Angel Tubau. Coordinadora CATP. Información Obrera.org
La movilización de los pequeños campesinos en varios países de Europa, que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas para intentar acallar las protestas, y las reacciones de determinadas fuerzas que se dicen “de izquierda” ante esa movilización, hacen necesario volver sobre la “cuestión campesina”.
En la sociedad de clases en que vivimos determinada por la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, por la explotación, por parte del capital, de la fuerza de trabajo, de la cual extrae la plusvalía, el campesinado ocupa un lugar particular.
Hay que señalar, para comenzar, que el campesinado no es una clase social homogénea.
Hay una capa de campesinos ricos, que viven de la explotación de sus tierras por parte de una fuerza de trabajo asalariada y/o de otro sector de campesinos que alquilan sus tierras. Este sector está crecientemente relacionado, si no integrado, en la Agroindustria, en las cadenas de comercialización, los grandes monopolios, los fondos de inversión, los grandes bancos.
Existe un campesinado medio, que explota directamente las tierras, con ayuda de trabajadores asalariados, a los cuales explota.
Y existe, finalmente, un pequeño campesinado que trabaja su tierra, una pequeña porción, o alquila tierras a los grandes propietarios. Prácticamente, no cuenta con trabajadores asalariados, o solo temporalmente.
Y existe un proletariado agrícola, los jornaleros, el sector más explotado, en buena medida con trabajo temporal, dependiendo de las estaciones de las cosechas. Una parte de este proletariado agrario está formada por inmigrantes, algunos en situación legal, otros “sin papeles”, ambos sufriendo una situación de explotación extrema.
¿Cómo se traduce esto en el campo español?
La situación ha cambiado radicalmente desde el año 1986. O sea, desde la entrada en el Mercado Común y la integración dentro de la Política Agraria Común (PAC). Hay una modificación sustancial en relación a los años 30 del año pasado, en dos sentidos: el peso de la agricultura en la economía (según datos de 2023, el valor generado por la producción agrícola es de 32.000 millones de euros, es decir, un 2,3 por ciento del PIB. En comparación, la construcción representa el 6 por ciento, la industria el 16 por ciento y el resto son los servicios.)
En segundo lugar, el régimen de propiedad. La mayoría de la gran propiedad, ya provenga de los viejos grandes terratenientes o de las nuevas empresas agrícolas (si no toda) está integrada en el capital financiero.
Según el último censo, hay en España 900.000 explotaciones agrícolas y ganaderas. España ha perdido en tres años 17.906 explotaciones y 132.219 empleos. En Europa (U. Europea), en 15 años se ha pasado ¡de 15 millones de explotaciones a 9 millones!). Hay, por tanto, un fenómeno general de concentración de la propiedad de la tierra. Y transformación del propietario. Hoy, buena parte de las tierras cultivables está en manos de las multinacionales de la distribución, los fondos de inversión…
De estas 900.000 explotaciones que quedan, la mitad corresponde a pequeños campesinos (o sea, que tienen 5 de hectáreas o menos, que viven de su trabajo con muy pocos jornaleros, si acaso temporales). Evidentemente, esto es desigual por regiones…En Galicia sigue imperando el pequeño propietario, en Cataluña el pequeño y medio. En Andalucía y Extremadura hay un predominio de los grandes propietarios
Es bueno recordar la estructura de la explotación de la tierra:
- La mitad del territorio -24 millones de hectáreas- es útil.
- 70 por ciento son cultivos de secano, del cual un 50 por cien son cereales y hortalizas. Las tierra de pastos suponen un 30 por cien, el resto son bosques.
- Sólo un 0,3 por cien corresponden a agricultura intensiva en invernaderos (muy concentrados en Almería)
La PAC y el Pacto Verde Europeo niegan al campesinado su medio de vida
Como decíamos, la PAC ha ayudado a modificar la estructura de la propiedad, concentrando la propiedad, o sea, aumentando las grandes propiedades, forzando el cultivo de exportación (Más del 60 por cien de las frutas y hortalizas que se consumen en la UE),
De las 900.000 explotaciones agrarias, 600.000 reciben ayudas. Pero el sistema de pago por superficie reafirma que los beneficiarios son, sobre todo, los grandes propietarios, favorecidos, junto con las empresas de distribución y algunas otras grandes empresas, con el 80% de las ayudas de la PAC (Telefónica, 5,5 millones; Entrepinares 5,5 millones; Osborne, 4,1 millones; Mercadona 1,45; duquesa de Alba 1,9…), O sea, nada que ver ni con los campesinos (ni siquiera los grandes) ni con el cultivo para el consumo de la población.
El 20 por ciento de los propietarios reciben el 80 por ciento de las ayudas. O sea la PAC favorece y potencia la gran propiedad, los cultivos para la exportación. También, el pago por superficie favorece el abandono de tierras cultivables.
De hecho, desde enero del 2023, con el Pacto verde europeo, es casi una nueva PAC que coloca al pequeño campesinado en situaciones y condiciones imposibles de cumplir. No es por casualidad que esta nueva PAC se conviene con los Tratados de libre comercio.
Es por ello significativo que en las negociaciones este viernes 16 de febrero con el ministro Luis Planas se acordó pedir -por carta- a la Comisión europea una atenuación de las medidas del Pacto verde. Entre ellas aumentar de 1.250 a 5.000 euros la ayuda a los pequeños agricultores (como hemos dicho son la mitad los que tienen 5 o menos hectáreas) así como la derogación de la rotación de cultivos, la no obligatoriedad de monitorizar las explotaciones agrícolas, entre otras medidas. El 26 de febrero hay una reunión de ministros de agricultura de la UE, donde deben debatirse estas propuestas.
El ministro buscaba en realidad hacer cesar las movilizaciones, aunque por el momento esto está lejos.
Hay que resaltar que las organizaciones llamadas “ecologistas” protestan porque se pretenda reducir el Pacto verde. Estos grupos proponen volver a una supuesta agricultura de pequeños propietarios felices y cuidadosos con la tierra. O sea, despreciar los avances tecnológicos que permiten producir mejor, en mejores condiciones y sin dañar la tierra. En última instancia los “ecologistas” dan una cobertura “amable” a las medidas que destruyen la pequeña y mediana agricultura. En primer lugar, porque no abordan la cuestión de las cuestiones: la propiedad de la tierra.
Los jornaleros agrícolas
Para la clase obrera industrial y de servicios, los principales aliados en el campo son los jornaleros. Porque comparten lo esencial: vivir de la venta de la fuerza de trabajo.
Hay en estos momentos unos 770.000 empleos asalariados. Ya sea fijos o temporales, muchos de los cuales, en particular, en Andalucía y Extremadura viven de un subsidio agrario, ya que la venta de su fuerza de trabajo (las peonadas) no les permite sobrevivir.
Otra parte de estos asalariados son mano de obra inmigrante, parte de ella en situación legal, con permiso de residencia y de trabajo, o con “contratos en origen” (una forma particular de explotación y sumisión). Otra parte, son “sin papeles”, en situación de clandestinidad laboral (evidentemente, consentida por las autoridades): La mano de obra inmigrante se ve más fácilmente sometida a abusos e irrespeto de los convenios colectivos. Al mismo tiempo, su presencia permite a las patronales presionar a la baja sobre los convenios colectivos del campo.
La gran responsabilidad de las organizaciones sindicales es no ocuparse de estos sectores, en función de su sumisión a la política del gobierno, sea “progresista” o no, de dependencia y defensa de la Agroindustria y de la PAC.
Los dueños de la producción: las multinacionales y las grandes distribuidoras
El pequeño campesino labra su tierra o cría su ganado, pero no controla la distribución ni los precios de sus productos. Son las multinacionales y las distribuidoras de alimentos las que controlan el mercado, imponen los precios de venta de sus productos por parte del campesino y especulan con los productos, imponiendo al consumidor precios 4, 5 o 10 veces mayores que los que han pagado al campesino.
Gracias a los tratados de libre comercio, las distribuidoras pueden comprar sus productos en terceros países, donde se producen con salarios muy bajos, y sin los controles sanitarios y medioambientales que se exigen a la producción europea.
Las reivindicaciones de los pequeños campesinos
La lógica de capitalismo lleva a la desaparición de las pequeñas explotaciones agrarias. La revuelta de los campesinos ha puesto sobre la mesa reivindicaciones precisas, que, en su conjunto, son justas: precios fijos garantizados. Teóricamente la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe vender por debajo del coste de producción. Pero esta ley no se cumple, como han demostrado las organizaciones agrarias en la reunión mantenida con el ministro Planas.
A esta reivindicación se suma la prohibición de importación a terceros países que no respetan las mínimas normas sanitarias. De ahí el rechazo a los Tratados de Libre comercio o las importaciones “sin aranceles” de Ucrania. De las cuales se benefician las grandes multinacionales que han comprado las tierras al amparo de la oligarquía de Zelensky, y aprovechándose de la guerra. La política de la UE de “apoyo” a Ucrania se traduce en apoyo a las multinacionales y a un puñado de oligarcas ucranianos que controlan explotaciones agrícolas y ganaderas. Tratados de libre Comercio sobre todo con África, o del Tratado en negociación con el Mercosur.
Hay que entender que la política general del capital financiero busca de hecho inundar Europa de productos baratos de otros continentes (cuya producción provoca también la destrucción, en los países de origen, de los bosques y de los cultivos necesarios para alimentar a la población) y, de hecho, destruir la agricultura europea, o sea, destruir una clase productiva.
Los campesinos tienen diferentes organizaciones: COAG, ASAJA, UPA, esta última ligada a las organizaciones obreras. En general, estas organizaciones no cuestionan la PAC y buscan compensaciones del gobierno de turno.
En estas movilizaciones hemos visto un desbordamiento de la organización, en manos de pequeños agricultores, como en Catalunya (la infiltración de la extrema derecha, muy publicitada por los medios de comunicación y los partidos “de izquierda” vinculados al gobierno, es marginal). Al fin y al cabo, tanto el PP como VOX apoyan la política de la PAC).
La ausencia de una organización obrera que busca la alianza
Este es el problema central. Lo que definió la revolución rusa fue la política agraria de los bolcheviques, buscando la alianza de obreros y campesinos (en un país en que la clase obrera era minoritaria)
Pero aquí las organizaciones y partidos que se dicen de izquierda, incluidos los ecologistas, se oponen a los campesinos, los calumnian. Dicen que son de derechas, que están manipulados por la extrema derecha. Hay que recordar que el campesino ruso, que hizo la revolución de octubre, era un colectivo conservador y antisemita. Fue ganado a la revolución por el partido bolchevique, que le ofreció el reparto de la tierra (una promesa que cumplió el primer día de su gobierno). Los partidos que se dicen “de izquierda” en España respetan la gran propiedad privada y la PAC (con críticas, claro).
La organización revolucionaria debe de ser clara: apoyo a las reivindicaciones que oponen a los campesinos al capital financiero e interesan a la clase obrera. Y la búsqueda de la alianza con los jornaleros y los pequeños campesinos.
Esto exige un programa que tenga como perspectiva la nacionalización de las cadenas de distribución, los créditos baratos para los campesinos, acceso a las simientes y abonos, los precios garantizados, combinado con el control de la inflación con el bloqueo de precios.
Es evidente que la acción de una organización revolucionaria al tiempo que defiende a los pequeños agricultores promueve la sindicación y lucha reivindicativa de los jornaleros -el sector de los más explotados de la clase obrera-, y, en particular, los de origen inmigrante.
