Editorial. Informacionobrera.org
Las movilizaciones del pueblo de Cataluña en 2017 por su derecho a decidir y las que siguieron a la violenta represión del referéndum del 1 de octubre, y al procesamiento y condena de los dirigentes republicanos catalanes han dejado un largo reguero de perseguidos, exiliados y represaliados. Se calcula que más de 1.400 ciudadanos y ciudadanas de Cataluña están procesados por esos hechos. Es la consecuencia de la respuesta del aparato judicial y policial al discurso de Felipe VI el 3 de octubre, donde el Borbón recordaba que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. Lo que todos interpretaron como un simple mensaje: ¡A por ellos!
Pretender construir un futuro de progreso, de avances sociales y de fraternidad entre los pueblos sin acabar con esa persecución es imposible. No puede haber ni solución a la cuestión catalana ni democracia sobre la base de 1.400 presos o perseguidos políticos. Por eso, la lucha por la amnistía no es una cuestión “de los catalanes”, sino que incumbe a todos los trabajadores y los pueblos de España.
Como sucedió en 1975-78.
La lucha contra el franquismo y la exigencia de amnistía
Uno de los gritos unánimes en los años que precedieron a la muerte de Franco, y posteriormente, fue la exigencia de amnistía. Todo el movimiento obrero y democrático la hizo suya, en paralelo a la exigencia de responsabilidades por los crímenes del franquismo y el juicio a los culpables de la brutal represión que duró cuarenta años.
La movilización empujaba tan fuerte que ya el gobierno Arias Navarro tuvo que conceder un indulto general en noviembre de 1975, medida que tuvo continuidad en el decreto-ley de amnistía del primer gobierno Suárez de julio de 1976, ampliada posteriormente en marzo de 1977, todas las cuales fueron respondidas con una huelga general en Euskadi y mayores movilizaciones en todos los pueblos. Sin embargo, el 15 de octubre de 1977, las Cortes recién elegidas aprobaron una ley de Amnistía que fue pactada por el Gobierno con los diputados de las organizaciones obreras y nacionalistas y pretendía responder al clamor popular.
Con limitaciones, esa ley anulaba las condenas de sindicalistas y luchadores antifranquistas. Sin embargo, en contra de la exigencia de las masas de castigo a los franquistas, absolvía a los torturadores y asesinos franquistas, a los responsables de la brutal represión que se abatió sobre todo el país a partir de 1936. Ni un solo manifestante antifranquista había pedido el perdón de los franquistas. Sin llevar ese nombre, era la ley de Punto Final, para perdonar los crímenes del franquismo, a cambio del indulto a condenados por éste, y en particular, y aunque no fuera visto así por el conjunto del movimiento obrero, a cambio de la amnistía laboral. No se revisaron ni las sentencias de los consejos de guerra ni las del infame Tribunal de Orden Público y demás tribunales especiales. Y se mantuvo a cientos de miles de represaliados enterrados en cunetas y fosas comunes.
Fueron excluidos de la amnistía, entre otros, los militares demócratas de la UMD, cuya expulsión del ejército se mantuvo, para preservar la naturaleza de éste como el “ejército del 18 de julio”.
¿Una transición “modélica”?
Naturalmente, sin esta “amnistía”, difícilmente hubiera habido los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, ni el pacto constitucional que dio lugar a la Constitución de 1978 y que supuso el mantenimiento, sin depuración alguna, del aparato judicial, militar y represivo de la dictadura. .
Constitución, por tanto, basada en el “perdón” al franquismo, en mantener la Corona, el aparato represivo-judicial, militar enteros. Recortaba derechos sindicales y negaba el derecho a decidir la República y el de autodeterminación que figuraban en los programas de TODAS las organizaciones y partidos obreros y democráticos que lucharon o se opusieron al franquismo.
La vía de la reforma del franquismo, negó la ruptura y la posibilidad de instaurar un régimen democrático que hiciera realmente tabla rasa con el pasado. La llamada “modélica transición” ha llevado a los pueblos que componen España a un callejón sin salida. Cuestión agravada por la terrible crisis económica que golpea a la mayoría de la población trabajadora al mismo tiempo que se disparan los beneficios multimillonarios de las grandes empresas de la banca, el comercio, la distribución, la energía, que aprovechan de la impunidad que les da este régimen bastardo para aumentar sus beneficios especulativos a costa de la población con la inflación. Un solo ejemplo vale: España es el primer productor mundial de aceite y los ciudadanos de este país pagan un precio que es el doble del que se paga en los países que lo importan. Ningún gobierno, por más progresista que se llame ha sido capaz o ha tenido la voluntad de “atentar” al libre comercio que permite este saqueo al pueblo.
Pero es en todos los dominios de la vida, de las relaciones sociales, de trabajo, económicas, que el entramado del régimen permite mantener o aumentar la explotación de los trabajadores y agravar la opresión contra los sectores más indefensos de la sociedad, en particular los emigrantes, la juventud o las mujeres. Esta es la realidad, y contra ella se han rebelado y lo van a continuar haciendo todos los sectores explotados y oprimidos de la sociedad: los pensionistas en defensa del sistema público, los jóvenes por su futuro, las mujeres por la igualdad.
En este panorama la persistencia de la opresión sobre los pueblos, que se intentó desviar con el tinglado autonómico, ocupa por la historia y la realidad actual un lugar central.
Por la amnistía: por todos los derechos
Desde la decisión del TC de recortar en 2010 el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes, ha surgido un masivo movimiento independentista.
La falta de solución democrática por parte de los gobiernos de la Monarquía, junto con la utilización sistemática de los jueces y de la policía, ha alimentado este movimiento. Movimiento que, por otro lado, ha mostrado sus limitaciones al buscar sus dirigentes la solución no en la lucha por la abolición de la Monarquía sino en la negociación con ella para conseguir la separación. Y en consonancia con esto, no buscando el apoyo en la clase trabajadora y los pueblos de todo el Estado sino en las podridas instituciones europeas.
A pesar de ello, ha quedado claro que hay miles y miles de ciudadanos de Cataluña que no quieren vivir bajo el régimen de la Monarquía. No son los únicos porque el sentimiento antimonárquico es común en todos los pueblos de España, y eso permite una perspectiva unitaria. Por nuestra parte, no somos independentistas pero defendemos los derechos democráticos de los pueblos, en particular el derecho de autodeterminación, porque la fraternidad entre ellos por la que siempre ha luchado el movimiento obrero, solo es posible sobre la base de la libertad.
El resultado electoral del 23J ha demostrado de nuevo que hay una mayoría contra el franquismo y su representación política, y que esta mayoría –a pesar de los vaivenes y las renuncias del Gobierno de coalición que han tenido un efecto desmovilizador-– está compuesta de los trabajadores que votan a los partidos que se dicen de izquierda y a los partidos que dicen defender la soberanía de los pueblos catalán, vasco, gallego.
Esta mayoría para consolidarse necesita de medidas, de decisiones que correspondan a sus exigencias. El desarrollo de la situación política ha llevado a ligar la suerte de la próxima investidura al acuerdo entre los actuales socios de gobierno y los partidos nacionalista e independentistas. No somos indiferentes -como no lo es la clase trabajadora- al tipo de gobierno que se pueda constituir, pero independientemente de ello, y más allá de las salidas “provisionales” que puedan encontrarse, no habrá solución definitiva a la cuestión catalana o vasca, si no se acomete de manera decidida el problema nacional no resuelto desde la transición, y agravado en cierta medida por el Estado de las Autonomías. Tienen razón los que dicen que el gobierno actual -en funciones- tiene una oportunidad de oro para resolver la cuestión. Pero para ello, hay que romper ataduras con el aparato franquista que presiona sin descanso. Y aunar a todos los que luchan por los derechos democráticos.
Evidentemente esto no resuelve todos los problemas, en particular el necesario aumento de los salarios, de las pensiones y contención de los precios como plantea el presidente de Asturias, ni cierra la “cuestión catalana”, pero hoy es el punto de partida para todo lo demás, incluyendo el desarrollo del derecho a decidir.
Es la condición para ayudar a restablecer la fraternidad entre los pueblos.
La Monarquía y sus portavoces se alzan contra la demanda de amnistía que desautorizará toda la represión –y al propio rey que la animó- y azuzan al enfrentamiento de unos pueblos contra otros. Feijoo, Aznar y sus agentes pretendidamente socialistas (González, Guerra…) llaman a una nueva cruzada contra el pueblo catalán.
El pueblo catalán quiere democracia y libertad, trabajo y derechos para todos para avanzar en un régimen de fraternidad en los diferentes pueblos.
Para nosotros esto significa ACABAR CON LA MONARQUÍA, instaurar la República del pueblo, de los pueblos. Una Unión Libre de Repúblicas soberanas .
Y hoy, de inmediato exige la amnistía. Su promulgación significaría un soplo de aire fresco para todos los trabajadores de España y de todos los pueblos, un punto de apoyo para luchar y conseguir todas las reivindicaciones y derechos negado por el régimen monárquico y los gobiernos que se someten a él. Y en particular contra su política de guerra impuesta por Biden.
Lo que está en juego no es solo la investidura de un gobierno, sino un horizonte de democracia y derechos para los trabajadores y los pueblos de España.
