La situación política actual y sus turbulencias parlamentarias plantean dudas justificadas sobre la capacidad del gobierno de Pedro Sánchez para administrar sus políticas socio-liberales. ¿Podrá sortear las contradictorias demandas de sus variopintos socios parlamentarios? ¿Podrá resistir el embate de los recortes ordenados desde Bruselas y a las tensiones internas de su coalición? Y si así fuera… ¿A costa de qué? Antes y después de estas preguntas formuladas por el articulista y de su valoración general, que compartimos en buena medida, sigue resultando necesario para los trabajadores y los pueblos del estado un debate amplio con respecto a “¿qué hacer?”, desde la lucha social y desde las organizaciones de la clase trabajadora que defienden realmente sus intereses y demandas desde una perspectiva independiente. En efecto, hay una salida…
Aurelio Solaris. Canarias-semanal.og
España: un gobierno con los días contados
¿Podrá un Gobierno tambaleante y en la cuerda floja como el de Pedro Sánchez administrar sus políticas socio-liberales atrapado entre las contradictorias demandas que le plantean sus variopintos socios parlamentarios?
Esta es la primera interrogante que surge que al observar las filigranas utilizadas estos últimos días para lograr la aprobación de los primeros decretos presentados por Gobierno español. Sensu strictu, más que de una maniobra se trató de un grotesco juego malabar que ha puesto precozmente de manifiesto tanto la complejidad de una Coalición enmarañada como el rompecabezas de una concertación políticamente contra natura. Subrayamos lo de políticamente, porque desde el punto de vista social e ideológico las distancias entre los rubricantes de los apoyos son tan solo aparentes.
El Parlamento español ha sido testigo en el curso de estos días de un acto de auténtico equilibrismo político con la aprobación de dos de tres decretos clave propuestos por el Gobierno. Este hito, logrado mediante una negociación a la desesperada con Junts, los representantes de la gran burguesía catalana, pone de relieve la fragilidad de los apoyos parlamentarios con los que cuenta un “gobierno de coalición progresista”, que recuerda el carácter efímero de esta legislatura .
El Gobierno, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, se ha esforzado en tratar de presentar los citados decretos como necesarios para proteger a los más vulnerables. Pero la realidad es que no son más que una mezcla de pequeñas concesiones acompañadas, eso sí, del trágala de los recortes encubiertos, ordenados desde Bruselas.
En el corazón de esta dinámica política se encuentra el delicado balance entre las concesiones sociales mínimas y las políticas de austeridad impuestas por la UE. Este enfoque netamente socio-liberal ha sido criticado por su servicio a los intereses de las grandes empresas y su alineamiento con las políticas de austeridad europeas.
Los decretos aprobados, que incluye el controvertido “decreto ómnibus”, que contiene medidas fuertemente regresivas para los trabajadores públicos y de la justicia, son auténticos emblemas del significado real de estas políticas.
Por otro lado, el decreto sobre el subsidio de desempleo, que proponía aumentos mínimos en las ayudas a cambio de recortes en las pensiones de los desempleados de larga duración, ha sido rechazado, subrayando así la resistencia existente dentro del propio bloque gubernamental.
La aprobación de estos decretos también ha incluido acuerdos explícitos con la derecha catalana, en particular en temas de inmigración, lo que generará preocupación en determinados ámbitos por el endurecimiento de las políticas en este rubro.
Frente a estos desarrollos, la oposición, tanto de derecha como de izquierda, no parece ofrecer alternativas que arrastren a la movilización social. Mientras que partidos como el PP y Vox proponen medidas aún más negativas, otros socios de la coalición, como ERC o EH-Bildu, han sido criticados por su tibio y condicional apoyo al gobierno.
Lo que parece claro es que el nuevo escenario político que se ha inaugurado en España plantea un desafío significativo para los trabajadores y para los sectores populares. Ambos se verán enfrentados ante la perspectiva de políticas de austeridad y recortes en servicios públicos y derechos. La alternativa a este reto debería consistir en una movilización independiente que rechace tanto los planes del gobierno actual como las propuestas de la oposición. Pero en las presentes condiciones, ¿es ello posible? ¿Contando con qué fuerzas políticas? ¿Con el apoyo de qué fuerzas sindicales?
Desde el punto de vista del análisis estrictamente político, la aprobación de los decretos citados pone de relieve la fragilidad del conjunto del panorama político español. La función del nuevo Ejecutivo terminará siendo exclusivamente las de tratar de navegar con vías de agua a través turbulento mar de las demandas contradictorias de los socios que apoyan al Ejecutivo y las fortísimas presiones provenientes Unión Europea.
Pero salvo que irrumpan en el escenario político español factores hoy imprevisibles, se puede afirmar con toda certeza que el actual Ejecutivo tiene sus días irremisiblemente contados, y los asalariados españoles un futuro aterradoramente incierto.
¿Hay una salida? Por supuesto que si
