite la restitución de los bienes patrimoniales incautados por la Dictadura a los partidos y sindicatos, y, sin embargo, las declaraciones de reparación no prevén indemnizaciones para las familias. “¿No les dará vergüenza hacer eso? O sea, una familia a la que le quitaron su casa, su huerta y sus ahorros no tiene derecho a recuperarlo, ¿pero los partidos sí?”. 

“La Guardia Civil es un paredón”

Durante la documentación de este reportaje fui incapaz de disipar un runrún de mi cabeza. Partía de la premisa de que las Fuerzas Armadas presumen de dignificar la memoria de sus caídos. Quizá, aunque el Estado no les reconociera como víctimas del golpe de Estado, sus compañeros les tendrían en heroica estima. Una buena señal fue encontrar a Juan Dionisio en el Libro de Honor de la Guardia Civil. No aparecen las circunstancias de su muerte, pero, al menos, su identidad está grabada en un lugar ilustre. Quise conversar sobre todo ello con el gabinete de prensa del Instituto Armado y, aunque en un principio accedieron a contestar mis preguntas, más tarde admitieron que nunca lo harían. Tampoco fui atendido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Lejos de desistir, intercambié correspondencia con Daniel Campos, responsable de Comunicación del Ministerio del Interior; su email de respuesta incluía descargos inclasificables, como “Si lo entiendo bien, ¿quieres que forcemos a la Guardia Civil a darte una respuesta distinta?” o “Estás hablando con la Oficina de Prensa… no solemos enmendar la plana a otras instituciones”. Por último, probé suerte con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que, aunque rechazó una entrevista, dijo estar “segura de que todos los organismos dependientes del Estado darán cumplimiento a la LMD”.

“La Guardia Civil y el Ministerio de Defensa son herméticos, te acabas dando contra un paredón, nunca mejor dicho”. Josep Aladid González es firmante del “Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas” y número licenciado. “Tengo compañeros que, cuando contactan con el archivo, les dicen que no pueden enviarles copias de los legajos por correo, que tienen que acudir presencialmente. Cuando van, ese día la fotocopiadora no funciona, y tampoco les dejan sacar fotos de los documentos”. Josep recuerda haber sufrido de cerca discriminación ideológica por parte de sus superiores. “Estando en la Comandancia de Manresa pedí permiso para ir a un concierto de Lluis Llach y me lo concedieron, pero luego estuve dos meses arrestado por cualquier cosa. Es la forma que tenían de decirme ‘por ahí no es, no eres de los nuestros’”.

Juan Antonio Delgado también es guardia civil, aunque actualmente ocupa un escaño en el parlamento andaluz. “No creo que la Guardia Civil sea un cuerpo franquista, porque la mayoría es gente normal, pero yo ingresé en 1992, en plena democracia consolidada, y aún se denunciaba que en tal cuartel había un cuadro de Franco y no lo querían quitar. En Barbate (Cádiz), de hecho, había una losa de mármol en homenaje al capitán Santiago Cortés”. Casualidades de la vida, Cortés fue el cabecilla de los rebeldes del Santuario de Andújar.

Ni Josep ni Juan Antonio Delgado han presenciado jamás un reconocimiento a sus colegas republicanos muertos, a pesar de que aseguran que el cuerpo dispone de suficientes recursos bibliográficos para identificarlos. Tampoco han tenido noticia de que la institución se haya involucrado en exhumaciones. De hecho, y por primera vez, en abril de 2023 se rindió homenaje a un militar republicano, el general Antonio Escobar, fusilado en 1940. Al acto no acudió ningún ministro.

Para Fidel Gómez Rosa, antiguo militar y estudioso del Ejército, esta falta de reconocimiento se debe a que “la Transición fue una reforma política, no una ruptura y, por tanto, hubo una continuidad en las instituciones”. Para este historiador, la Guardia Civil hizo una transición profesional asimilable a la de otros cuerpos policiales en Europa, pero conserva un “componente de adhesión a los valores sociopolíticos del régimen”, un “corpus doctrinal totalmente continuista de la ideología del franquismo”, que confiaron en que se “iría solucionando conforme se renovase el personal, pero no ha sido así”. “La transición de la ética democrática no ha entrado en los cuarteles –continúa. Han estado 30 o 40 años venerando unos símbolos, se han formado con ellos, ¿cómo no van a seguir estimándolos?”. 

Ramón, aquel niño huérfano de 1938, sobrevivió con la ayuda de sus hermanas mayores. Desde muy joven encontró una chapuza en una botica, con la que contribuyó a ganarse el jornal. Al cumplir 17 años, un antiguo compañero de su padre le ofreció entrar en el colegio de huérfanos de la Guardia Civil, cuerpo para el que terminaría trabajando. “Para los guardias civiles republicanos hubiera sido más cómodo cruzar las filas y no poner su vida en peligro, más aún cuando los que no lo hicieron fueron asesinados y están en cunetas —reflexiona Delgado, el guardia civil y diputado de Podemos—. Este país no puede hacer borrón y cuenta nueva, ni ocultar lo que pasó. Los héroes son los que estuvieron con la democracia y la República, y no al contrario”. 

Josep Aladid coincide, y repite, como una letanía, que todavía queda mucho trabajo por hacer para democratizar la Guardia Civil. A todos los problemas estructurales mencionados añade otro, no menos importante, y que tiene que ver con el desinterés y la incomprensión. “Los guardias civiles demócratas están doblemente solos, porque lo están en el cuerpo y también en la calle. Yo mismo, cuando hablo con alguien y le cuento que fui guardia civil, se piensan que soy un fascista”.

Exclusiones como las que resuelven desde el Ministerio de la Presidencia no contribuyen a lo contrario.

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