Los dos principales sindicatos italianos, la Confederación General Italiana del Trabajo (Cgil) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) han confirmado la convocatoria de una huelga general el 17 de noviembre contra el gobierno y los presupuestos para 2024 de Giorgia Meloni.
Esta convocatoria se produce pese al aviso de la “Comisión de Garantías para Huelgas” cuyos miembros son designados por la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado. En este caso, la Comisión estima que “no se dan los requisitos” para la huelga general el viernes 17 y pidió sacar algunos sectores y cambiarla.
Esta convocatoria también ha sido duramente criticada por el actual vicepresidente y ministro de infraestructuras, el ultraderechista Matteo Salvini, que calificó de “caprichoso” al secretario del mayor sindicato, CGIL, Maurizio Landini, por organizarla un viernes: “El 17 de noviembre los transportes no podrán detenerse durante 24 horas para perjudicar a millones de italianos y garantizar un fin de semana largo a la CGIL. El derecho a la huelga es sacrosanto pero hasta un sindicato rojo debe respetar las reglas”, dijo Salvini.
Landini, por su parte, denunció que por parte del Ejecutivo hay “un ataque al derecho a la huelga de forma arrogante, puesto que ni el gobierno ni los ministros pueden ser quienes convoquen o desconvoquen a voluntad una práctica que está garantizada por la Constitución.
Por lo que a nosotros respecta, la huelga está confirmada para todos los trabajadores y para todos los sectores en la forma que hemos decidido. En lo relativo al sector del transporte, ahora tendremos que ver concretamente cuáles son las medidas y evaluar esencialmente qué hacer, sin querer poner a los trabajadores en dificultades. Porque debe quedar claro – añadió – que cuando se alcanza un plazo de prescripción, cualquier sanción no concierne sólo a los sindicatos sino que también puede afectar al trabajador individual.
En la historia de nuestro país nunca ha ocurrido que, ante la proclamación de una huelga general por parte de las confederaciones sobre políticas gubernamentales, se llegue a un acto de limitación del derecho de huelga. Lo que ahora plantea el Gobierno es pues muy serio.
Decir que no se trata de una huelga general determina, para algunos sectores, en particular el transporte, la posibilidad de reducirla, de modificarla y ha abierto el camino a la intervención de medidas cautelares. Lo que ha habido en la nueva Comisión de Garantías es una lógica complaciente y subordinada al Gobierno. Esta es la primera huelga general que convocamos este año como confederación. En los últimos meses ha habido otros sindicatos menos representativos, que han convocado huelgas en el sector del transporte y nadie ha dicho nada, ni la Comisión de Garantía ni el Gobierno. Dicen cosas ahora, casualmente, ante nuestra convocatoria porque ésta va directamente en contra de las políticas económicas y salariales que están haciendo.
