Como informa Jesús Lorda, el Consell de la Joventut de València (CJV) ha firmado un manifiesto “por una vivienda digna” en alianza con la Federación de Asociaciones Vecinales y representantes estudiantiles de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València. En un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento, representantes de estas entidades reivindicaron la puesta en marcha de medidas que ayuden a mejorar la situación de vivienda para los jóvenes valencianos. Del mismo modo, diversas entidades vecinales y sociales de València han presentado también otro manifiesto, que reproducimos al final por su significación política.
Manifiesto por una vivienda digna para la juventud
El manifiesto cuenta con un total de ocho puntos entre los que destaca la reclamación de “ampliar la red pública de vivienda municipal, reducir las listas de espera de Aumsa y considerar a las personas jóvenes como colectivo especialmente vulnerable y prioritario en la adjudicación de contratos de alquiler asequibles”.
El documento resalta la problemática de los pisos turísticos, sobre los que señala que el Ayuntamiento cuenta con la “capacidad y responsabilidad” de regularlos, “limitar su expansión desmesurada”, así como perseguir las prácticas ilegales. También reclama “buscar fórmulas para desincentivar la acumulación de vivienda vacía” y formar a la juventud para evitar que se vulneren sus derechos, así como que cuenten con mayor información ante posibles abusos en sus contratos de arrendamiento.
En materia de ayudas, el manifiesto considera que son “útiles y necesarias” a corto plazo, pero cree que se deben considerar “una medida transitoria y paliativa, puesto que no solucionan el problema de raíz de la especulación urbanística”. Por todo ello, el CJV, junto con las entidades firmantes, proponen la creación de una comisión específica del Ayuntamiento de València que se encargue de hacer un seguimiento de esta cuestión y que pueda plantear soluciones a partir del diálogo entre representantes municipales y las asociaciones de la ciudad.
Además, consideran que estas propuestas se deben poder expresar y debatir en el Consejo Social de la Ciudad, una entidad de la que no forma parte el Consell de la Joventut, aunque es una de las principales reclamaciones de los últimos meses. En este sentido, el recién nombrado presidente del CJV, Pablo Bottero, reivindicó en una entrevista en Valencia Plaza la importancia de entrar en el Consejo Social: “Estar ahí significa que realmente valoran el Consell y que van a tener en cuenta nuestra opinión a la hora de tomar decisiones”.
En declaraciones a los medios de comunicación durante la firma del manifiesto, Bottero ha incidido en que el problema de la vivienda también está afectando al área metropolitana. Sobre el contacto con el consistorio para tratar de mejorar esta materia, el presidente del Consell ha explicado que sí han podido entablar conversaciones con el concejal de Urbanismo, Juan Giner: “Tenemos muy buena relación. Sabe de lo que habla y podemos trabajar en esta línea”.
Por su parte, la presidenta de la FAVV, María José Broseta, se ha mostrado en sintonía con las palabras de Bottero y ha incidido en la subida del precio de la vivienda, que ha considerado “desorbitada”. “Todas y todos tenemos que exigir a las administraciones que den un paso adelante para que esta situación se pueda mejorar”, ha valorado la presidenta de la FAVV.
Broseta ha pedido “actuar ya” ante la situación. “Nosotros sabemos que esto no se va a solucionar mañana, pero queremos ver hechos ya, desde hoy”, ha añadido la presidenta de la FAVV. Broseta ha considerado que València “es ya una zona tensionada” y ha añadido que esta problemática anteriormente afectaba a “determinados barrios”, pero en la actualidad “son todos los barrios, incluidas hasta las pedanías”.
Consideran que la situación es “insostenible”
En los preámbulos del manifiesto, el CJV señala que, para un buen número de personas jóvenes, “emanciparse del hogar familiar es más un sueño de película que una realidad”. Según el Consell, solamente 1 de cada 10 jóvenes se pueden alquilar un piso en la ciudad, compartir habitación o heredar una vivienda. “Para la gran mayoría, en cambio, emigrar o refugiarse en las afueras, son las pocas opciones que nos quedan para poder desarrollar un proyecto de vida propio”, destaca.
Por ello, creen que la situación es “insostenible” y señalan como principales escollos la acumulación de pisos, la especulación urbanística, la “laxa” regulación de apartamentos turísticos y la “escasa” oferta pública de vivienda. “Salarios bajos, un paro estructural del 30% y una elevada temporalidad y parcialidad en la ocupación, hacen del colectivo joven uno de los más precarizados de la sociedad, a pesar de ser una generación formada y capacitada para trabajar en sectores pioneros y de alta calificación”, añaden.
Los ocho puntos del manifiesto
1. Es imprescindible hacer cumplir y desarrollar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda en la ciudad de València, así como la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, de la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.
2. El Ayuntamiento de València tiene la capacidad y responsabilidad de implementar una regulación de los apartamentos turísticos, limitar su expansión desmesurada, localización y perseguir prácticas ilegales.
3. Hay que ampliar la red pública de vivienda municipal, reducir las listas de espera de Aumsa y considerar a las personas jóvenes como colectivo especialmente vulnerable y prioritario, en la adjudicación de contratos de alquiler asequibles.
4. Buscar fórmulas para desincentivar la acumulación de vivienda vacía.
5. Formar a la juventud en materia de emancipación puede evitar que se vulneren sus derechos y estar alerta ante posibles abusos, así como establecer mecanismos de inspección de los contratos de alquiler.
6. A pesar de ser útiles y necesarias en el corto plazo, las ayuda municipales al alquiler tienen que considerarse una medida transitoria y paliativa, puesto que no solucionan el problema de raíz de la especulación urbanística.
7. Proponemos la creación de una comisión específica del Ayuntamiento de València, encargada de hacer seguimiento de esta problemática y plantear soluciones útiles que partan del diálogo entre representantes municipales y el tejido asociativo de la ciudad.
8. Todas estas propuestas tienen que poder expresarse y debatir en el Consejo Social de la Ciudad, donde el Consell de la Joventut de València ha de formar parte, sin más demora.
Manifiesto en defensa de la Vivienda Pública.
Es una cuestión evidente: falta vivienda pública, con alquileres accesibles a la población con menos recursos. Hay que garantizar un hogar digno a quienes se les ha despojado de su vivienda al ser desahuciados, a los que no pueden tenerlo, como es el caso de la mayoría de la juventud, que no puede emanciparse y otros colectivos de rentas medias-bajas, muchos de ellos demandantes de vivienda pública, o quienes nunca han tenido la oportunidad como las persones sin hogar, debido a las condiciones que impone el mercado, cada vez más controlado por los llamados «fondos buitre» y las grandes empresas inmobiliarias y la banca.
Sabemos los planes de estos grupos, a los que solo importa obtener grandes beneficios haciendo negocio con esta situación, especulando con las viviendas para venderlas o aprovechando el enorme dèficit para construirlas y enriquecerse. La Asociación de Promotores de Valencia pide al Gobierno Valenciano que ceda el derecho de superficie a los promotores privados durante 50 a 70 años para construir edificios en suelo público, tal como ya hiciera el Botànic con 1.100 viviendas, pero «flexibilizando los criterios para que no sólo accedan colectivos en situación de vulnerabilidad y emergencia habitacional». También reclaman al Consell rapidez y la modificación de la normativa de la VPO para subir el precio de las viviendas VPO y vincularlo al IPC.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la patronal CEOE, pide a los Gobiernos central y autonómicos que acepten la cesión, por un mínimo de 25 años, de las viviendas en manos de los grandes tenedores a las Administraciones públicas por un alquiler inferior al de mercado, para que éstas las subarrienden como viviendas asequibles a familias con rentas bajas.
En este contexto, Carlos Mazón afirma que en esta legislatura construirá 10.000 nuevas viviendas para alquiler en colaboración con el sector privado y que modificará la regulación de las VPO para dar «garantías a las empresas y proporcionarles más seguridad jurídica».
Se trata de la privatización del suelo público y de la financiación del negocio de los «fondos buitre» y de las grandes empresas por las Administraciones públicas, sin que aquellas corran ningún riesgo.
La realidad es que la reciente legislación sobre vivienda no garantiza ni a la juventud, ni a los pensionistas, ni a los trabajadores con los salarios más bajos el derecho al acceso a una vivienda digna, tampoco enfrenta la emergència habitacional con medidas valientes; por otra parte el entramado burocrático entre las administraciones central, autonómica y local favorecen esta situación, sin que los poderes públicos pongan límite a la permanente sangria de los desahucios, la subida de los alquileres, a la multiplicación de viviendas turísticas y a la cada vez mayor presencia del capital especulativo en el mercado inmobiliario. Y esto cuando solo en la ciudad de Valencia hay 1.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública de carácter social, más de 550 desahucios anuales, un exiguo parc públic de la ciutat (1.373 – 0,42%, als que podem sumar 777 projectades, suponen un total del 0,65% de viviendas prinicipales), con 57.193 viviendas vacía, y con unas subidas impagables del precio de los alquileres, que en el 2023 han sido del 15%.
Las asociaciones abajo firmantes EXIGIMOS:
- Que se intervenga el precio de los alquileres.
- El mantenimiento de la bonificación al alquiler de las viviendas del parque de viviendas público del Ayuntamiento de Valencia
- Una série de medidas valientes que enfrenten la enorme emergencia habitacional, recogidas en el desarrollo normativo de la Ley 2/2017, entre ellas:
- Evitar la pérdida de más viviendas y frenar los desahucios de familias sin alternativa habitacional, alquilando las viviendas de esos grandes tenedores al sector público y este será el que alquile a las ciudadanas. Créditos blandos.
- Liberación de las viviendas en manos de la Sareb y de las administraciones públicas para alquiler, a precios asequibles para las rentas más bajas.
- Debemos sacar al mercado de alquiler las propiedades vacías de Grandes Tenedores (Sareb, bancos -especialmente de la rescatada- y fondos buitres. Promover programa de viviendas vacías de particulares.
- Una serie de medidas que paralicen el enorme proceso de ampliación de plaza, viviendas y pisos turísticos, así como de plazas hoteleras que están sometiendo la ciudad a una turificación y gentrificación insoportable.
- Un Plan de construcción de viviendas necesarias
- Que las Administraciones públicas pongan en marcha ya un plan de construcción por las empresas públicas de la Generalidad y del Ayuntamiento de vivienda pública en los solares públicos, sin que esto suponga ningún derecho para los promotores inmobiliarios privados.
- La financiación del Estado debe ser finalista para la construcción de vivienda , que será dedicada al alquiler sin posibilidad de venta posterior y estará dirigida a las empresas municipales y autonómicas.
- Los Gobiernos tienen los medios (o pueden tenerlos) para construir vivienda pública cuando no hay restricciones para financiar y producir armamento a fondo perdido para la guerra en Ucrania o para el ejército sionista de Israel.
Exigimos a los Gobiernos que dejen de dar excusas y se pongan manos a la obra para poner en marcha medidas valientes contra la emergencia habitacional y construir las viviendas públicas necesarias para cubrir las necesidades de las familias vulnerables.
