Durante el año 2022, las administraciones públicas emplearon más de 37.000 millones de euros para gasto militar y de control social. En 2023, las políticas belicistas del gobierno contemplan otros 48.800 millones para gastos de este tipo, una cuantía en su mayor parte no reconocida y camuflada en diferentes partidas ministeriales.
Nos encontramos ante un crecimiento del militarismo sin precedentes en las últimas décadas, lo que conlleva enormes recortes y amenazas para la clase trabajadora y los pueblos de nuestro país y de toda Europa.
Rompiendo con las políticas de anteriores décadas en torno al estado y la sociedad del bienestar social, en muy pocos años, actualmente los diferentes gobiernos de nuestro entorno, la inmensa mayoría de los partidos políticos y de los medios de comunicación se declaran firmes defensores de un discurso militarista que plantea que la mejor manera de acabar con la guerra es con más guerra, y que la mejor vía para lograr la paz es prepararse para la guerra.
El Estado Español, como alumno destacado y meritorio de la Alianza Atlántica, ha previsto invertir en 2023 en torno a 48.800 millones € en gasto militar y para control social. Cuantía que supone más del 2% del PIB recomendado por la cumbre de la OTAN de junio del año pasado y que, en su mayor parte, aparece escondida en diferentes partidas de distintos ministerios. Ocultación que realiza un gobierno supuestamente “progresista”, interesado en esconder ante la opinión pública que los recursos destinados sin medida al militarismo y al control social también conllevan para la población mayores recortes y penurias, por ejemplo, para pagar la factura de la luz y del gas, hacer la compra, pagar el alquiler o recibir unos servicios de salud, educación o sociales públicos y dignos.
La Objeción Fiscal a los Gastos Militares es una campaña que viene desarrollándose en el Estado Español desde hace cerca de 40 años. Su objetivo es cuestionar y socavar la financiación de la guerra, reorientando las casillas de la declaración de la renta a apoyar económicamente proyectos que promuevan el trabajo por la paz, la justicia social, la igualdad entre mujeres y hombres, la cooperación para el desarrollo, la defensa del medio ambiente, los derechos humanos o la seguridad alimentaria.
De esta manera, la Objeción Fiscal pone en cuestión también la visión de seguridad basada en la intervención militar y policial y en el recurso a la fuerza y la represión, fortaleciendo las luchas que de verdad nos dan seguridad frente a la supuesta “defensa militarista”.
