Además del CATP o la COESPE, también las asociaciones ASJUBI40 y Adesppyss se han pronunciado exigiendo con urgencia una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. Seguidamente se incluye el comunicado de esta última entidad y su propuesta de denuncia judicial.
Desde ADESPPYSS (Asociación para la Defensa del Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social) queremos denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno del compromiso que adquirió en diciembre de 2021, al aprobar la ley 21/2021, que contemplaba la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social entre los años 1967 y 2019.
Dicha auditoría tenía el Gobierno que encargarla en un plazo máximo de un mes y realizado en un plazo máximo de seis meses, a partir de la aprobación de la ley, y todavía seguimos esperándola.
El Gobierno, tres días después de la aprobación de esa ley, quiso dar por cumplido el compromiso con la presentación ante el Pacto de Toledo de un Informe sobre la acción protectora de la Seguridad Social y la Financiación del Estado, al que no se ha dado publicidad.
En dicho informe, incompleto, el entonces ministro José Luis Escrivá reconoció una deuda del Estado con la Seguridad Social que ascendía a 140.000 millones de euros, por el uso indebido de sus fondos para gastos que no correspondían a la Seguridad Social. A pesar de reconocer dicha deuda, el informe no contempla cómo restituir dicha cantidad.
Pero es que además en el mismo no se recoge el patrimonio de la Seguridad Social, por lo que en ADESPPYSS consideramos que ese compromiso continúa sin cumplirse. La auditoría de la Seguridad Social no solo debe comprender la parte financiera; debe reflejar también su patrimonio inmobiliario, adquirido con las cotizaciones de los mutualistas y que es el segundo más grande, tras el del Estado.
Importante patrimonio inmobiliario
La Tesorería General de la Seguridad Social es titular actualmente de 4.496 unidades inmobiliarias de todo tipo (edificios, garajes, parcelas, naves, pisos, etc.) repartidas por todo el territorio español. Unas son utilizadas por los servicios de la Seguridad Social y sus entidades colaboradoras, otras sin uso y pendientes de enajenación, y otras usadas por las Comunidades Autónomas, como las 21 Universidades Laborales y multitud de hospitales que están siendo utilizadas por las autonomías, sin compensación alguna a la Seguridad Social, a pesar de que en ellos hay multitud de negocios montados, como cafeterías, librerías, reprografías, alquiler de señal de TV, floristería, kioscos de prensa, de lotería, etc. que están abonando alquileres a las comunidades autónomas, en lugar de hacerlo a la Seguridad Social.
Baste como ejemplo la Universidad Laboral de Gijón, construida con las cotizaciones de los mineros y cuyo edificio, considerado patrimonio de la Humanidad, es utilizado en la actualidad por el Principado de Asturias, sin compensación alguna a la Seguridad Social.
Una auténtica auditoría debe contemplar el patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social y la deuda financiera del Estado con la misma, además de las vías para compensar dicha deuda. Y continúa sin realizarse.
Por ello, ADESPPYSS está contemplando acciones legales contra el Gobierno, por incumplimiento del compromiso adquirido con la Ley de diciembre de 2021.
Han pasado dos años y vamos camino del tercero, con un Gobierno en permanente equilibrio y un incierto futuro, y seguimos esperando.
