El movimiento pensionista ante el año 2024

Pancarta del Movimiento Pensionista de León

Manuel Colinas Sala. Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Lejos del triunfalismo que el Gobierno y los medios de comunicación han transmitido a la opinión pública sobre la revalorización de las pensiones públicas para 2024, especialmente las mínimas contributivas y las no contributivas, la realidad es que con las revalorizaciones previstas, entre las 2 modalidades de pensiones de la Seguridad Social, hay alrededor de un millón de pensionistas que cobrarán menos de 520 euros al mes; y más de 3 millones que no alcanzarán los 830 euros. Nos preguntamos si con estas pensiones se puede vivir dignamente, con independencia, con un Índice de Precios al Consumo, ya bastante alto, y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. A lo que habría que sumar el enrarecimiento de hipotecas y alquileres.

Por otro lado, si continúa la ola de privatización de todo lo público: educación, sanidad, pensiones, residencias … como todo indica que así seguirá, debemos recordar al Gobierno, a éste o a cualquier otro, que son los servicios públicos y la cooperación de la sociedad civil organizada, quienes confortan a toda la ciudadanía por igual y nos salvan cuando las cosas se ponen difíciles, como ocurrió con la pandemia del Covid-19. El intento de ahondar en la privatización de la sanidad pública, cuyos nefastos resultados de pérdida de calidad estamos viendo con el recorte de recursos económicos y laborales y en las listas de espera; y ahora privatizar parcialmente la Seguridad Social por medio de los casi obligatorios planes privados de pensiones de empresa en los convenios colectivos, también para el funcionariado y autónomos, son ejemplos de poner lo que beneficia a unas pocas personas privilegiadas, por encima de los intereses de la gente, del pueblo trabajador.

Los sindicatos y los partidos políticos que podrían tener una mayor sensibilidad en lo social, parecen no darse cuenta de su responsabilidad histórica avalando, con su postura inane ante el intento de privatización de la Seguridad Social, las consecuencias demoledoras para la pobreza estructural de nuestro país y la desigualdad que irá aumentando, al transferir la gestión y financiación de lo público a entidades privadas.

Reivindicaciones básicas

Por ello queremos que el Gobierno nos oiga y podamos exponerle las reivindicaciones más básicas y urgentes:

1. Las pensiones mínimas y no contributivas deberían tener como referencia el Salario Mínimo Legal y no el Umbral de la Pobreza. La Carta Social Europea y su Protocolo Adicional de 1988, dicen que todas las personas, trabajadoras o ancianas, deben obtener los recursos económicos suficientes para llevar una vida digna y decorosa, más allá de la mera supervivencia. En concreto, para los salarios mínimos legales deben de ser el 50% del salario medio bruto o el 60% de la mediana del salario bruto de cada Estado. Valores de referencia indicativos de la Directiva Europea 2022/2041. Valores y cuantías que han de servir para definir lo que es una pensión adecuada y suficiente. Esto contribuiría a reducir la brecha de género en salarios y pensiones y evitar que la “pobreza tenga cara de mujer”.

2. Los planes privados de pensiones y sus fondos gestionados por entidades financieras privadas son un fracaso en lo económico y lo social. A pesar de los incentivos fiscales, que pagamos todos y todas, por más que descuenten cotizaciones a la caja única de la Seguridad Social, al final no cumplen los objetivos, como estamos viendo con la mutua de abogados y abogadas en España, o el rescate de los fondos de pensiones por el Gobierno del Reino Unido en octubre de 2022. Pensiones muy bajas para toda una vida laboral aportando dinero de los sueldos a esos fondos. Pensionistas que han de seguir trabajando en su vejez, como está pasando en Estados Unidos, Alemania, Chile y tantos países.

3. La ley 21/2021 en su Disposición Adicional Sexta estableció un plazo de 6 meses para realizar un informe de auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde 1967 a 2019, ambos inclusive. Han pasado 2 años desde que se publicó la ley y tan sólo se presentó en la Comisión del pacto de Toledo un informe preliminar de algunos últimos años y una cifra de 140.000 millones a favor de la Seguridad Social. Este informe no es una auditoría, porque una auditoría imparcial y competente debe recoger no sólo los gastos impropios sufragados por cotizaciones sociales desde 1967, también el patrimonio inmobiliario propiedad de la Seguridad Social: hospitales, ambulatorios, universidades laborales, etc., que gestionan las Comunidades Autónomas. Estimamos que esa auditoría evidenciaría que la Seguridad Social no es deficitaria. Por el contrario tendría superávit, y la “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva, no estaría en situación de mínimos.

4. Los servicios públicos tienen que ser de gestión pública, universales (que todas las personas tengan acceso) y de calidad. Mucha gente pregunta de dónde saldría el dinero para financiarlos. España puede mejorar notablemente su inspección fiscal y laboral. Son muchos miles de millones que se evaden, defraudan o eluden con ingenierías fiscales. Son muchas millones de horas de trabajo que no cotizan. Son cientos de miles millones de euros los que se calculan que están en la economía sumergida. Además España está, en relación con el PIB, todavía por debajo de la media ponderada europea en presión fiscal. Todo es cuestión de tener voluntad política.

Fortalecer lo público, las pensiones y todo lo demás, es lo que defendemos y defenderemos en este nuevo año 2024.

No daremos ¡¡NI UN PASO ATRÁS!! Porque, ¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS Y TODO LO PÚBICO SE DEFIENDE!!

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