Pablo Recio. 65ymas.com
El sistema público de pensiones en España se ha convertido en un tema recurrente en los medios de comunicación, tanto en la televisión como en la radio. Existe un creciente debate en torno a la sostenibilidad de este sistema, con defensores y detractores expresando opiniones divergentes. Uno de los acontecimientos más notables relacionados con esta discusión fue la aprobación de la Ley 21/2021 en diciembre de 2021. Uno de los puntos clave de esta ley establecía la realización de una auditoría para evaluar la situación de la Seguridad Social y las pensiones en España. Esta auditoría tenía un plazo de un mes para ser encargada y 6 meses adicionales para su ejecución, lo que indicaba que debía haberse completado en septiembre de 2022. Sin embargo, a día de hoy, esta auditoría aún no se ha realizado, generando preguntas sobre el porqué de este retraso y su importancia.
La auditoría como instrumento clave
La auditoría propuesta en la Ley 21/2021 se presenta como una herramienta fundamental para analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Este proceso de auditoría debería proporcionar una imagen clara y precisa de la situación financiera del sistema y ayudaría a disipar las dudas y debates que rodean la sostenibilidad del sistema de pensiones. La auditoría podría ofrecer un panorama objetivo y basado en datos reales, lo que es esencial para fundamentar futuras decisiones y reformas relacionadas con las pensiones.
Las cifras en discusión
Uno de los aspectos centrales de la controversia es la cifra mencionada por el ministro José Luis Escrivá de 140.000 millones de euros. Se ha afirmado que esta cifra representa una deuda relacionada con las pensiones. Sin embargo, es crucial entender que las cifras en el ámbito de la Seguridad Social se dividen en tres categorías diferentes:
– Fondo de Reserva. Este fondo fue mal gestionado y utilizado de manera ineficiente. Debería entrar dentro de la auditoría y saber de una vez por todas cómo fue su utilización.
– Gastos impropios. Estos gastos corresponden a la Administración General del Estado y abarcan elementos como los complementos a mínimos, los complementos por maternidad y las pensiones no contributivas. Aunque son una preocupación válida, nuevamente, no forman parte del objetivo de la auditoría.
– Acumulación de dinero. La acumulación de 595.000 millones de euros, retirados de la Tesorería de la Seguridad Social entre 1977 y 2016, es el aspecto fundamental que debe ser examinado en la auditoría. Esta cifra tiene un impacto directo en la sostenibilidad futura del sistema de pensiones en España, y no solamente en la sostenibilidad, sino también en la mejora de unas pensiones adecuadas, legisladas con la justicia que requiere el esfuerzo realizado por los pensionistas en su etapa laboral.
Un sistema de pensiones en pie
La eterna sostenibilidad en medio de tormentas de mala gestión. La mala gobernanza y la gestión caprichosa parecen ser los ingredientes secretos en el cóctel de incertidumbre que rodea al sistema de pensiones. Como si los responsables se hubieran inspirado en un enrevesado guion de comedia, los fondos se han deslizado por un tobogán de gastos dudosos, al estilo “desaparición mágica” de un mago de feria. Mientras los pseudo expertos lanzan predicciones funestas, el sistema permanece firme, desafiando a quienes pronostican su derrumbe. Tal vez sea hora de que admitamos que, a pesar de los tropiezos en la administración, este sistema es, de alguna manera, inusualmente resistente, como un héroe de una película de acción que se niega a rendirse ante los desafíos y obstáculos que se le presentan.
Conclusión: la importancia de la auditoría
La auditoría propuesta debería ser vista como una oportunidad para abordar el debate en torno a la sostenibilidad de las pensiones en España. Permite una revisión objetiva de la situación financiera y arrojaría luz sobre la capacidad del sistema para mantener las pensiones hasta 2050. La falta de ejecución de esta auditoría ha generado desconfianza, incertidumbre y especulación en la opinión pública.
Para asegurar la transparencia y tomar decisiones informadas, es esencial que se lleve a cabo la auditoría, conforme a lo estipulado en la ley. Esto proporcionaría una base sólida para futuras discusiones y decisiones sobre el sistema público de pensiones en España. La sostenibilidad del sistema es un tema crítico y la auditoría es el medio para obtener respuestas claras y datos fiables que permitan abordar adecuadamente esta cuestión.
