El salario mínimo en Venezuela ha sufrido una caída histórica anual. Esto significa que el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos se ha reducido a la mitad en solo doce meses, lo que agrava la crisis humanitaria que vive el país. La hiperinflación, la escasez de bienes y servicios, las sanciones internacionales y la pandemia de covid-19 son algunos de los factores que han contribuido a esta situación, sin olvidar las políticas neoliberales del gobierno Maduro.
Pedro Eusse. Secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV )
Venezuela: el año de la destrucción del salario mínimo
El año 2023 quedará en la memoria como el año en que el Gobierno de Nicolás Maduro terminó de destruir el salario mínimo con la figura ilegal del «ingreso mínimo mensual». Y es que con la bonificación del 93% de la remuneración mínima, junto al desmontaje de los contratos colectivos, nuestra clase trabajadora ha sido hundida en una miseria sin precedentes.
Nunca, como este año que culmina, las y los trabajadores y sus familias habían sido sometidos a condiciones más precarias de existencia. Con una inflación anualizada —para el pasado mes de noviembre— de 359%, duplicando la de noviembre del año pasado (cifras del Banco Central de Veneuela), el salario mínimo nacional llega a 18 meses congelado en 130 Bs —ya por debajo de cuatro dólares al mes—; convirtiendo a la fuerza de trabajo venezolana en la más devaluada del planeta.
Durante estos casi 365 días, el Gobierno Nacional consolidó la política de desregulación laboral iniciada de forma sistemática en octubre de 2018, llevando a la mayoría de las y los trabajadores y sus familias a sobrevivir con bonos y bolsas de comida; mecanismos de control estatal sobre el pueblo trabajador que tienen como propósito impedir eventuales protestas obreras y populares ante la catástrofe social a la que el propio Gobierno nos ha llevado con sus políticas neoliberales, que descargan todo el peso de la crisis estructural y de las medidas coercitivas imperialistas, sobre los hombros de la clase trabajadora.
Sin una política salarial que cumpla con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y las definiciones del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), con graves violaciones a la libertad sindical y sin posibilidad de ejercer el derecho a huelga, con criminales violaciones a las normativas de salud y seguridad en el trabajo que ocasionan cada vez más accidentes de trabajo mortales, la clase trabajadora es sometida a indignantes condiciones de precarización, cuasi mendicidad y niveles de sobreexplotación sin precedentes.
Para remachar tal situación, el Poder Ejecutivo, a través de la Asamblea Nacional, impuso en la Ley de Presupuesto Nacional de 2024 prioridades que no tienen nada que ver con el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo trabajador. Todo lo contrario, se acentúan los privilegios al capital y se aseguran recursos a manos llenas para la demagogia y la manipulación electorera. Una vez más, la burguesía parasitaria será la gran beneficiaria en la profunda distribución desigual de la renta nacional. No hay previsiones presupuestarias para establecer salarios y pensiones dignas, sino para continuar otorgando bonos, obviamente sin incidencias en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, aguinaldos y otras indemnizaciones legales y contractuales.
Agudización de la lucha de clases
Este año comenzó con las masivas protestas de los docentes y demás trabajadores de la educación primaria y básica —que se prolongaron por meses, exigiendo sin éxito la firma del contrato colectivo magisterial— y está concluyendo con algunas protestas laborales dispersas para exigir a la patronal pública el pago completo de los bonos de fin de año.
El descontento es generalizado y se expresará tempranamente en 2024 con protestas laborales, ante el grave deterioro en las condiciones materiales de subsistencia de quienes dependen de un salario o de una pensión. Aunque en realidad, en Venezuela nadie vive de un salario o de una pensión, la mayoría se ve obligado a realizar numerosos empleos formales e informales para subsistir, deteriorando la salud, restando tiempo a la atención de la familia y al cumplimiento de actividades sociales, culturales, formativas y organizativas que permitan fortalecer la participación masiva en la lucha por cambiar la realidad que nos oprime. No obstante, la lucha de clases se abre paso de un modo u otro.
Otra tendencia presente, es el creciente autoritarismo y unilateralismo del Gobierno, expresados en la criminalización de las luchas obreras, los despidos abiertos y simulados, con aceptación oficial —especialmente contra dirigentes sindicales no patronales y delegados de prevención luchadores—, la coerción patronal y gubernamental para someter la voluntad individual y colectiva de las y los trabajadores; y la utilización del poder judicial para legitimar decisiones políticas abusivas y antidemocráticas.
En ese contexto, en el nuevo año estamos obligados a ampliar la lucha unitaria de la clase trabajadora y de todo el pueblo, colocando de lado todo aquello que desune y desarticula a las organizaciones sindicales y gremiales, así como a las asociaciones de jubilados y pensionados. Siendo un año electoral —a menos que se conspire desde el poder contra ese mandato constitucional—, se afianzará la pretensión de los factores políticos de la burguesía —del Gobierno y de la oposición de derecha— de manipular y utilizar a su favor al pueblo trabajador, así como a sus organizaciones. Es por ello que, ahora más que nunca, será indispensable fortalecer la independencia y autonomía de las fuerzas laborales y populares que luchan en unidad de acción por el restablecimiento de nuestros derechos humanos, sociales y laborales y por la derrota de las políticas que sirven sólo al capital y que envilecen a la clase trabajadora y al pueblo en general.
