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La designación del rey: los franquistas deben formar Gobierno
El rey, utilizando los poderes que le otorga la Constitución del 78 -su artículo 99 en este caso- ha designado, contra la voluntad expresada en las urnas el 23J, a Núñez Feijóo para que intente ser investido presidente del Gobierno. Daba así un mensaje claro: las instituciones heredadas del franquismo, con la Corona a la cabeza, quieren impedir por todos los medios un gobierno que tome medidas, por limitadas que sean, que supongan un alivio para la opresión que sufren los pueblos de España o para explotación de los trabajadores. El editorial del ABC del 24 de agosto lo expresaba así: «una amnistía [a los dirigentes nacionalistas implicados en el referéndum del 1-O] significaría la deslegitimación formal del régimen constitucional de 1978». Fácil establecer la relación con el discurso de Felipe VI del «a por ellos», realizado el 3 de octubre del 2017.
En un comunicado de la Casa Real, el rey dice seguir «la costumbre» que acaban de inventar para este caso de designar al «candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños» para designar a Feijóo. En lugar de designar al que tenga más compromisos de voto de diputados. Los líderes políticos, empezando por el mismo Pedro Sánchez, declaran su «respeto absoluto a las decisiones del rey» y Francina Armengol, presidenta de la Cámara de los Diputados, ha fijado el debate de investidura el 26 de septiembre, regalando arbitrariamente a Núñez Feijóo el tiempo que necesita para tratar de ganar los apoyos que no tiene; otros se felicitan por lo que califican de un acto de «normalidad y responsabilidad institucional» e incluso hay quienes critican la rapidez de la decisión real o afirman que Felipe VI se ha excedido en sus funciones. Pero no estamos en un régimen parlamentario, el parlamento no tiene la soberanía, el poder (por así decirlo) de proponer al presidente del Gobierno: es el rey quien ejerciendo los poderes que le da la Constitución decide quién es candidato a presidente del Gobierno. La Monarquía muestra así su verdadero rostro. En realidad, de lo que se trata es de la incompatibilidad entre democracia y franquismo-Monarquía.
El rey ha dado un apoyo y un tiempo preciosos a Feijóo para maniobrar, para intentar comprar el voto favorable o la abstención del PNV, de los diputados de Junts o de algún «socialista» con la posible ayuda de algún comisario europeo o de algún exiliado que preferiría un gobierno del PP a uno del PSOE y Sumar, con apoyo de los grupos nacionalistas. Incluso, ¿por qué no?, un gobierno del PP con el apoyo o la participación del PSOE en nombre de su responsabilidad y de su vocación de «partido de Estado». Esto parece poco probable; aunque todo nos parezca posible. En contradicción con lo anterior, el PSOE y Sumar han permitido formar grupo parlamentario a Junts y a ERC. Todo va a depender a cierto plazo de la respuesta que den los trabajadores y los pueblos de España, con sus organizaciones, a las exigencias de las instituciones franquistas, incompatibles con el ejercicio de las libertades democráticas.
El rey es «inviolable» e «irresponsable», tanto de sus actos políticos como de los privados, (artículo 56) y Jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 62). Con los privilegios que la Constitución del 78 le otorga, el rey es la clave de bóveda del Estado, y ha decidido dar un golpe de mano al apostar por un gobierno de los franquistas contra la voluntad de la mayoría, según lo expresado en las elecciones del 23J. Salvando las distancias, al igual que hiciera su bisabuelo Alfonso XIII en 1923, otro ejemplo de la corrupción de los Borbones y del Estado Monárquico, al avalar la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que provocó como respuesta la proclamación de la II República 8 años después, Felipe VI se decanta abiertamente por la reacción franquista (PP y Vox), aun sabiendo que no tienen los votos suficientes para formar Gobierno.
¿Adónde puede abocar el fracaso de los franquistas en su empeño por formar Gobierno contra las aspiraciones de la mayoría? Lo que es seguro es que las instituciones heredadas del franquismo, la Corona a la cabeza, con los partidos franquistas tratarán de impedir por todos los medios un Gobierno que proclame la amnistía de los presos políticos catalanes, que inscriba en su programa la satisfacción de la aspiración a la libertad y a la soberanía de los pueblos de España. En este sentido cabe interpretar la actuación de la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo al rechazar, en contra del criterio de la Fiscalía, la petición del PSOE de revisar los más de 30.000 votos nulos obtenidos en Madrid en los pasados comicios del 23J. No, la crisis política e institucional no se cierra, da pasos adelante cada vez más atropellados, menos controlados. Todo indica que se prepara un choque, que vamos al enfrentamiento.
Estas próximas semanas son cruciales. Las instituciones franquistas, instigadas por el rey y por medio del PP, harán todo lo posible por conseguir una mayoría que les permita gobernar, con el beneplácito del Parlamento. Aunque son conscientes de que para conseguir o intentar aplicar las medidas que les exige el capital financiero -o sea un plan de austeridad- necesitan el acuerdo de la dirección del PSOE, que es el que puede intentar hacer que los sindicatos lo acepten.
Nada de esto es seguro, por tanto, se abre un periodo, que puede ser largo, de incertidumbre, un compás de espera político en el que ni siquiera unas nuevas elecciones el 14 de enero pueden suponer una salida para los intereses del capital y de las instituciones heredadas del franquismo, que consideran que toda medida democrática sería atentar a su propia existencia (como bien recuerda el editorial del ABC citado más arriba).
El interés de los trabajadores y los pueblos
Sin duda alguna hay que aprovechar esta situación de incertidumbre para plantear de forma decidida las reivindicaciones pendientes. Es la hora de la ruptura con la Monarquía, de la lucha por la República, una República que dé satisfacción a las reivindicaciones y aspiraciones de trabajadores y pueblos. Frente a la Monarquía y sus maniobras, la situación de la clase obrera y de los pueblos empeora, se torna cada día más insoportable. Sus reivindicaciones son claras:
- Alto a la guerra militar y social. Gastos militares para escuelas y hospitales.
- Un verdadero trabajo y un verdadero salario. Derogación de los aspectos no derogados de las reformas laborales.
- Defensa del sistema público de pensiones: auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, subida de pensione y de salarios igual a la del IPC.
- Alto a la privatización de la sanidad y la educación públicas.
- Amnistía de los presos políticos catalanes, derecho de autodeterminación de los pueblos.
- Alto a la vida cara: congelación de precios, recorte de alquileres, expropiación de los beneficios de bancos y multinacionales de la energía.
- Se acabó. Igualdad de géneros en todos los ámbitos de la vida pública.
Es urgente organizar la más amplia unidad de trabajadores y organizaciones en la movilización para la defensa de las reivindicaciones. Nadie que se reclame de los derechos de los trabajadores y de los pueblos puede rehuir esta responsabilidad. Los dirigentes que, por acción u omisión (o por respeto a las instituciones heredadas del franquismo), la eludan o traten de impedirla, no representan a la mayoría social.
De inmediato, en las próximas semanas, se trata de relanzar la campaña contra la guerra y en particular contra los gastos militares (cuando se anuncia una prórroga del presupuesto).
Se trata de preparar a todos los niveles la marcha que las plataformas de pensionistas preparan para el 28 de octubre.
Y al mismo tiempo que los partidos independentistas plantean la necesaria amnistía, plantear la necesidad de acabar con toda la persecución judicial, al amparo de la ley mordaza, contra sindicalistas y trabajadores. Así, a mediados de septiembre tiene lugar el juicio contra los trabajadores de TUBACEX.
La incompatibilidad entre franquismo y democracia vuelve a aparecer, como se planteó después de la muerte de Franco. Por ello hoy, y ligado al conjunto de reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos, la lucha por la REPÚBLICA es la vía para aunar fuerzas contra el régimen monárquico y los intereses del gran capital.
