El pasado 27 de noviembre la multinacional Telefónica-movistar anunció la destrucción de en torno a 5000 puestos de trabajo (que luego redujo a 3.500) mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), justificado por razones de rentabilidad y de optimización empresarial (nuevas tecnologías y mercados), aunque en los últimos años ha venido logrando pingües beneficios.
Estos miles de puestos de trabajo que pretenden suprimir con el nuevo ERE se añadirán así a los más de 50.000 ya destruidos por los anteriores, de modo que una plantilla que llegó a tener 77.000 personas empleadas ahora, tras este ERE «negociado», llegará tan solo a incluir en torno a unas 12.000 trabajadoras y trabajadores, sustituyendo las “bajas” impuestas mediante las habituales cadenas de subcontratación con unos salarios y condiciones cada vez más precarias. .
Como ya ha venido ocurriendo con esta multinacional de importancia clave (Telecomunicaciones), estratégica, este desmantelamiento mediante un nuevo ERE, injustificado e injustificable, de una plantilla con mínimas condiciones de calidad laboral, logradas a través de la lucha sindical, apenas ha recibido respuesta de las autoridades políticas y laborales.
El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por el momento se han limitado a aprobar, como hicieron en el Consejo de Ministros de la semana pasada ,la compra de una parte de las acciones de la empresa, por valor de 2000 millones de euros que aportará la hacienda pública (nuestros impuestos). ¿Es así como la ministra de trabajo piensa cumplir lo que prometió nada más tomar posesión de su cartera hace unas semanas, diciendo que ésta iba a ser la «legislatura del empleo y además del empleo de calidad»?
Antecedentes
La multinacional Telefónica-Movistar fue una empresa pública (heredera del antiguo monopolio estatal de las telecomunicaciones) hasta que se privatizó totalmente en los años 90 del siglo pasado. De la mano de la privatización empezó también el proceso de externalizarían y subcontratación masiva. A lo largo de estas tres largas décadas se suprimieron miles y miles de puestos de trabajo de la plantilla de Telefónica-Movistar en los sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo acordados entre la dirección de la empresa y los sindicatos mayoritarios.
La justificación del nuevo ERE por parte de Telefónica es que la finalización del cobre y la inteligencia artificial obligan a reducir el empleo. Lo que parece más una excusa puesto que estos puestos de trabajo siguen siendo necesarios para la prestación de servicios y, en realidad, lo que se persigue es seguir abaratando los costes laborales, sustituyendo el empleo de calidad por empleos precarios dentro de las múltiples contratas y subcontratas que realizan las pareas que antes se hacían con personal propio de Telefónica.
Como señalan sin tapujos algunos sindicalistas y sindicatos:
Nos quieren engañar, las Telecomunicaciones necesitan hoy mucho más empleo que hace 30 años cuando solo teníamos teléfono fijo y fax. La justificación es tan falsa, como que ningún empleado ni empleada de telefónica hace décadas que dedica un minuto de su jornada a las instalaciones de cobre ya desmanteladas y lo poco que queda de dicha red es mantenida por las subcontratas.
Resulta difícil a estas alturas, en efecto, contradecir la conclusión de que estas políticas de destrucción de empleo y precariedad, llevadas a cabo durante décadas por parte de la multinacional han necesitado de dos frentes colaboradores: sindical y gubernamental.
Alternativas
Incluso dentro de UGT y CCOO están surgiendo voces más o menos críticas con el papel asumido por sus dirigencias, supeditadas únicamente a la negociación -o mejor «concertación»- que han permitido este proceso de precarización en el sector, llegando a múltiples acuerdos para hacer despidos colectivos que han supuestos la destrucción de la gran mayoría de su plantilla, abandonando desde hace más de 30 años la vía de la movilización en Telefónica en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.
Y también son obligados responsables los diferentes Gobiernos por privatizar totalmente la empresa en los años noventa; por no paralizar ninguno de los despidos colectivos llevados a cabo con una falsa justificación económica, al ser Telefónica una empresa con multimillonarios beneficios año tras año; y por no haber limitado legislativamente la subcontratación, lo que ha permitido que empleo de calidad se convierta en empleo precario, tanto en Telefónica como en muchas otras empresas.
De hecho, en la última Reforma Laboral había el compromiso, que no se cumplió por parte del Gobierno con la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz a la cabeza, de obligar a las empresas subcontratistas a tener las mismas condiciones laborales y económicas que la empresa principal para la que prestan sus servicios, logrando así acabar con la subcontratación como herramienta económica de aumento de beneficios y burlando las capacidades de preservar la seguridad, la salud y los derechos de los trabajadores.
En consecuencia, cabe exigir al nuevo Gobierno y Ministra que rechacen públicamente este despido colectivo y que cumplan su palabra reformando urgentemente el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, limitando al máximo la subcontratación, y obligando a las empresas subcontratistas a tener las mismas condiciones laborales y económicas que la empresa principal para la que prestan sus servicios.
También los sindicatos mayoritarios deberían movilizarse, fuera de las mesas de concertación, para defender como corresponde el empleo de calidad, para luchar contra la precariedad y negarse a firmar ningún ERE, ni forzoso ni voluntario, tan injustificado legalmente como resulta este último.
