DECLARACIÓN CONJUNTA
Mediante este texto diferentes organizaciones y sindicatos que trabajamos el ámbito de la vivienda queremos dar a conocer nuestro posicionamiento sobre la propuesta de Ley de Vivienda que se aprueba hoy en el congreso de los diputados. Desde el Gobierno español y los partidos que lo apoyan se está haciendo un esfuerzo propagandístico importante por hacernos creer que esta ley supondrá un avance sustancial para garantizar el acceso a la vivienda. Sin embargo, somos conscientes de que esto dista mucho de la realidad.
Es innegable que la ley contiene pequeños cambios positivos, sobre todo vinculados a elementos muy concretos dentro del problema estructural que es el acceso a la vivienda para gran parte de la clase trabajadora. Por un lado, obliga a pagar los honorarios a los propietarios en vez de a los inquilinos; por otro, prohíbe los desahucios con fecha abierta.
No obstante, esta ley, consolida y por lo tanto legitima algunas de las tendencias que más repercuten a la gran mayoría de los inquilinos:
- No reduce el precio del alquiler, ni siquiera en las denominadas “zonas tensionadas”: Fija por ley las subidas de los alquileres. En un contexto de encarecimiento de la vida y de bajada de los salarios esto significa que cada vez vamos a tener que destinar proporcionalmente más ingresos para obtener una vivienda.
- No suspende ningún desahucio: Lo único que hace es retrasar en el tiempo los desahucios cuando se trata de los denominados
- grandes propietarios. No ofrece ningún mecanismo concreto para la paralización de los desahucios.
No sólo no mejorará sustancialmente la situación de la clase trabajadora respecto a la vivienda, sino que esta ley, junto a muchas otras medidas, garantiza y aumenta el beneficio de los capitalistas: permite la subida de los precios, prevé indemnizaciones para los pequeños rentistas, no toca el sector de la vivienda turística y según parece, el Gobierno incentivará el sector de la construcción residencial con la excusa de que hacen falta nuevas viviendas más asequibles.
De este modo, la función pública consiste en gestionar el problema de la vivienda no sólo de forma que no afecte los intereses de los rentistas, sino de forma que algunos puedan aumentar sus beneficios.
Se trata de una ley vacía que delega gran parte de su aplicación en las Comunidades Autónomas y que no incluye medidas para garantizar su cumplimiento. Precisamente en esa ambigüedad es donde encuentra sentido el texto: como elemento propagandístico en la campaña electoral de la algunos partidos.
Están consiguiendo grandes titulares con medidas que no van a mejorar sustancialmente la vida de la clase trabajadora. Los alquileres seguirán subiendo, seguirán segregando las ciudades en clases sociales y los capitalistas seguirán acumulando dinero con la vivienda.
Para garantizar el acceso a una vivienda de calidad es necesario continuar expandiendo la organización independiente de todos los partidos políticos institucionales, que utilizan la problemática de la vivienda para movilizar el electorado.
Poner las bases para superar este sistema que perpetua la vivienda como un problema y no como un medio para desarrollar nuestra vida.
27 de abril de 2023.
FIRMANTES:
- Sindicato de Vivienda de Carabanchel
- Sindicato de vivienda de Valladolid
- Sindicat d’Habitatge de Valéncia
- Sindicat Habitatge Raval
- Oficina de Okupación de Granada
- Sindicat d’Habitatge de I’EixampIe Dret
- Sindicat Habitatge Tarragona
- Sindicat Habitatge de Palma
- Euskal Herriko Kontseilu Sozialistetako Etxebizitza
- Sindikatuak (Bilbo, Iruñea, Gasteiz, Donostia, Goierri, Tolosaldea, Oarsoaldea, Buruntzaldea, Deba Bailara)
- Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme
- Sindicat d’Habitatge del Casc Antic
- Sindicat d’Habitatge Viladecans- Sant Climent
- Sindicato de Inquilinas de Tenerife
- Sindicato de Barrio de Moratalaz
- Sindicato del Barrio de Hortaleza
- Sindicat d’Habitatge de Gràcia
