Ecuador: ¿guerra contra el narco o contra el pueblo?

Xabier Arrizabalo Montoro

La segunda semana de enero ha resultado muy convulsa en Ecuador. El lunes 8 el presidente Noboa, miembro de una de las principales familias oligárquicas del país, declaró el estado de excepción y un toque de queda, tras la fuga de la cárcel, la víspera, de uno de los principales narcotraficantes, a la que siguieron más fugas y motines penitenciarios. El martes 9, tras la irrupción de una banda armada en una televisión en Guayaquil, Noboa promulgó el “Decreto de Conflicto Armado Interno”, adicional al estado de excepción, para la movilización e intervención de las fuerzas armadas (Decreto de Conflicto Armado Interno (Decreto Ejecutivo n.º 111).

Todo ello le sirvió de excusa para, decretada la guerra, promover nuevas vueltas de tuerca en el ajuste fondomonetarista y así, el jueves 11, llevó a la Asamblea Nacional la “Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica”, con la que se aumentaría el IVA del 12 al 15% desde el 1 de marzo. El objetivo es recaudar 1.306 millones de dólares anuales, menos que los activos del emporio Noboa, estimados en 1.355 millones², y que tiene una deuda fiscal de 143 millones, según el Servicio de Rentas Internas³.

¿Qué hay detrás de todo esto? Ecuador viene de una situación política muy convulsa durante varios lustros ya, en la que destaca el levantamiento popular de octubre de 2019. El país, como todo América Latina, padeció el colonialismo, ya en el siglo XX con la forma imperialista, que ha impedido todo desarrollo sistemático de sus fuerzas productivas, condenando a gran parte de su población a la miseria. A lo que se añade la violencia: en 2023 se registraron 7.800 muertes violentas, más que nunca. Entre ellas la de al menos 9 políticos, incluido Villavicencio, candidato a presidente, a dos semanas de la primera vuelta. A seis días de la segunda, seis de los sospechosos del crimen fueron asesinados estando presos en Guayaquil.

¿De dónde viene la violencia?

Quienes se presentan como bomberos son en realidad pirómanos. Primero el expresidente Lasso, cuyas conexiones con tramas corruptas le hicieron optar por la “muerte cruzada” (mecanismo constitucional por el que simultáneamente cesa el presidente y se disuelve la Asamblea Nacional) y ahora el nuevo presidente, Noboa. La expansión del narco no es resultado de la casualidad, ni ajena en particular a la actuación del aparato de Estado.

Una actuación que, en distintos planos, se ha desplegado a favor del narco. En primer lugar, con la política de recortes que precariza aún más a la mayoría de la población, creando un caldo de cultivo propicio a la extensión del narco, con la incorporación de miles de jóvenes a sus filas. En segundo lugar, con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, aprobada el 29 de noviembre de 2021, en cuyo libro II se regulariza la tenencia de activos en el exterior, lo que, ligado a la dolarización, facilita el blanqueo de capitales, en particular del narco.

En tercer lugar, con lo que el diario español El País, marcadamente anticorreísta, describía como “un sistema de justicia que deja en la impunidad miles de delitos, policías y militares detenidos con armas y drogas; un sistema carcelario que oculta en los techos de las oficinas armamento y dinero; y territorios cedidos a la gobernanza criminal, donde el Estado ha desaparecido”⁴. Lo reconocía la propia embajada de Estados Unidos: “el embajador Michael Fitzpatrick (…) menciona que en el país hay ya ‘narcogenerales’ (…) Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden”⁵. Además, también se redujo el presupuesto penitenciario, agravándose la situación en las cárceles. En 2023 se probó el vínculo de Carrera, mentor de Lasso, con la mafia albanesa y el narco, además de los lazos del sector que llega con él al Estado desde el Banco de Guayaquil. Ante todo ello, Lasso acepta la “muerte cruzada” por la que se convocan las elecciones presidenciales que gana Noboa en segunda vuelta, siendo nombrado presidente hasta finales de 2025.

Lo que se produce a continuación es el resultado lógico en una actividad que, si bien es trágica desde el punto de vista de la mayoría de la población, para el capital es un sector más para su valorización. Y que, por tanto, se define por la pugna por el mercado, que hace dispararse la violencia en 2022 entre los distintos grupos delictivos que aspiran a controlarlo y para lo cual se benefician de la ausencia del Estado, hasta el punto de que ponen en marcha un sistema tributario de extorsión: la “vacuna”, un pago para evitar robos, agresiones, etc.: “así, desde humildes vendedores ambulantes, pequeños empresarios, pequeños comerciantes, hasta empresas de agroexportación, e industriales, todos ellos fueron integrados, bajo la mirada cómplice del Estado, a este vasto esquema extorsivo. Aquellas personas que se rehusaban a pagar las extorsiones eran sistemáticamente eliminadas y un manto de impunidad cubría esos excesos”⁶.

El papel de la injerencia estadounidense y de la economía del narco

Todo está presidido por la injerencia de Estados Unidos, cada vez más sistemática, hasta el punto de que en 2021-22, bajo la presidencia de Biden, el país se convierte en el principal receptor de “asistencia militar” en América Latina: 172 millones de dólares, más del doble que el segundo (Colombia, 78 millones)⁷. El 6 de octubre se firmó el Estatuto de las Fuerzas Armadas estadounidenses que les otorga privilegios, inmunidad y garantías, incluidos sus contratistas y que cualquier disputa se resuelva en tribunales de EE. UU. En julio se había firmado en EE. UU. el Memorando de Entendimiento (MOU) para, oficialmente, definir objetivos compartidos en materia de Seguridad. El 17 de agosto la cooperación para la interceptación aérea de “narcoavionetas”, el 28 de septiembre, el acuerdo para el envío de fuerzas militares terrestres y marítimas al país. Y todo ello después de que el 15 de diciembre 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobara la “Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador” como parte de Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional, que autoriza el traslado de patrulleros de la Guardia Costera de EE. UU. a Ecuador y fortalece la cooperación de seguridad en cuestiones cibernéticas, policiales y militares.

El negocio del narco es un negocio capitalista y muy boyante. Según un informe de Global Financial Integrity (GFI) de septiembre de 2020, tan sólo lo que afecta a EE. UU., México y Canadá mueve entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales⁸. Es decir, más que el PIB de la mitad de los países latinoamericanos. En México, en 2022, el narco empleaba a 175.000 personas, sólo menos que cuatro empresas (y más que PEMEX, por ejemplo). En 2012, eran 115.000, se calcula que han muerto unos 50.000 y se ha detenido o han desaparecido 60.000, lo que significa que en diez años 285.000 personas han formado parte del sector. Cada semana son abatidos, encarcelados o desaparecen unas 200, pero son captadas unas 350 nuevas⁹.

Es decir, el capital, en su tan desesperada como criminal búsqueda de espacios de valorización, recurre masivamente al narcotráfico con su consecuente devastación social. La drogadicción, conviene no olvidarlo, es una auténtica lacra social que no deja de aumentar. Según la Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU, entre 2011 y 2021 el número de consumidores ha aumentado en el mundo un 23%, pasando de 240 millones a 296 (lo que supone un 5,8% de la población mundial entre los 15 y los 64 años)¹⁰. En este mismo informe, se cuela la explicación: “las previsiones de mercado para el futuro próximo estiman que el tamaño del mercado de la terapia asistida con ketamina tendrá un valor de más de mil millones de dólares y el de la terapia asistida con MDMA de más de 2 mil millones de dólares en Estados Unidos”. Se trata de las multinacionales farmacéuticas, las mismas que han extorsionado a los Estados con las vacunas contra la covid-19, etc.

La guerra no es contra el narco, es contra el pueblo ecuatoriano

Lo que ofrece el imperialismo para el pueblo ecuatoriano, como para todos los pueblos latinoamericanos y del mundo entero, es precariedad y represión. Hasta el grado que necesite para sus planes, como se revela con toda nitidez en el intento genocida contra Palestina. En Ecuador se expresa en el cinismo de Noboa quien, como buen representante oligárquico, no parece tener límites. Después de militarizar la represión y promover el aumento del IVA, el 13 de enero le entrevista la BBC, que le pregunta “Muchas veces lo que se ve es el palo, pero no llega lo segundo, que es la genuina rehabilitación de barrios en ciudades como Quito y Guayaquil”. Y Noboa responde así: “Exactamente. Lo segundo es lo que lo hace sostenible. Si solo vienes con el palo, vas a seguir teniendo más de dos millones de jóvenes desempleados, los barrios seguirán sin servicios públicos, sin educación, sin atención médica, ni atención psicológica para las personas que han sido afectadas por la violencia. Ese también es un factor clave. Por eso siempre hablo de las dos cosas, seguridad y empleo. Y el gobierno tiene que trabajar en esas dos cosas simultáneamente”¹¹.

De lo que se trata es de otra cosa: los gobiernos de Lasso primero y de Noboa después son pirómanos corresponsables del incendio que constituye la violencia desatada en torno al narco. Una violencia cuya principal víctima es el pueblo ecuatoriano, víctima a su vez de las políticas económicas de dichos gobiernos (cierto es también que, durante los gobiernos de Correa no se modificaron las estructuras estatales que hacen posible todo esto). Sin embargo, estos gobiernos, y específicamente ahora el de Noboa, oficializan la situación como la guerra que justificaría dos tipos de medidas: por una parte, una nueva vuelta de tuerca en la política económica de ajuste fondomonetarista, cuya primera concreción sería el aumento del IVA (pero con otras medidas en el punto de mira del capital, como la eliminación de subsidios a los combustibles, nuevas contrarreformas laborales y pasos en el desmantelamiento de la seguridad social). En la estela de la “Ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo” del pasado diciembre, que favorece al gran capital, con medidas como la condonación de intereses a los grandes evasores fiscales. Y, además, amplía las zonas francas y provee los medios para una mayor precariedad laboral. Por otra parte, un recorte de los derechos democráticos mediante la imposición del estado de excepción.

Todo esto tiene mucho de doctrina del shock, como en otros casos, al poner al pueblo ante el supuesto dilema entre la inseguridad del dominio del narco y la seguridad proveída por el Estado pero al precio de recortar libertades democráticas. No es dilema porque ambas cuestiones se sitúan en el mismo polo. Lo que persigue el gobierno no es una guerra contra el narcotráfico a cuya expansión estos gobiernos han contribuido, sino la continuación y profundización de la guerra de clase que mantiene el capital contra la clase trabajadora y los sectores populares. De modo que el otro polo consiste en la movilización de la clase trabajadora contra las medidas económicas que perjudican sus condiciones de vida y contra las medidas políticas que restringen sus derechos democráticos.

NOTAS

1. 13 de enero de 2024.
2. En www.primicias.ec/noticias/economia/daniel-noboa-empresas-alvaro-noboa/.
3. En https://coyunturauceiie.wordpress.com/2023/12/04/el-grupo-noboa-tiene-una-deuda-de-143-millones-y-dejaria-de– pagar-casi-93-millones-por-la-ley-enviada-por-el-presidente-noboa-lo-que-equivale-al-65-de-su-deuda/.
4. En https://elpais.com/america/2023-12-14/los-tentaculos-del-crimen-organizado-se-esparcen-a-todo-ecuador.html.
5. En www.primicias.ec/noticias/politica/entrevista-embajador-estados-unidos-ecuador/.
6. Dávalos, Pablo (2013); “De la demolición institucional a la doctrina del shock”, en https://rebelion.org/de-la-demolicion- institucional-a-la-doctrina-del-shock/.
7. En www.foreignassistance.gov/.
8. En https://gfintegrity.org/report/narcotics-proceeds-in-the-western-hemisphere-analysis-of-narcotics-related-illicit– financial-flows-between-the-united-states-mexico-and-colombia/: “el valor de los flujos financieros ilícitos relacionados con los narcóticos que afectan a Estados Unidos, México y Colombia oscila entre 42.300 y 121.600 millones de dólares al año. La amplia gama refleja la dificultad de proporcionar datos cuantitativos sobre la actividad financiera ilícita, que por su propia definición está oculta. La mejor estimación sería el punto medio de entre 80.000 y 90.000 millones de dólares al año en flujos financieros ilícitos relacionados con los narcóticos”.
9. Prieto-Curiel, R., Campedelli, G. M. y Hope, A. (2023); “Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico”, Science, vol 381, issue 6664, págs. 1312-1316.
10. En www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html.
11. Entrevista en www.bbc.com/mundo/articles/ckv4exk0q1no. De acuerdo con los datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), los dos millones a los que alude parecen resultar de la suma de desempleados (324.904) y subempleados (1.701.796), que efectivamente totalizan 2.026.700 (www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadisticas-laborales-empresariales/).