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La reforma del sistema público de pensiones aprobada por el gobierno español incluye algunas demandas de las personas jubiladas y pensionistas, pero no acaba con la brecha de género; mantiene en 25 los años que se deben tener en cuenta para calcular la pensión; no elimina la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 y deja las puertas abiertas a la privatización. La piedra angular sobre la que descansa tanto despropósito es el argumento sobre la supuesta insostenibilidad del sistema a medio plazo. Una auditoria independiente de las cuentas de la Seguridad Social mostraría que se trata de un falso argumento.
Debe cumplirse, sin más demora, el mandato legal establecido en la ley 21/2021
Acaba de aprobarse un acuerdo sobre la 2ª parte de la “reforma Escrivá” de pensiones, un acuerdo que incluye medidas positivas, aunque limitadas, en el terreno de las prestaciones, y medidas de aumento de los ingresos de la caja de la Seguridad Social a través del aumento de algunas cotizaciones.
Hay que destacar que la reforma aprobada supone un paso atrás en las posiciones que durante meses ha hecho públicas el ministro Escrivá, que defendía una y otra vez la necesidad de “reducir el gasto”, es decir, imponer nuevos recortes de pensiones. Escrivá y los que actuaban tras él han sido derrotados por la firmeza del movimiento pensionista, por la resistencia de muchos sindicalistas, y ‐qué duda cabe‐ por el eco de la movilización actual en Francia.
Entre las medidas positivas, un aumento de las pensiones mínimas y algunas medidas para reducir la brecha de género en las pensiones aumentando las pensiones más bajas de algunas mujeres. En ambos casos, no se ha ido hasta el fin de lo que reclamaban los sindicatos, porque el gobierno insiste en la falacia que ello comprometería la sostenibilidad del sistema.
Se han incluido en el acuerdo algunas medidas de incremento de ingresos de la Seguridad Social, vía incremento de cotizaciones: mecanismo de equidad intergeneracional (para todos los salarios), aumento de bases máximas de cotización (para salarios más altos) y cuota de solidaridad (para los salarios más altos). Estas tres medidas se justifican alegando que son necesarias para la sostenibilidad futura del sistema. Aunque la mayoría de estos incrementos de cotizaciones recae sobre las cotizaciones patronales, a nadie se le oculta que suponen incremento del coste salarial, y esto va a ser utilizado por la patronal para intentar negar subidas salariales en la negociación colectiva.
También se incluye una medida que supone reducción de las pensiones futuras: el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones a partir de 2040.
La justificación de todo esto sigue estando en la supuesta “insostenibilidad” del sistema. Y, sin embargo, el gobierno se niega obstinadamente a realizar la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, aprobada en la ley 21/2021 (primera parte de la “reforma Escrivá”). Una auditoría que muy probablemente demostraría que no existen problemas de sostenibilidad del sistema, sino que la caja de la Seguridad Social ha sido “sangrada” por los distintos gobiernos para pagar a su costa “gastos impropios”, no relacionados con el pago de pensiones, gastos impropios que el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros, y que otras fuentes suben a más de 500.000 millones.
Además, a partir de 2025, se encarga a la AIReF una evaluación trienal del impacto fiscal de las medidas aprobadas, y se instaura un mecanismo de corrección de ese impacto fiscal. Lo que supone que cada tres años todo el sistema se va a ver sometido a revisión por el gobierno de turno.
De la misma manera que decimos que el gobierno no se ha salido con la suya en su pretensión inicial, afirmamos que todas estas concesiones al mito según el cual el sistema público de pensiones no es sostenible, son las que han impedido mayores mejoras y, sobre todo, sirven de justificación a recortes futuros. Véanse los informes de diversas consultoras, de la AIReF y el Banco de España, que insisten en la “insostenibilidad”. Es por ello, que es más necesario que nunca seguir reclamando el cumplimiento del mandato parlamentario de la Auditoría. En ningún caso debemos olvidarnos de esta reclamación elemental. Máxime cuando un día sí y el otro también, se siguen arrojando todo tipo de dudas interesadas, tendentes a cuestionar la viabilidad del sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto.
Más que nunca, hay que continuar la campaña. Por eso llamamos a sindicalistas e instancias sindicales a seguir recogiendo firmas y aprobando resoluciones exigiendo el cumplimiento del mandato parlamentario de auditoría.
Sindicalistas por la Auditoría, 28 de marzo de 2023
