Xabier Arrizabalo Montoro. Informacionobrera.org
Perspectivas ante la declaración de guerra del capital a través de Milei1
¿Qué significa lo que está ocurriendo en Argentina? ¿Por qué sucede, qué ha acontecido para llegar hasta aquí? ¿Qué escenarios futuros pueden vislumbrarse para el medio e incluso corto plazo?
1. Una declaración de guerra contra la clase trabajadora
El pasado 10 de diciembre Milei asumió como presidente de la República Argentina. Tan sólo 48 horas después, su ministro de economía, Caputo, anunció diez medidas “de emergencia”, parte de las 366 medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)2, de las que el propio Milei anunció 30 el 18, apenas ocho días más tarde. Incluyendo la subida del cambio del dólar oficial a 800 pesos, lo que significa una devaluación del 118%. Quienes perpetran el paquete lo bautizan como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina3. Un sarcasmo carente de toda gracia dado que con él se busca, en realidad, una gran destrucción de la economía argentina entendida como medio de vida de la población. El DNU fue publicado en el Boletín Oficial el día 21 y entra en vigor en ocho días, esto es, el 294. Antes, el día 27, se anuncia la Ley Ómnibus a la que nos referimos enseguida.
Los aspectos procedimentales, que apuntan a un golpe larvado, con intenciones bonapartistas al pretender saltarse el legislativo, están ligados al contenido de las medidas. Éstas constituyen, fundamentalmente, una declaración de guerra contra la clase trabajadora, sin perjuicio de que también afecten negativamente a ciertos sectores del capital, particularmente nacional, como lo hace la liquidación de medidas proteccionistas que le preservaban segmentos del mercado nacional.
No son sólo los más de 7.000 despidos de empleados públicos y la brutal precarización vital que se prepara con el desplome de los salarios reales5. Se trata de una auténtica declaración de guerra, como se expresa en el ataque frontal al derecho de huelga. Para ello, se definen actividades “esenciales” en las que se imponen unos servicios “mínimos” del 75%, que incluyen, entre otras muchas, las telecomunicaciones, los servicios aduaneros y hasta la educación secundaria. Y se definen también actividades “de importancia trascendental”, con servicios mínimos obligatorios del 50%, incluidos el transporte, la producción y distribución de materiales de construcción, la reparación de aeronaves y buques, correos, servicios bancarios, hoteleros y gastronómicos. Se limita asimismo el derecho a realizar asambleas en los centros de trabajo, considerándolas medidas de fuerza, y se prohíben los piquetes a cuyos integrantes se les podría despedir legalmente.
Hay otras medidas, también muy agresivas contra la clase trabajadora, como aumentar el periodo de prueba de 3 a 8 meses, sacar de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido los complementos salariales como los bonos anuales, eliminar la doble indemnización en relaciones laborales no registradas o deficientemente y reducir las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado.
Y también medidas que atentan contra la cultura y contra la ciencia. Con la Ley Ómnibus se liquidan, entre otras, dos grandes instituciones culturales como son el Instituto Nacional del Teatro (artículo 587) y Fondo Nacional de las Artes (artículo 589). En el terreno de la ciencia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), expresamente amenazado por Milei previamente, apenas tiene presupuesto hasta el mes de junio.
Este paquete, al presentarse como decreto, podrá ser tratado por el Congreso de la Nación, donde debe ser validado inicialmente por una Comisión Bicameral y luego aprobado por mayoría por una de las dos cámaras (la de diputados o la de senadores). Pero debido a las sesiones extraordinarias convocadas por el propio gobierno, el paquete no podrá votarse en las cámaras hasta el 1 de marzo, asegurando por tanto al menos dos meses de vigencia, salvo que el Poder Judicial lo declarara total o parcialmente inválido (véase la nota 2).
Nueve días después, el 27, el gobierno presentó al congreso otro paquete, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, conocida como Ley Ómnibus porque agrupa decenas de proyectos con 664 artículos. Incluye medidas tan graves como la privatización de unas 40 empresas públicas (incluidas YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Casa de Moneda, Correos, la agencia de noticias Télam, empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos); la modificación regresiva de la composición de la Cámara de Diputados; la eliminación de penas a quienes utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo” (hasta ahora sólo se autoriza su uso a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”); la impunidad al blanqueo de hasta 100 000 dólares en activos y que el presidente decrete el aumento de las jubilaciones. Incluso el artículo 654 aprueba escuetamente el DNU (el texto completo del artículo reza “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia n.º 70/23”). Corona todo esto la represión del ejercicio de los derechos democráticos de expresión, reunión y asociación, así como el de huelga, como ha sido consignado. Además, ataca frontalmente la separación de poderes, con una suerte de modificación constitucional encubierta en su artículo 3:
