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La Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha apoyado la admisión de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por un sindicalista durante su detención en los años 70, se trata de la causa que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona DI 438/22.
Según la fiscalía “La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura franquista […] Con este nuevo marco normativo y el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional y de los Tratados y Convenios internacionales, la Fiscalía concluye que no procede la inadmisión de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento…”
En este caso concreto se trata de la causa interpuesta por Carles Vallejo, quien en este año presentó la primera querella por torturas en la Jefatura de Via Laietana en 1971, durante el franquismo, en un juzgado de Barcelona, con el apoyo de Irídia y Òmnium Cultural, y a la que posteriormente se sumó como acusación popular la Generalitat.
El pasado mes de junio, la fiscal del juzgado de la capital catalana en el que recayó la querella presentada por Carles Vallejo se opuso a la admisión a trámite de la denuncia con el argumento de que los delitos habrían prescrito y que la Ley de Amnistía impide investigarlos. La decisión ha sido revisada por la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, que de acuerdo con la Fiscalía de Barcelona apuesta ahora por abrir la investigación.
Esta no sería la primera investigación sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo: un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite la querella de Julio Pacheco Yepes, que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en una causa en la que ya se ha tomado la primera declaración a la víctima.
El Ministerio Fiscal recuerda en su informe la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, puesto que son “principios articuladores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como de la propia Ley de Memoria Democrática”.
